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Un abogado se querella contra Puig, Ribó y Calero por autorizar el 8M y las mascletaes

27/03/2020 - 

VALÈNCIA. Mariano Lorente, letrado valenciano, ha presentado una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) contra el presidente de la Generalitat Ximo Puig, el alcalde de València Joan Ribó, el concejal de Fiestas Carlos Galiana, la delegada del Gobierno Gloria Calero y el subdelegado del Gobierno José Roberto González por los delitos de prevaricación, lesiones imprudentes y un delito de homicidio por autorizar la manifestación del 8 de marzo, así como por autorizar las mascletaes y diversos actos falleros en València.

Dice la querella, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, que el objeto de la presente es poner en conocimiento de la Sala los hechos notorios que se desarrollaron desde la llegada del Covid-19 a nuestro país y, especialmente, los ocurridos, a juicio del compareciente, en el momento más crítico en cuanto a la posibilidad de propagación y contagio, por considerar que podrían tener encaje en diferentes figuras delictivas penadas por nuestro Ordenamiento Jurídico.

Con respecto a porqué se ha presentado la querella en el TSJCV y no en la Ciudad de la Justicia, explica el letrado que ha tenido en cuenta el reciente Auto de fecha 23 de marzo de 2.020 dictado por el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, que descarta su competencia para conocer de las posibles responsabilidades de los órganos de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas.

Y sobre ello dice que “esta parte considera que compete al Tribunal al que tenemos el honor de dirigirnos, el conocimiento de los hechos en lo que a nuestra comunidad en concreto se refiere, dada la condición de aforado de uno de los denunciados”.

Querella

En la querella, el abogado hace una recopilación temporal de cómo afectó el coronavirus desde el primer caso que se tuvo conocimiento. Y a ese croquis temporal, añade que “los datos expuestos no eran desconocidos para nuestros representantes políticos, ni tampoco la extrema gravedad de la situación y el futuro que se avecinaba”. Y que “un claro precedente de la rápida propagación de esta enfermedad había sido marcado inicialmente por China y, más recientemente y siendo un país mucho más cercano, por Italia”.

Y añade: “Aún con todo y por si ello no fuera suficiente, mundialmente se estaban llevando a cabo serias advertencias sobre la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas tempranas para frenar la propagación de la pandemia, con objeto de evitar los catastróficos resultados que se producirían si la situación se llegaba a colapsar”. Es especialmente reseñable en este sentido, a su juicio, la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el Covid-19, que realizó un estudio al efecto, informando de los riesgos actuales y futuros y de las posibles medidas de actuación.

Entre todas las medidas, el letrado destaca una, “la recomendación era clara y no daba lugar a dudas: en los inicios de la enfermedad es fundamental, entre otras cuestiones, evitar el contacto interpersonal para mitigar su pronta propagación y el colapso de los centros sanitarios”. Además, Lorente le recuerda al tribunal que 2.500 personas volvieron de Italia de ver un partido de fútbol “sin ningún tipo de medida de control”.

Actos

Una vez analizados los antecedentes, expone Mariano Lorente que: “Según la evolución de los casos y las recomendaciones emitidas, considera esta parte que fue crucial para el desarrollo de la enfermedad la celebración de los actos multitudinarios que tuvieron lugar a principios del mes de marzo, por motivo tanto del día internacional de la mujer, como de los festejos falleros”.

Dice que, a pesar del estado en que se encontraba València, a pesar de las advertencias internacionales y europeas, y a pesar del precedente de China e Italia, “ninguno de nuestros responsables políticos, en el ámbito de sus respectivas competencias, canceló ni uno solo de los actos previstos ni adoptó medida alguna que evitara las aglomeraciones que, evidentemente, suponían un foco masivo de contagio”.

Y apostilla que, “el evidente riesgo que suponía la celebración de los actos que tuvieron lugar, principalmente el día 8 de marzo, se puso de manifiesto apenas dos días después, llegando incluso a suspenderse todos los restantes actos falleros”.

Competencias

Sobre los actos, dice el querellante que las competencias para proceder a la suspensión íntegra de las Fallas y con ello, de todos y cada uno de los eventos que se producen en consecuencia, corresponde a la Generalitat Valenciana en la persona de su presidente, Ximo Puig. 

Aunque matiza a este respecto que la suspensión de los actos concretos no es ajena, ni a la Delegación de Gobierno, ni al ayuntamiento, que igualmente tienen competencia para proceder a ella si las circunstancias lo aconsejan.

Y de los actos del 8M expone que los mismos fueron promovidos, promocionados y preparados por el propio Ayuntamiento de València a través de varias de sus concejalías, y celebrados en locales municipales donde se produce una gran concurrencia de personas, y donde “era imposible mantener la distancia mínima de seguridad”. Pero añade que lo que fue la manifestación multitudinaria, fue aprobada por la delegada del Gobierno, motivo por el cual también dirige la querella contra ella y contra el subdelegado.

Afirma que los responsables políticos, no suspendieron ni la manifestación ni los actos celebrados entre el día 6 al 8 de Marzo, “cuando se conocía que en ellos iba a concurrir una multitud de asistentes, sin que pudiera mediar entre ellos las pautas de protección recomendadas para evitar el contagio por coronavirus”.

Por su parte, añade que “tampoco se procuró ninguna medida de protección ni advertencia acerca del riesgo de posible contagio que la asistencia a dichos actos suponía. En caso contrario, es decir, con un conocimiento informado y verídico de los hechos, muchos de los asistentes habrían optado por no acudir”.

Y por todo lo anterior afirma que, cuanto menos debe procederse a investigar lo sucedido en torno a los actos mencionados, “que ha desencadenado en la enfermedad de muchos ciudadanos valencianos, y en la muerte de otros tantos”.

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