Foto: KIKE TABERNEREl sindicato alerta de que dos conselleries y un organismo público han retirado cuatro programas ya elaborados
VALÈNCIA (EP). La Federación de Serveis Públics de UGT-PV ha denunciado el "retroceso" que está sufriendo el teletrabajo en la Administración de la Generalitat "como consecuencia del cambio de Gobierno y de la alta discrecionalidad a la hora de aplicar la normativa y aprobar los diferentes programas de teletrabajo" mientras que CSIF ha reclamado negociar un nuevo decreto que acabe con la "arbitrariedad y rigidez" del actual.
El sindicato, que no descarta movilizaciones después de las Navidades, considera que la "retirada" por parte de dos conselleries de cuatro programas de teletrabajo que estaban "a punto de ser aprobados", así como la "negativa" de otros departamentos a impulsar está modalidad de trabajo a distancia "impide al personal empleado público ejercitar su derecho a teletrabajar, al tiempo que genera situaciones de discriminación entre la plantilla".
Por otro lado, UGT PV asegura que los "retrocesos" en el teletrabajo "suponen también socavar la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías que son la base de las sociedades avanzadas de la Unión Europea".
"Esta situación insostenible de agravio comparativo quedó patente en la última reunión de la Comisión de Control del Teletrabajo en la Generalitat celebrada hace unos días con el equipo de gobierno de Función Pública", critica el sindicato.
UGT PV añade que este departamento informó a los sindicatos de la existencia de cuatro propuestas de programas de teletrabajo que, tras los cambios en las elecciones autonómicas, "las nuevas personas responsables de las subsecretarías u organismos habían solicitaron dejar sin efecto".
Se trata de programas que ya se habían elaborado, pero que fueron retirado. En concreto, fueron retirados los programas del del IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias), un segundo programa de teletrabajo en la Conselleria de Economía, y sendas propuestas de la Dirección Generall de Modelo Económico y la Dirección General de Tributos y Juego (Conselleria de Hacienda).
En esa misma, reunión, sin embargo, se informó que actualmente hay 2.906 puestos de trabajo con teletrabajo en la administración y se dio cuenta de tres nuevos programas (Invassat, Labora y Agencia de Protección del Territorio) que afecta a 286 puestos. En principio, una vez estos programas sean publicados en DOGV,el personal de dichos organismos podrá solicitar participar.
UGT PV ha valorado que estos organismos hayan mantenido sus propuestas y ha insistido en que, en términos generales, "no hay avances reales ya que esta modalidad de trabajo no puede depender de la voluntad de la persona que ocupa el puesto político en ese momento".
La Federación de Serveis Públics de UGT reiteró en esta reunión la necesidad de que el Consell modifique el Decreto 49/2021 ya que, como advirtió en su momento, "no es útil para una implantación real y efectiva del teletrabajo".
"No es flexible ya que impide que se vayan incluyendo nuevos puestos susceptibles de teletrabajar durante la vigencia de un programa o en la prórroga de este. Además, no configura el teletrabajo como un derecho, sino que establece un sistema totalmente arbitrario ya que el que haya o no programas depende de la voluntad de la conselleria de turno", ha expuesto.
Por otro lado, UGT PV ha advertido de que con los "numerosos movimientos" que se derivarán de las OPE en marcha, "de los 2.906 puestos de teletrabajo, más de la mitad dejarán de hacerlo con las futuras tomas de posesión".
Por su parte, CSIF ha planteado a la Generalitat "negociar un nuevo decreto de teletrabajo que mejore sustancialmente el actual" porque considera que el vigente se caracteriza por su "arbitrariedad y rigidez". Además, ha criticado que la reestructuración de consellerias "va a dilatar más su ya escasa aplicación".
La central sindical ha destacado que la "reducida extensión" de este decreto, una vez transcurridos dos años y nueve meses, demuestra sus "fallos de origen". El sindicato recuerda que ya destacó desde su aprobación, "sin el consenso necesario, que no iba a cumplir los objetivos de ser un derecho del empleado público, mejorar la conciliación, agilizar la atención o suponer un ahorro energético", entre otros.
CSIF, además, ha lamentado su "arbitrariedad", ya que "deja en manos de cada subsecretaría la elaboración y solicitud de los programas para que luego los supervise y apruebe Función Pública". Esta circunstancia "ha provocado que únicamente haya 2.906 personas en programas de teletrabajo en la Administración autonómica en la actualidad".
El sindicato explica que, tal y como se informó en la última reunión de la Comisión del Seguimiento del Teletrabajo, con las reestructuraciones de consellerias al cambiar los partidos en el gobierno "se pedirá programas nuevos en lugar de prorrogar los anteriores". Esto provocará que cada subsecretaría "tenga que decidir si apuesta o no por el teletrabajo".
CSIF considera que la "escasa aplicación" de esta modalidad laboral y la "arbitrariedad, lentitud y rigidez" para trasladarla a la práctica, demuestran que el decreto de 2021 ha resultado "del todo ineficaz". En este contexto la central sindical defiende iniciar la negociación de uno nuevo.
