Un empresario afirma que el PP le ordenó no hacer factura por los trabajos de las campañas

VALÈNCIA. El juicio sobre la financiación de las campañas del PP para las elecciones de 2007 y 2011 dentro del caso Taula ha proseguido este lunes con las declaraciones de diversos testigos. Entre ellos, un empresario que tenía una agencia de publicidad que realizó trabajos para los populares durante ambas campañas. Según ha explicado, los que efectuó fueron por encargo de la que fuera secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster. Ella, ha dicho, le abonó el dinero y lo hacía "en efectivo y en su despacho". Además, ha asegurado que no le pedían factura y que alguna vez le pagaron con algún talón al portador.

A preguntas del abogado de García-Fuster, que le ha recordado que en 2007 ya no tenía la empresa, ha comentado que desde entonces comenzó a trabajar como autónomo y la forma de pago se la "imponían" desde el grupo popular. Si hubiera hecho factura, ha añadido, hubiera cobrado por transferencia. 

A continuación, ha declarado un fotógrafo que trabajó para la campaña de 2007. Aunque sí hizo facturas por sus colaboraciones que le pagó la empresa Laterne, ha relatado que cubrió el acto del PP de presentación de candidatos en el Palau de la Musica en la que no fue así. Él hizo una factura, fue a la sede del partido y allí dijo que era fotógrafo y acudía a cobrar. Salió, ha expuesto, una señorita que le preguntó "cuánto es sin IVA". Luego abrió "una cajita de juguete", le dio el dinero en efectivo y le ordenó que "rompiera la factura". Él, ha indicado, no estaba dispuesto "a trabajar así", por eso posteriormente le volvieron a contratar a través de Laterne. 

Posteriormente, han comparecido otros testigos, que han hecho hincapié en que sí facturaron servicios de campaña al partido y les pagaron mediante transferencia. Algunos han apelado a su falta de memoria por el tiempo transcurrido y no han aportado concreciones. 

De esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula se han encargado el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Ambos apuntaron a que el PP de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente mediante procedimientos clandestinos. Lo denominaron "sobrefinanciación articulada". 

En 2007 se habrían servido de la agencia de comunicación Laterne, sin actividad real y que se habría dedicado a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que parecen ser simulado. En 2011, los investigadores tienen la tesis de que se sirvieron de otra empresa, Trasgos. Así, creen que parte de gasto electoral se pagó mediante las aportaciones económicas, bien en metálico de ilícita procedencia, o de distintas empresas con una fuerte vinculación al Ayuntamiento de Valencia.

El tribunal acepta citar al director de Valencia Plaza como testigo 

La sesión de este lunes no sólo ha contado con las declaraciones de testigos, sino con una decisión relevante para el juicio. La Fiscalía ha propuesto la declaración como testigo del director de Valencia Plaza, Javier Alfonso. Acudirá el próximo miércoles. El motivo es acreditar la "falsedad" del testimonio del exasesor del PP Jesús Gordillo, ha expuesto el representante de Anticorrupción. 

En su comparecencia como testigo la semana pasada, señaló que entregó una documentación en la Fiscalía sobre la caja B del grupo municipal porque un hombre al que no ha identificado y del que ha dicho que se encontró en una calle poco transitada amenazó a sus hijos. "Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos", aseguró. A continuación, afirmó que tuvo la documentación dos días en casa "sin mirarla" y que finalmente decidió entregarla a una periodista de Valencia Plaza. 

La versión de Gordillo no se ajusta a la realidad. Fue él, efectivamente, la persona que entregó a una periodista de este periódico la documentación que acredita el presunto amaño electoral de la campaña del 2007, aunque no fue él quien la entregó a la Fiscalía. Gordillo acudió a la redacción con dos bolsas llenas de papeles, más de mil folios con facturas, albaranes, contratos y correos electrónicos. Allí explicó con detalle el contenido de los papeles y señaló cuáles eran los más relevantes.

Sin embargo, el pasado miércoles dijo ante el tribunal: "Me obligó a entregar esa documentación un hombre que me paró en una calle poco transitada. Me negué y me enseñó una fotografía de mis hijos y me dijo que tuviera cuidado con mis hijos. Nunca he visto la documentación. Le pedí copia a la periodista para ver qué documentación era y aun estoy esperando". Esta última afirmación también es falsa, pues Gordillo se llevó de la redacción copia de los papeles en un pendrive.

Valencia Plaza decidió entonces, ante la evidencia de que podían ser la prueba de delitos graves, llevar las dos bolsas llenas de documentación a la Fiscalía, que pidió que no publicáramos su contenido para no entorpecer la investigación, ya que había riesgo de destrucción de pruebas. El contenido de los papeles y la investigación que se estaba llevando a cabo se publicó tres meses después.

Las defensas de los acusados se han opuesto a la petición de Anticorrupción de que declare el director de este periódico. Consideran que no es esencial para este juicio y que no tiene la relevancia suficiente que justifique ampliación de prueba a posteriori. Además, creen que su comparecencia sería parcial, que ha informado en el medio sobre estas sesiones y "está en contacto directo con los testigos", por lo que estudiarán pedir la nulidad.

El tribunal se ha retirado a deliberar unos minutos y ha aceptado la declaración. Sostienen los magistrados que es un testimonio "cuya valoración puede ser trascendente a los efectos del fallo". Aprecian igualmente que es un elemento de pertinencia y utilidad del medio de prueba.