Un constructor denuncia "mordidas" del 30% en contratos de obra pública con el Consell del PP 

VALÈNCIA/MADRID (VP/EP). El expresidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón Vicente Monsonís ha asegurado este jueves que en la adjudicación de obra pública entre 1997 y 2005 en la Comunidad Valenciana -con el PP al frente- se hacían "modificaciones falsas" de "proyectos" que suponían "mordidas" de hasta el 30%, también conocidas como "pizzas". En esa época gobernaron Eduardo Zaplana -hasta julio de 2002-, José Luis Olivas -hasta junio de 2003- y Francisco Camps.

"El meollo de la cuestión no eran las comisiones del 3% sino las modificaciones de los proyectos que implicaban modificaciones cuyo importe era el 30%. A esto se le denominaba pizza", ha señalado en declaraciones a Cadena Ser, tras ser preguntado si el PP exigía comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, después de que el ex secretario general Ricardo Costa haya confesado la presunta financiación ilegal del partido.

Durante la sesión del juicio por la presunta financiación ilegal del PPCV en el caso Gürtel, Costa confirmó al juez que fue Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, el que decidió contratar con Orange Market --empresa vinculada a la trama-- para organizar los actos de campaña de la elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Además, indicó que él, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, ordenaron que el PP se financiase "con dinero en negro" para poder sufragar esos comicios.

El empresario valenciano ha explicado que quien "no contaba con la confianza" del PP con "los supuestos que imponían" no podía "entrar en determinadas obras", por lo que, según ha comentado, "determinadas empresas de mucha confianza llegaron a construir verdaderos monopolios artificiales". "Era un modus operandi circunscrito a determinadas empresas, no era una cuestión generalizada", ha añadido, al mismo tiempo que ha denunciado que le amenazaron por "negarse" a hacer estas prácticas.

No obstante, ha asegurado que "también hay otros partidos", aparte del PP, que "han entrado en este tipo de juegos" y ha explicado que, por tanto, "no es una cuestión de un único partido sino de empresas que cuentan con el apoyo 'innecesario' de determinados funcionarios". Además, ha apuntado que "tanto administraciones, como instituciones y empresas van de la mano", a lo que ha añadido: "Nadie está libre".

Asimismo, ha apuntado que realizó "alguna obra muy puntual" para el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra cuando estaba en el cargo. Sin embargo, ha negado que este le pidiese "nunca" ninguna mordida.

Del mismo modo, ha confesado que "como político" Fabra "le gustaba" porque "puso a Castellón en el mapa" aunque, según ha remarcado, "fue un político de calado que se perdió en el laberinto de las empresas". "Como político me gustaba pero como persona es otra cosa muy distinta porque utilizaba la política para determinadas cuestiones", ha lamentado.

La Audiencia Provincial de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales. Unos meses más tarde, en julio de 2014 esta condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.