Un coronel avisó a la Abogacía de las obras defectuosas de 'Mon': dejaron daños de 17.000 euros en dos cuarteles

VALÈNCIA. (EP) El entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Castellón, el coronel Miguel Fresneda, alertó en 2020 a la Abogacía del Estado sobre las obras defectuosas que el empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon' --uno de los imputados en el 'caso Cuarteles'-- realizó en las instalaciones de Torreblanca y Vall d'Uixó en 2016, que les generaron daños por más de 17.000 euros, para que emprendiera las acciones legales que considerara oportunas.

Así consta en un oficio remitido el 27 de agosto de 2020 por el coronel Fresneda a los Servicios Jurídicos del Estado en la provincia de Castellón "solicitando el ejercicio de acciones por vicios ocultos en la ejecución de contrato administrativo de obras" por las llevadas a cabo por Angrasurcor, una de las empresas de Tejera de León, alias 'Mon', según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.

En la declaración prestada el 2 de octubre de 2020 en calidad de testigo, Fresneda explicó que esas dos reformas "no se encontraban entre las prioridades de obra" para ese año, pero que en una "reunión de mandos" celebrada el 22 de julio de 2016 en la Zona de Valencia se le entregó "un sobre" acerca de dichos acuartelamientos que contenía ya el presupuesto de Angrasurcor para ambos.

Pese a ello, Fresneda relató que requirió a la Zona de Valencia otros dos presupuestos "para cumplir con la autoexigencia de transparencia", porque aunque no era obligación sí era costumbre en la Comandancia de Castellón analizar varias ofertas para seleccionar la más ventajosa. Por eso, desde la Zona de Valencia se hicieron llegar otros dos presupuesto más, pero de importe superior, por lo que finalmente se adjudicaron a la empresa de 'Mon' por 58.353,82 y 59.986,48 euros.

Fresneda destacó que, "en cuanto al importe dinerario necesario para acometer las obras, vino descentralizado directamente, sin que fuera solicitado previamente por la Comandancia de Castellón, con la apariencia de que la decisión estaba ya adoptada por la superioridad en cuanto a lugar de ejecución de los trabajos, empresa adjudicataria de los mismos e importes".

Una vez iniciadas las obras, el coronel no duda en afirmar que "tanto durante la ejecución como 'a posteriori' se detectaron deficiencias". De hecho, contó que en las realizadas en el cuartel de Vall d'Uixó --consistentes en reparación de fachadas, proyectado de corcho blanco y pintado en exteriores y patio interior-- un guardia civil titulado en arquitectura técnica, que no ejercía esas funciones pero aportaba sus conocimientos en estas ocasiones, frenó el pago.

Al verificar la obra, "detectó una falta de ejecución de un 50% aproximadamente en cuanto a los trabajos presupuestados, por lo que no se formalizó la certificación de fin de obra, requisito previo para efectuar el pago".

Fresneda detalló que ya terminadas las obras surgieron "desperfectos" en ambos cuarteles que se tasaron en más de 17.000 euros. Como en el contrato constaba que había una garantía de 10 años, se pidió a la constructora que los arreglara, algo que solo hizo ante el primer requerimiento, "no así en las sucesivas" llamadas de atención, lo que propició que finalmente acudiera a la Abogacía del Estado.

Jarava pidió explicaciones

El coronel testificó también que en el otoño de 2016, al no haberse emitido el certificado de fin de obras en el cuartel de Vall d'Uixó, necesario para que la constructora cobrara, recibió una llamada telefónica del entonces jefe de la Subdirección General de Apoyo, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, "que se interesó por los motivos", al que se respondió que se debía a "la mala ejecución" y "deficiencias" observadas.

En su escrito a los Servicios Jurídicos del Estado, habló de "abombamientos, desprendimientos de la capa de corcho proyectado en la base o soporte de la pared ocasionando deslucimientos y humedades", "vicios ocultos por un defectuoso proceso de puesta en obra".

"Por lo expuesto, se remite a esa Abogacía del Estado la documentación con los respectivos expedientes (...) a fin de que, si procediese, se ejecuten las acciones a favor del Estado contra la mercantil en cualesquiera jurisdicción que corresponda", instó.

Por su parte, en el sumario consta también que un coronel de la Guardia Civil destinado a la Comandancia de Murcia --que declaró como testigo ante el Servicio de Asuntos Internos de la Benemérita-- rechazó seguir contratando a 'Mon' para realizar trabajos de obra en su acuartelamiento.

Según precisó, "en vistas a la informalidad presentada por parte del contratista Tejera de León, a pesar de que este quería seguir realizando más obras en la zona, se decidió no volver a adjudicarle obras" por parte de su unidad.

El agente relató que el empresario les había presentado "un sistema de impermeabilización novedoso", un "componente de corcho que garantizaba su durabilidad". Pero incidió en que luego "hubo que estar detrás" de él "porque querían cerrar el ejercicio económico de 2016 y no terminaban las obras adjudicadas en el tiempo acordado".

El coronel señaló que 'Mon' estuvo a cargo de las obras en su acuartelamiento porque a finales de 2016 recibió una llamada de Vázquez Jarava en la que se le avisaba de que "se iba a descentralizar una partida presupuestaria a favor de la Zona de Murcia para la impermeabilización de cubiertas y reparación de fachadas". En la primera llamada "no le mencionó ningún contratista", pero después le comentó que "conocía a un contratista", en referencia a Tejera de León.

Investigación en un juzgado de Madrid

Asuntos Internos cifra en 3,3 millones de euros el importe de las obras adjudicadas entre 2008 y 2019 por al menos 13 cuarteles de la Benemérita a las empresas administradas por 'Mon', pese a constar que algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".

Desde 2021, un Juzgado de Madrid investiga las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de dichas obras. El procedimiento lleva al menos ocho meses paralizado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid a la espera de un informe pericial sobre las reformas efectuadas en comandancias de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.