VALENCIA. Se cumple un año de la mayor operación contra la corrupción de la historia de la Comunitat Valenciana. El día 26 de enero de 2016, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) irrumpían junto con el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce en el Ayuntamiento de Valencia. Aquel registro fue el principio del fin de una época. Aquel registro supuso la caída de todo el grupo municipal del PP de Valencia. Aquel registro supuso la debacle política de la todopoderosa Rita Barberá.
En esta causa, conocida como Operación Taula, destacó mediática y políticamente la pieza A o pieza del pitufeo. En ella se investiga si todo el grupo del PP del Consistorio salvo cuatro personas blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de 2015 y cometió un delito electoral.
La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los pitufos fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de la Ciudad de Valencia. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, un año después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras los concejales y asesores investigados siguen en el Ayuntamiento cobrando un sueldo público.
Cada uno de los nueve concejales imputados ha ganado 66.495 euros brutos en ese año, y cada asesor, 57.425 euros brutos. Son nueve concejales –todos los del grupo excepto Eusebio Monzó– y diez asesores, lo que supone que entre los 19 investigados que todavía cobran sueldos públicos se han embolsado 1.172.695 euros brutos. Todos los imputados siguen aferrados a sus cargos y, según han dejado claro, no piensan dimitir hasta que se les abra juicio oral.
Ese día 26 de enero, cuando la UCO entró en el consistorio nadie entendía nada. Aquella mañana, la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, había sido detenida. Los agentes entraron en el grupo y comenzaron a meter en cajas cientos de papeles. Entre ellos, las ya famosas libretas contables de la cajera. García-Fuster es de la vieja escuela y tenía anotadas todas las entradas y salidas de dinero del grupo, un hecho que, sin ella pretenderlo, ha sido clave para la investigación.
Pero todo había comenzado diez meses antes, en marzo de 2015. Según los investigadores, desde el PP municipal se pidió que todos los miembros del grupo aportaran 1.000 euros para la campaña, mil euros que supuestamente después les eran reembolsados en dos billetes de 500. Esta mecánica de blanqueo, la más burda de todas las existentes, es la que se conoce como pitufeo.
El problema para los populares surgió cuando cuatro asesores, dos de Barberá y dos del vicealcalde Alfonso Grau, se negaron a blanquear dinero. Estas cuatro personas se dieron cuenta de que había algo turbio en la propuesta de García-Fuster y no quisieron entregar el dinero.
Según consta en sus declaraciones, la situación no fue nada fácil ya que, presuntamente, la cajera no dudó en amenazar a varios de ellos para exigirles el ingreso del dinero. Pero los cuatro se mantuvieron firmes y no entraron al trapo de las amenazas. De hecho, estas cuatro personas son los únicos cuatro miembros del grupo municipal que no están imputados.
Sin embargo, el rodillo de los investigados no ha parado de tratar de desacreditar a las únicas cuatro personas que no están acusadas. Desde hacer creer que todos trabajaban para Grau y que sus testimonios eran por venganza porque no iban a repetir como asesores, hasta filtrar temas de su pasado para intentar conseguir que su imagen pública cayera en picado. Sin embargo, los cuatro han mantenido siempre la misma versión y eran, son y serán una de las piezas clave en la investigación.
Junto a ellos están también los testimonio de la asesora Elena Rodrigo y de la exconcejal de Cultura María José Alcón. Ambas son las únicas acusadas que han reconocido haber cometido el blanqueo de capitales. La primera aseguró que había ingresado el dinero y, posteriormente recogido los billetes de 500. Rodrigo declaró que hizo el ingreso engañada por el jefe de prensa de Barberá, Julio Valero, quien le dijo que era obligatorio hacerlo si quería seguir trabajando y que, una vez ingresado, cogió los billetes porque García-Fuster le "daba miedo" y la "obligó", pero que a las 24 horas devolvió el dinero a la cajera.
Lo de Alcón es otro cantar. La UCO tenía intervenido su teléfono por otra de las piezas de la Operación Taula sin que ella lo supiera. Su hijo la llamó y ella no dudó en contarle toda la operativa, al igual que a su hermana. En esas dos llamadas se escucha a la exconcejal explicar cómo se hizo todo. En esa grabación lo que explica Alcón coincide con lo que los testigos contaron en la Comandancia de la Guardia Civil y con lo que decía una carta anónima, que fue enviada a la Fiscalía. Son muy destacables estas coincidencias, ya que la grabación de Alcón no se hizo pública hasta que se levantó el secreto de sumario varios meses después.
La pieza del pitufeo fue la primera que comenzó a instruirse, ya que en un principio era la más sencilla, jurídicamente hablando. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido complicando. Todo se enredó tras una declaración de la secretaria del grupo. García-Fuster habló de la existencia de un recaudador para el PP de Valencia y asumió, delante del juez y del fiscal, que había entradas de dinero que eran irregulares, así como que la cuenta en la que se realizaban los ingresos era opaca pues no estaba fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.
Esta declaración provocó que el magistrado añadiera el delito electoral al blanqueo, pues así se apuntalaba la ilicitud del dinero blanqueado, y que imputara al Partido Popular. En septiembre de 2016, Valencia Plaza entregó en la Fiscalía Anticorrupción cerca de 1.000 folios que explicaban de dónde procedía el dinero que Barberá y su equipo utilizaron para pagar la campaña electoral de las elecciones municipales de 2007. Una campaña que costó 20 veces más de lo que el PP de Valencia había declarado, según se desprende de las facturas.
Según los papeles de la empresa Laterne, la campaña se firmó por 150.000 euros pero en realidad se gastaron cerca de 3 millones. Entre los donantes figuran varias empresas con contratos municipales y una empresa pública, lo que podría añadir el delito de malversación de caudales públicos. La importancia de estos papeles es tanta que el magistrado decretó el secreto parcial de las actuaciones para poder investigar. El próximo día 10 de febrero se cumplirán tres meses.
La trama del pitufeo cumple un año de declaraciones, escuchas telefónicas, ruedas de prensa y un sinfín de declaraciones. Valencia Plaza ha querido poner algunas de las más llamativas y que mejor explican qué pasó.
2 de febrero 2016 Arancha Martín: "era blanqueo claramente y un tema turbio". (Testigo y asesora de Grau que se negó a pagar)
2 de febrero de 2016 Nuria Diego: “Julio Valero le pidió que hiciera una tranferencia de 1.000 euros porque todos los concejales y asesores la iban a hacer. Que pasara por el grupo que García-Fuster se los iba a devolver”. Sobre eso Valero le dijo “esto es normal, esto se hace en campaña, no te preocupes”. Al negarse, Valero le dijo “lo han hecho todos. Ya sabes el mal carácter que tiene esta, si no le haces puede tener consecuencias”. (Testigo y asesora de Barberá que se negó a blanquear dinero)
2 de febrero de 2016 Jesús Gordillo: “un grupo municipal no puede tener dinero en efectivo”, “habría perdido el tiempo en decírselo a cualquier concejal”. (Testigo y asesor de Grau que se negó a blanquear)
25 de febrero 2016 Rita Barberá: “no dimito, ni me lo planteo”, “todo lo que se ha dicho al respecto es falso”, "Me quieren hacer aparecer como la jefa de una trama criminal y corrupta porque he dado voluntariamente mil euros para una campaña criminal sin que se me devolviera nada". (En rueda de prensa)
15 de marzo 2016 Alfonso Novo: “no hay pruebas de cargo ni datos que demuestren comisión de delito, solo declaraciones de testigos". (En rueda de prensa tras anunciar que no dimitían)
15 de marzo 2016 Rita Barberá: «desde el respeto y el acatamiento al estado de derecho acepto este ofrecimiento. Le reiteraré la verdad que yo conozco. La verdad es que no he contribuido a ningún blanqueo de dinero, no he ordenado nunca ningún blanqueo de dinero, no he conocido nunca si ha habido blanqueo de dinero en el grupo municipal o en ninguna otra parte. No he tenido el menor conocimiento de caja B en el grupo municipal ni en el partido. Ningún dinero negro proviene de mí. Ningún dinero negro proviene de mí, por lo tanto no he podido dar dinero a nadie». (Sobre la petición de declarar del juez de Taula. Finalmente entregó una carta)
7 de abril 2016 María José Alcón: el Partido hizo "una trampa" al darle "1.000 euros en dos billetes de 500", que califica de "dinero negro". "Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta para blanquear dinero, vamos, corrupción política total". (Grabación de la UCO de su teléfono)
7 de abril de 2016 Mari Carmen García-Fuster: la cajera admite que “un recaudador entregó 245.450 euros de simpatizantes al PP”. (Declaración ante el juez que supuso la imputación por delito electoral)
7 de julio de 2016 informe de la UCO sobre los whatsapp entre cuatro asesores: “callar…que no nos salpique nada”. La UCO afirma: “en dicha comunicación mantenida a través de whatsapp por un grupo integrado por los asesores del Grupo Municipal Popular Pedro Aracil, Luis Salom, Juan Pedro Gómez y Nacho Pou, se evidencia la efectiva recepción de los billetes de 500 euros tal y como se puede apreciar en la secuencia posterior (imagen de bajo), que tiene lugar entre las cuatro personas anteriores que habían realizado la transferencia bancaria de 1.000 euros”.
14 de noviembre de 2016 Patricia Iserte: quisieron obligarla a hacer una transferencia de 1.000 euros, que le iban a devolver en dos billetes de 500 euros. Al negarse aseguró «que sufrió amenazas por parte de García-Fuster”. “La primera vez que vio un billete de 500 euros fue cuando Luis Salom se los enseñó y le dijo qué iba a hacer con ellos”. (Testigo y asesora de Barberá que se negó a blanquear)
21 de noviembre 2016 declaración de Rita Barberá como imputada ante el Tribunal Supremo: