Un grupo inversor mexicano afectado por la venta de Popular activará el arbitraje contra España

MADRID. (EP) El grupo inversor mexicano autodefinido como MIG y liderado por Antonio del Valle ultima los preparativos para proceder a activar el arbitraje internacional contra España, al considerar que el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy "violó" el tratado bilateral de inversión con México en relación a la resolución y posterior venta de Banco Popular a Banco Santander al precio de un euro, según fuentes financieras consultadas por Europa Press.

El MIG está compuesto por cuarenta y cuatro particulares y diez sociedades y fondos de inversión que tenían, en términos agregados, en torno al 4% del capital de Popular, por valor de unos 470 millones de euros. El grupo de mexicanos denuncia que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en "la destrucción completa" de sus inversiones.

El pasado 22 de enero, estos inversores enviaron una carta al Ejecutivo español en el que notificaban su intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional por su papel en la resolución del banco. A partir de dicha notificación se abrió un periodo de reflexión de seis meses, que culmina este domingo 22 de julio, durante el que el grupo mexicano y el Gobierno español debían discutir y potencialmente resolver la disputa entre las partes.

El MIG se había comprometido a iniciar el arbitraje de conformidad con el Tratado México-España si, una vez expirado el periodo de negociación, no se hubiera llegado a ningún acuerdo. "El inicio del arbitraje internacional avanza al margen del nuevo Gobierno", han asegurado las mismas fuentes.

El grupo liderado por Antonio del Valle necesita ahora encontrar un 'foro' para iniciar el arbitraje. En este sentido, uno de los órganos que podrían estar valorando como espacio para proceder es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El pasado mes de junio el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aprobó un instrumento de ratificación para confirmar el acceso de su país a la Convención de CIADI. El Gobierno deberá ahora depositar este instrumento en el CIADI, "que se espera pronto" y, una vez llevado a cabo, la adhesión de México se hará efectiva a los 30 días.

"Esta adhesión es una consideración, pero no un factor determinante. Es un posible foro para el arbitraje, pero no el único", han aclarado a Europa Press en fuentes cercanas a los denunciantes.

El Gobierno contribuyó a la pérdida de confianza en Popular

El MIG considera que el Gobierno español "incumplió sus obligaciones" bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España (Tratado México-España), que entró en vigor en 2006.

Concretamente, el grupo de inversores aztecas denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy participó activamente en el diseño y proceso de toma de decisiones que llevaron a la venta de Popular por un precio "muy por debajo de su valor justo de mercado", una institución que consideraban financieramente "solvente y que había cumplido de forma consistente con sus requisitos de capital sin asistencia pública".

El marco de implementación, que se llevó a cabo a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), violaba el Tratado entre ambos países al no proporcionar a los inversores ningún aviso u oportunidad de ser escuchados y al no actuar de forma transparente incluyendo el rechazo continuado a revelar el contenido completo de la decisión y sus fundamentos, según el MIG.

Del mismo modo, Del Valle y el resto de inversores aseguran que España ignoró soluciones alternativas existentes propuestas por la iniciativa privada que hubieran evitado la resolución, incluyendo el compromiso de inversores institucionales y hasta del propio MIG para inyectar capital en Popular o la venta de algunos activos para reforzar su posición de liquidez.

También consideran que se llevaron a cabo medidas activas que dañaron la condición financiera de la entidad antes de su resolución y que condujeron a una retirada "abrupta y sin precedentes" de miles de millones de euros, así como los anuncios públicos que perjudicaron la reputación y que causaron la repentina salida de depósitos.

En este orden de cosas, el MIG recuerda la intervención del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, el 18 de mayo de 2017, diciendo que "no se inyectarían recursos públicos" en Popular, y su rechazo "arbitrario" a proporcionar la provisión de liquidez de emergencia que el banco le había solicitado para superar la crisis que, según los inversores, había sido causada de forma sustancial por el propio Gobierno.

Subasta de venta de condiciones "inadecuadas"

Por otro lado, el MIG asegura que la subasta puesta en marcha por el Gobierno y el FROB para determinar el comprador de Popular se inició en unas condiciones "inadecuadas".

"Se invitó sólo a unos cuantos bancos españoles a ofertar y luego se proporcionó a las partes interesadas información y horas inadecuadas, por lo que, predeciblemente, Santander quedó como único ofertante y ganador menos de 24 horas después", subraya el grupo en un documento escrito en el que se detallan los hechos denunciados.

El propio FROB sugirió un euro como la oferta inicial mínima para Popular, que Santander "rápidamente" ofreció, un precio que se sitúa "muy por debajo del valor justo de mercado". De hecho, el grupo mexicano considera que la expropiación de su inversión no se realizó por un motivo de interés público, sino para beneficiar a Santander.

'Discovery': petición de documentos "clave" a Santander

Además del proceso de arbitraje internacional contra España, el grupo liderado por Del Valle presentó una petición el pasado mes de marzo para obtener documentación del Banco Santander en virtud de las leyes federales estadounidenses.

El banco presidido por Ana Botín, como adquiriente y único propietario de Popular, fue un participante activo y clave en el proceso de venta, por lo que el MIG considera que está en posesión de documentos e información "altamente" relevante para entender la base sobre la que se ordenó la resolución.

Mediante esta vía, el grupo busca obtener acceso a documentos relativos a información financiera de Popular necesaria para preparar cualquier valoración del banco; a peticiones de provisión de liquidez de emergencia, incluyendo las comunicaciones del Banco de España y el rechazo de éste a garantizar las provisiones de emergencia solicitadas; y los relativos a la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) y el FROB, así como el análisis de las medidas privadas disponibles que habrían evitado su resolución.

De igual modo, pretende tener acceso a documentos que reflejen la implicación de España en la resolución, que demuestren las comunicaciones entre Santander y el Gobierno en relación a la adquisición de Popular por parte del banco cántabro.

Por último, el MIG busca tener la oportunidad de tomar la declaración oral de uno o más testigos del Santander. En caso de que el tribunal conceda la petición, se emitirá una citación y una orden requiriendo a Santander la presentación de los documentos y la testificación de los testigos requeridos.