MADRID/VALÈNCIA (EP). Un informe de la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation ha situado a la Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas con menor índice autonómico de competitividad fiscal (5,02 puntos sobre diez) por tener uno de los sistemas más gravosos en términos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La Comunitat Valenciana ocupa el penúltimo puesto del total de los 19 territorios españoles con capacidad impositiva en esta clasificación que refleja el atractivo fiscal de las regiones para empresas y familias.
Así se desprende de este documento sobre el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal publicado este martes por la Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, y la Tax Foundation, de Washington, que analiza, compara y clasifica los sistemas tributarios de los diecinueve territorios españoles con capacidad impositiva (16 comunidades autónomas y las tres diputaciones vascas).
Eso sí, el estudio, cuyo trabajo académico concluyó en agosto, no contempla aún las reformas anunciadas por varias comunidades en las últimas semanas, aunque advierten que tendrán un "gran impacto" sobre el ranking de 2023.
En cualquier caso, con 7,43 puntos sobre diez, repite en cabeza del índice la Comunidad de Madrid, seguida de Vizcaya (7,11), Álava (7,07), Guipúzcoa (6,91) y Canarias (6,29). Cierran el ranking de 2022 Aragón con 5,08 puntos sobre diez, la Comunitat Valenciana con 5,02 puntos y Cataluña. Esta última comunidad autónoma apenas alcanza 4,57 puntos sobre diez y queda última, posición que mantiene desde 2018.
La diferencia entre la comunidad más competitiva y la que lo es en menor medida asciende a 2,86 puntos sobre diez, lo que representa una ligera ampliación de la brecha respecto al año pasado (tres décimas). Las comunidades que más avanzan en 2022 son Galicia (que sube cuatro puestos en el ranking) y Navarra (dos puestos); y las que más retroceden son Castilla-La Mancha y Cantabria (perdiendo ambas dos puestos).
El informe tiene en cuenta todos los impuestos parcial o totalmente cedidos a la administración autonómica, destacando los de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
También contempla el impacto de los impuestos adicionales establecidos por cada una de estas administraciones, y en los que existe una gran diferencia entre territorios. Así, mientras el País Vasco no ha añadido nuevos tributos a los principales y la Comunidad de Madrid ha eliminado este año los que tenía, Cataluña supera con creces la decena de este tipo de impuestos propios.