Reunión de los miembros del Consell en Morella. GVAVALENCIA. Un comité de expertos compuesto por profesores de las universidades valencianas asesorarán al Consell en la redefinición de los impuestos propios y cedidos que gestiona la Generalitat, con el objetivo de que el 1 de enero de 2017 pueda entrar en vigor la reforma fiscal que el Ejecutivo de Ximo Puig no quiso acometer este año.
Esta es una de las medidas que este fin de semana acordaron los miembros del Gobierno valenciano que se han reunido en Morella durante 48 horas que terminan este mediodía con una rueda de prensa de Ximo Puig, tras presentar las conclusiones del bautizado como Seminari de Govern-Hivern 2016.
La creación de un comité de expertos fue debatida en la tarde del sábado, en la que las reuniones a puerta cerrada de los miembros del Consell tuvieron un importante componente económico. En estas sesiones intervinieron la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, y el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca.
Este comité de expertos será el encargado de analizar qué margen tiene la Generalitat para modificar impuestos propios y cedidos con el objetivo de mejorar la progresividad -que paguen más quienes mayor renta y riqueza tengan- del conjunto del sistema impositivo valenciano. Entre los impuestos más importantes que se analizarán están el de Sucesiones y Donaciones, el tramo autonómico del IRPF y el de Transmisiones Patrimoniales.
En una segunda fase, será la Conselleria de Hacienda la que realizará una propuesta de reforma impositiva que finalmente irá al Consell y a las Corts en forma de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2017. Si se cumplen los plazos, el 1 de enero del año que viene entraría en vigor.
La tarea de los expertos de la universidad y la Conselleria de Hacienda no es sencilla, dado que los cálculos se deben hacer en un escenario incierto de financiación autonómica. La reforma del modelo de financiación prometida por el ministro Montoro para esta legislatura está parada por la convocatoria electoral del 20D y la incertidumbre sobre quién va a gobernar en España puede alargar esta situación.
Como explicó Valencia Plaza, Manuel Illueca expuso en la reunión de Morella la estrategia de la Generalitat para captar fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Plan Juncker. El Gobierno de Ximo Puig fía gran parte de su capacidad inversora de los próximos años, sobre todo en infraestructuras, al volumen de fondos comunitarios que sea capaz de atraer y el reto es hacerlo sin aumentar su deuda.
Paseo de los consellers por Morella. GVAPor ello, Illueca explicó a los consellers que no es una tarea solo de la Conselleria de Infraestructuras, sino de cualquier departamento que necesite grandes inversiones, como puede ser la Conselleria de Justicia en mejora de dotaciones judiciales o la de Educación. Por ello, el IVF mantendrá reuniones individuales con cada una de las consellerias para definir sus necesidades y preparar un plan de captación de fondos.
La Comisión estima que hasta 2018 se pueden poner en el mercado 315.000 millones de euros para financiar proyectos de colaboración público privada.
Acceder directamente a la financiación del BEI implicaría elevar la abultada deuda pública de más de 40.000 millones de euros de la Comunitat, algo para lo que no existe margen. Para salvar ese escollo, el IVF creará vehículos de inversión de capital mayoritariamente privado con el fin de canalizar la captación de fondos europeos. Esos fondos irán destinados a financiar proyectos estratégicos para la administración pero que, al mismo tiempo, resulten atractivos a la iniciativa privada.
No obstante, el esquema diseñado implica que las empresas asuman parte del riesgo financiero de las operaciones. En el caso de la inversión en infraestructuras, por ejemplo, las constructoras deberán implicarse también en el mantenimiento de las obras.
Las intervenciones de Illueca sobre las actuaciones a realizar sobre la captación de fondos europeos para financiar infraestructuras y de Ferrando acerca de la reorganización del sistema tributario valenciano fueron las únicas de las jornadas de Morella por parte de altos cargos del segundo escalón del Consell.
Después de ellos intervino el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien ya había intervenido por la mañana junto al resto de consellers. En este caso, lo hizo para hablar del sector público empresarial de la Generalitat, asunto que afecta a buena parte de las consellerias, de las que dependen las empresas públicas.
En las jornadas de Morella han participado también los jefes de gabinete de las consellerías y los jefes de prensa, que se reunieron este sábado por separado -lo mismo que los consellers- para tratar asuntos que les competen, especialmente la coordinación de cada uno de estos grupos.
