VALÈNCIA. Comienzo con una confesión: el domingo fue mi cumpleaños; quizá, el aniversario más triste que recuerdo. Ese día, una vez transcurrida la tarde y después de despedir a la familia, me puse a revisar los mensajes de todo el día. Supongo que, como la mayoría, participo en una inmensidad de grupos de whatsapp de distinto origen y condición. Uno de ellos es de antiguas compañeras de trabajo técnico en el desarrollo local de l’Horta Sud. Muchas de ellas viven en la comarca. Una, Maribel, en Catarroja.
Tras las felicitaciones, les preguntamos por la situación. Entonces, Maribel explotó, y nos trasladó lo que muchos de nosotros hemos visto y escuchado en muchas de las personas que por desgracia están viviendo los peores momentos de su vida.
Nos hacía partícipes de su dolor e indignación. Ella representa el pensamiento de muchas valencianas y valencianos afectados. Nosotros solo podemos respetar su dolor y escuchar sus peticiones. En ese momento cogí el teléfono y la llamé. Estuvimos hablando más de hora y media. Mi amiga está tremendamente dolida. Y yo la entiendo.
Pero también le expliqué que, más allá de las responsabilidades legales que se resolverán cuando toque y por quien toque; más allá de las responsabilidades políticas que se deberían asumir de forma inmediata por la falta de acierto en la toma de decisiones de quien tenía que estar al mando de la seguridad de valencianos y valencianas (cuestión sobre la que hoy ya no hay duda, aunque a las personas directamente afectadas eso ahora mismo no les resuelva nada); más allá de todo esto, lo cierto es que las administraciones están inmersas en la respuesta a la emergencia que reclaman de forma unánime todos los habitantes de las zonas afectadas.
La responsabilidad siempre es proporcional a la competencia que cada una de ellas deba ejercer. Las administraciones locales, con sus alcaldes y alcaldesas al frente, han dado un ejemplo incontestable, y han hecho y están haciendo todo lo que está a su alcance y más.
Por otro lado, el Gobierno de España, con su delegada en la Comunitat Valenciana al frente, estuvo en la preemergencia. Ella sí estuvo. Canceló su agenda desde primera hora de la mañana del 29, reunió a los alcaldes y las alcaldesas, incluso alertó y advirtió a la propia Conselleria para que activara la UME. No sabemos por qué no le hicieron caso.
Tras la tragedia, antes de 36 horas, el Presidente del Gobierno estaba en Valencia. El Gobierno de España puso a disposición de la emergencia a todos los ministros y ministras necesarios, y aquí siguen, trabajando para recuperar València desde ese día. Durante esos primeros días, todos los efectivos estuvieron centrados en rescatar personas, con miles de operaciones y cientos de personas salvadas. Llegando a incorporarse más de 20.000, que venían de todos los rincones de España. Para todos ellos, solo podemos tener palabras de agradecimiento.
Como es de reconocer y agradecer en mayúsculas la labor de miles de personas voluntarias que han acudido a sacar barro y enseres de las casas y de los negocios de forma altruista. Es incuestionable el orgullo que se siente de país, especialmente de nuestros jóvenes que nos han dado una lección inapelable.
Pero no es menos cierto, que el papel de la Administración, en la atención de la emergencia y, sobre todo, en la reconstrucción es indispensable.
El Gobierno de España ha respondido con la mayor inversión jamás aportada en la historia de las emergencias, con más de 14.000 millones de euros comprometidos para las zonas afectadas, y que tiene a toda la maquinaria administrativa del Estado sin descanso para hacerlas efectivas lo antes posible. Sabemos que la Administración es garante y por ello a veces más lenta de lo que nos gustaría. Pero se está haciendo un esfuerzo titánico y como prueba de ello está siendo el pago ya efectivo por parte del Consorcio de Seguros o la puesta a disposición de los créditos ICO al cero por ciento o la recuperación contrarreloj de las infraestructuras.
En el caso de la Generalitat, para aquellos que somos firmes defensores del autogobierno, debo reconocer el trabajo y la labor de los cientos de empleados y empleadas de la Administración autonómica. Pero también, siendo fiel a mi pensamiento y conocimiento, me siento en la obligación de reclamar más compromiso político y presupuestario del actual Consell. Una inversión de apenas 250 millones es insuficiente.
Aunque el mayor reclamo al señor Mazón es que se marche. No tiene autoridad moral para liderar la reconstrucción, porque nos recuerda cada día que nos dejó solos en uno de los peores momentos de nuestra historia. No le pareció necesario estar. Hasta su presidente Feijóo se lo sigue afeando. Ya ni los suyos le sostienen. Y no le va a salvar esconderse detrás de un militar.
Este no es un gobierno fallido, es un Consell compuesto de personas incompetentes y totalmente sobrepasadas por la situación. Lo vimos en la demora en el aviso de la emergencia y las mentiras tras las que se escondieron; lo vimos en la gestión de los desaparecidos y los fallecidos y la comunicación insensible a sus familiares; lo vemos en la falta de soluciones habitacionales de las personas que quedan por realojar que están sin vivienda; lo vemos en la fallida gestión de la escolarización de miles de niños y niñas; lo vemos en el descontrol en las tareas de rehabilitación que se ha cobrado la vida de un operario de Tragsa el domingo…
Este Consell es insostenible, está liquidado: por la dignidad de los valencianos y valencianas, márchense. El próximo sábado la sociedad valenciana se lo volverá a pedir. Esperemos que no tenga que haber una tercera.