VALÈNCIA. (EP). La Fundación por la Justicia ha hecho público este viernes su 'Informe de Actualización del Pacto contra la Corrupción y por la Regeneración Cívica 2015-2018', un estudio que analiza 75 de las 150 medidas que aprobaron los partidos políticos a nivel estatal --las de ámbito autonómico-- para concluir que "muy pocas propuestas" han sido cumplidas tal y como se exigía en la Comunitat Valenciana.
En documento profundiza en el grado de cumplimiento de estas 75 propuestas del Pacto en estos tres años: en 47 (62,7%) se certifica un incumplimiento total, en 23 se cumplimiento parcial (30,6%), una es de cumplimiento engañoso (1,3%), dos de cumplimiento equiparable (2,7%) y únicamente dos se consideran de cumplimiento exacto (2,7%).
El 'cumplimiento exacto' se ha dado, por ejemplo, en el caso de la propuesta que exigía prohibir las 'puertas giratorias', mientras el 'cumplimiento equiparable' se da en propuestas como la de establecer listas abiertas. "Sin ser exactamente lo mismo, la proposición de Ley Electoral Valenciana establece un sistema compuesto que combina el voto preferencial con la promoción de primarias abiertas en los partidos", explica el informe.
El 'cumplimiento parcial' se observa en el caso de las incompatibilidades: algunos de los puntos de la propuesta del Pacto contra la Corrupción están recogidos en la Ley de Incompatibilidades pero otros no, como la incompatibilidad de los puestos de concejal y
parlamentario autonómico, apunta el documento.
También alerta del 'cumplimiento engañoso' de algunas propuestas. En este punto tacha de "lamentable" lo que ocurre con propuestas como la que exigía suprimir los sistemas de libre designación. "El Anteproyecto de Ley de Función Publica Valenciana camina en su exposición de motivos en esa dirección pero si se compara con la ley vigente, la realidad es que los puestos que se reservan para libre designación son los mismos". Sin embargo, "el artículo 112 está redactado en un párrafo, en lugar de por puntos, para que parezca que son menos", critica el informe.
En la mayoría de los casos la realidad es el mero incumplimiento de lo propuesto. Esto es así en todo lo referente a Sanidad y Justicia, así como la propuesta de realización de un Foro Anual sobre la corrupción y de creación del Observatorio contra la Corrupción, entre otras.
El informe "percibe entre la clase política cierta conciencia de que la labor de construir mecanismos para evitar la corrupción reviste gran importancia". Sin embargo, matiza que "esta preocupación tiene sus límites" ya que, si se tiene en cuenta el interés mostrado por la evolución del cumplimiento de las medidas propuestas en el Pacto contra la Corrupción, "no parece que estas cuestiones se encuentren entre las prioritarias de la agenda política".
Por grupos parlamentarios, Podemos firmó 75 propuestas del Pacto contra la Corrupción pero ha tenido participación activa en 23 (30,7%); Compromís suscribió 74 y ha participado activamente en 19 (25,7%); PP firmó 64 y ha participado activamente en 11 (17,2%); Ciudadanos apoyó 63 y ha participado en 13 (20,6%); y el PSOE firmó 61 y ha tenido participación activa en 19 (31,1%).
A la vista de los resultados, lamenta que "la participación activa de los grupos parlamentarios en relación a las propuestas que firmaron hace tres años es bastante reducida", aunque los porcentajes indiquen una mayor actividad por parte de aquellos que se encuentran actualmente en el gobierno autonómico o participan de sus decisiones como socio.
Una tercera conclusión del estudio tiene que ver con la "abundante legislación" en esta materia en el período considerado que además es "demasiado abierta". "Se echa en falta mayor minuciosidad. No basta una mera mención del principio de transparencia para conseguir que se encuentre garantizado. Hay que concretar qué significa en cada caso concreto, qué controles se van a establecer para garantizar que se cumpla, quién va a realizar dichos controles y cómo se va a elegir a quien vaya a realizar dichos controles", puntualiza el informe.
En este sentido, advierte de que "no se debe perder de vista que la corrupción es expansiva, que se introduce en cada hueco libre del entramado social y político y que ésta no es un accidente, sino que es un riesgo. Donde hay un espacio de discrecionalidad o de impunidad, hay riesgo de prácticas corruptas", alerta.
Además, apunta a la existencia de una "corrupción invisible". Según explica, los "casos clamorosos de corrupción" de los últimos años han impulsado leyes que se centran en la lucha contra ese tipo de corrupción. "Pero sigue existiendo clientelismo en los procesos de selección administrativa, conciencia entre los empresarios de que no tiene sentido presentarse a procesos de contratación pública porque muchos están dados, prácticas que anulan a los órganos municipales de control de la contabilidad, conflictos de intereses sin controlar, y otros muchos ejemplos", advierte.
"Todas esas formas de corrupción --muchas veces incluso legal-- se dan a un nivel 'micro', pero multiplicadas convierten la corrupción en sistémica. Por tanto, el esfuerzo para paliarla también debe ser sistémico", apunta.
Para Fundación por la Justicia "resulta perentorio reforzar la independencia de nuestro sistema de controles". Existen cinco órganos fundamentales para controlar la actividad política en la Comunitat: Sindicatura de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell de Transparència, Consell Jurídic Consultiu y la Oficina de Control de Conflictos de Interes pero "para que funcionen es necesario dotarlos de mayores medios y otorgarles una independencia real del poder político".
A su entender, "es inútil contar con órganos de control que, en su nombramiento y/o su actividad son dependientes de una Conselleria, o de las mayorías políticas. En su opinión, el sistema de nombramiento de estos órganos debe asimilarse al de la Agencia Valenciana Antifraude, cuyo director es elegido por las Corts a propuesta de la sociedad civil y de los grupos parlamentarios, y cuyo funcionamiento es independiente e imparcial.
Desde el punto de vista positivo, le informe resalta la reapertura de un medio de comunicación público valenciano en la Comunitat y alienta la existencia de un consejo mixto entre los distintos colectivos profesionales y el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicacio.
Por ultimo, el informe concluye que es fundamental para un avance decisivo en la lucha contra la corrupción contar con "una sociedad civil atenta" porque la corrupción genera desafección ciudadana y reitera la necesidad de la creación de un Observatorio contra la Corrupción, independiente de cualquier partido, que generalice la realización de informes como este, para informar a la sociedad sobre la actuación política y administrativa de sus representantes en favor de la honradez en la vida publica.