El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su asesor y ex alcalde de Gandia, José Manuel Orengo. Foto: VPVALÈNCIA. El pasado 5 de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia solicitó al Ayuntamiento de esta localidad el expediente administrativo tramitado para la concesión en 2009 de la subvención a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en relación a la adquisición del local perteneciente un familiar de Antonio Gomar –entonces teniente de alcalde del consistorio- y que se encuentra en el epicentro de la investigación llevada a cabo en el municipio. Así, cabe recordar que la causa no avanzará en la posible financiación irregular del PSPV ante la prescripción del hipotético delito pero el reguero dejado por la agencia Crespo Gomar continúa siendo objeto de las pesquisas divididas en cuatro juzgados, dos de ellos en Benidorm y Gandia.
De esta manera, lo que se investiga es un posible delito de malversación -no se descarta el de prevaricación- en la venta de un local a la Federación Valenciana de Fútbol que se subvencionó en un 49% por parte del consistorio. El precio de la venta, que se cerró en 525.000 euros, fue muy superior al que apenas tres años antes se había consumado entre miembros de la familia Gomar, fijado en 280.000 euros.
Valencia Plaza ha tenido acceso a la documentación enviada desde el consistorio al citado juzgado para justificar la concesión de la subvención concedida de algo más de un cuarto de millón de euros. Así, la información presentada incluye el contrato de compra-venta en diciembre de 2006 entre los familiares por 280.000 euros y también el posterior entre Mora Gomar SL y la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana por 525.000 euros en abril de 2009, escriturado en septiembre.
Previamente, se hace referencia al pleno de julio de 2008 donde salió adelante la ordenanza reguladora de las Bases de Concesión de Subvenciones a las Asociaciones, Federaciones o Fundaciones de carácter social para la adquisición, la rehabilitación, la construcción y el alquiler de locales sociales, donde se incluía la posibilidad de subvención municipal en hasta un 49% para este tipo de operaciones. Un pleno en el que la iniciativa salió adelante con los votos a favor del PSPV, Plataforma de Gandia y Bloc-Verds y con la abstención de los concejales del PP. En octubre, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva de las bases para las subvenciones.
También se aporta entre los documentos el acta de la sesión del Consejo de Participación Ciudadana de Gandia donde se encuentran representados los distintos partidos y varias de las asociaciones de la capital de La Safor. En esta cita, se presentan hasta 24 asociaciones y colectivos de los cuales 20 de ellos reciben el respaldo unánime del Consejo para la subvención, entre ellos la compra del inmueble por parte de la Federación.
Se incluye además el siguiente paso a través del acta de la sesión celebrada por la comisión municipal informativa de Bienestar Social, Igualdad y Participación en julio de 2009, donde se exponen cuáles serán las subvenciones resultantes y donde el portavoz del PP, José Barber, señala que su grupo considera “muy positiva la participación y procedimiento que se ha seguido para otorgar las ayudas” pero que su grupo se abstendrá porque "su filosofía no va en esa línea”. Tras cumplirse el resto de pasos, se aprueba en el pleno municipal en julio de 2009 con las votaciones antes señaladas y se publican las subvenciones en el BOP de septiembre de ese año.
No obstante, en abril de 2010 el diario El Mundo publica una información en la que se señala que la subvención en la compra del local por parte de la Federación Valenciana de Fútbol beneficiará a la hija del concejal Gomar, quien cuenta con el 50% de la sociedad que vende el inmueble, Mora Gomar SL. Además, señala que un hermano del edil es el tesorero de la Federación.
El consistorio reacciona a esta noticia con un informe, también presentado al juzgado, firmado por el jefe de servicio del área, el técnico de gestión y el secretario general del ayuntamiento, en el que se asegura que no se produce “incompatibilidad” por parte de Antonio Gomar y que tampoco existe “parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo entre el titular del inmueble, que es una persona jurídica –Mora Gomar SL- o su administrador único –Joaquín Juan Mora Camps- y alguna de las personas que ejercían, en el momento del otorgamiento de la subvención, o que hubieran ejercido los últimos dos años, un cargo directivo en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana”, algo que también atestigua esta entidad en otro documento aportado.
Ante esta situación, vuelve a reunirse el Consejo de Participación Ciudadana de Gandia a finales de abril de 2010 en una cita que, en esta ocasión, preside del propio alcalde, el socialista José Manuel Orengo. Un encuentro en el que, según el acta, se pone sobre la mesa el informe jurídico realizado y en el que el portavoz del PP, José Barber, considera que resulta “poco ético y moral la adquisición de este local, por ser de la familia que es”.
Tras distintas intervenciones, el alcalde pide a los miembros del Consejo que, en base al informe presentado, voten favorablemente si aceptan que el expediente se ha tramitado “adecuada y correctamente”, aceptándose por asentimiento general con el voto contrario del concejal del PP, José Barber.
Al margen de lo que fuentes socialistas consideran un “acto reglado” que cuenta con “todas las garantías”, otra de las armas de defensa de Orengo que se incluye en la documentación que se ha hecho llegar al juzgado es la tasación realizada del inmueble que adquirió la Federación y que fue subvencionada por el consistorio.
Así, en marzo de 2009 se llevó a cabo un certificado de valoración del inmueble realizado por Cohispania -compañía conocida con casi 30 años en el sector- que situó el precio de este local de 226 m2 construidos con una terraza de 45 m2 en 722.206 euros, a razón de 3.196 euros el metro cuadrado, un precio similar, según refleja el informe, a otras inmuebles situados en esa zona.
Esta tasación es utilizada por los responsables municipales del PSPV de aquel momento para señalar que el local se vendió casi 200.000 euros por debajo de ese precio, por lo que la subvención que dio el consistorio fue mucho menor de la que habría sido si la venta se hubiera acercado más al precio de tasación. Es decir, que si hubiera sido un ‘pelotazo’, señalan, el precio podría haber sido más alto amparado en la tasación lo que a su vez hubiera elevado la subvención del 49% concedida por el consistorio.
Un argumento que choca con la pericial realizada recientemente por Taxo de la que informó días atrás Valencia Plaza. Así, según publicó este diario, las conclusiones de esta tasación indicaría que el valor real del inmueble era muy inferior al precio de venta final alcanzado de 525.000 euros.
