Foto: CVMCVALÈNCIA. El comité de empresa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) advirtió hace ya un año que no estaba de acuerdo con el diseño de la OPE extraordinaria que había diseñado À Punt para estabilizar a parte de la plantilla. Las plazas eran, a su juicio, insuficientes. Unas protestas que no se quedaron en unas meras declaraciones, sino que han acabado en la judicialización del proceso.
En concreto, el sindicato UGT ha decidido llevar a los tribunales esta Oferta Pública de Empleo extraordinaria cuyo objetivo principal es tratar de reducir la temporalidad en la cadena. Una metodología a la que están recurriendo las administraciones, donde la tasa de interinos es especialmente elevada: en la Generalitat roza el 40% y en el Ayuntamiento de València, por ejemplo, la cifra de temporales es de más de 1.200 trabajadores en una plantilla de cerca de 5.000 personas.
Con estos mimbres, el Consell anunció en mayo del año pasado que pondría en marcha una OPE extraordinaria para aliviar la situación en el sector público y la Administración. En base a esta y a las instrucciones del Ministerio para diseñar esta Oferta Pública de Empleo, la dirección de À Punt contempló un total de 6 plazas para estabilizar -si bien en un principio la cifra era menor, 2- .
La cifra, aunque aumentaba los puestos inicialmente previstos para consolidar y sacar a concurso-oposición, era "totalmente insuficiente" para el comité de empresa. Los sindicatos explicaban que se estabilizaran todos los puestos que se crearon antes del 1 de enero de 2018, que según según los cálculos hechos con fechas exactas de incorporaciones correspondería a un total de 46 plazas.
La radiotelevisión pública, huelga recordar, tiene a la práctica totalidad de la plantilla seleccionada a través de bolsas de trabajo desde sus inicios -hace ya cinco años y dos meses que comenzó las emisiones-. Sin embargo, la petición de los sindicatos remitida a la dirección de la cadena fue rechazada.
La empresa, según explican fuentes consultadas por este diario, se amparaba en un informe remitido por la Dirección General de Sector Público que exponía que no estaban obligados a incluir en esa OPE todas las plazas creadas antes del 1 de enero de 2018 si algunas de estas ya habían sido contempladas en otros procesos selectivo, en otras OPE previas. Una circunstancia que cumplían cerca de 40 puestos, según explican.
Además, añaden, la condición básica para que fueran susceptibles de estabilización es que las plazas —a pesar de haber ocupadas por personas diferentes— se hubieran creado antes de 2018 y siguieran siendo temporales a 31 de diciembre de 2021.
La diferencia de criterios entre la dirección de la cadena -a instancias de Sector Público- y el comité de empresa fue insalvable. Por lo que sindicatos como UGT decidieron seguir adelante y recurrir mediante un contencioso-administrativo la decisión de À Punt. Un proceso en el que ahora el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de València emplaza a las personas interesadas a personarse en un plazo de nueve días.
En su día, el comité de empresa pidió a la radiotelevisión que aprovechase la legislación de la OPE extraordinaria para estabilizar a la plantilla de manera más rápida y fácil que a través de las oposiciones regulares. Además, en este proceso los méritos y la experiencia en el puesto daban más ventaja a la persona que estuviera ocupando el mismo.
Así, el comité de empresa pidió además que À Punt ignorase el informe de la Abogacía de la Generalitat estableciendo los criterios para aprovechar al máximo la convocatoria, alegando que era orientativo y puso como ejemplo el impacto de esta OPE impulsada por el Gobierno central en otros organismos como RTVE.
Por su parte, tanto À Punt como la Generalitat consideraron que se debían ceñir a lo que decía el informe y las instrucciones del Ministerio y no se mostraron dispuestos a ampliar la convocatoria más allá de las plazas que cumplían estrictamente los requisitos de la orden.
