El exalcalde de Gandia, Arturo Torró. Foto: Àlex OltraGANDIA. El nuevo año trae novedades en torno a los temas que sobrevuelan la política de Gandia y que tienen como principal foco de atención la gestión llevada a cabo por el Partido Popular en la Iniciatives Públiques de Gandia (IPG). En concreto, la aceptación a trámite de la querella interpuesta contra Cristina Serrano y el exgerente de IPG Gonzalo Morant por la presunta utilización de fondos públicos para gastos electorales del Partido Popular.
A raíz de una denuncia del presidente de IPG, el socialista Vicent Mascarell, el juzgado de instrucción número 1 de Gandia investigará el cruce de correos en diciembre de 2013 que tuvieron Cristina Serrano, asesora del entonces alcalde, Arturo Torró -también lo fue de los exconsellers del PP Esteban González Pons, Rafael Blasco y Juan Cotino-, Gonzalo Morant y el diseñador y empresario José Martínez de los Mozos.
En esos correos, tal como informó en su día Valencia Plaza, Cristina Serrano trasmite a Gonzalo Morant la urgencia de pagar las facturas al arquitecto José Martínez de los Mozos, autor de las infografías en 3D de los proyectos que Arturo Torró presentó dentro de las promesas electorales del Partido Popular en 2011. El importe que reclamaba De los Mozos ascendía a 9.570,5 euros, dividida en una factura del 6 de junio de 5.819,5 euros y otra factura con fecha del 29 de octubre de 2012 de 3.751 euros.
De lo Mozos era autor de las infografías del Mercat Prado, Edificio Marquesa, zona de cine y cafeterías; Blue Marlin, los Chiringuitos en Playa de Gandia y el recinto de actividades en Grao de Gandia. Sobre esos trabajos, el diseñador le dice a Serrano que los “regalará o donará” siempre y cuando cobre y siga cobrando las facturas del Ayuntamiento de Gandia. “Los honorarios de la licencia del local del PP, que ascendían a 600 euros, y los trabajos de infoArquitecturas realizados para las elecciones municipales las dono o regalo, las cuales ascienden a 3.484 euros, siempre y cuando se me hagan efectivas las facturas pendientes”, escribe el arquitecto.
Cabe destacar que los asientos contables de IPG reflejan que se realizaron tres pagos a José Martinez de los Mozos, cuyo importe total ascendía a 8.844,5 euros.
Según consta en la denuncia, la preferencia en los pagos dependía del favor económico que se realizara al Partido Popular de Gandia, de modo que la operativa final implica detraer una cantidad del total para ser ingresado a dicho partido a cambio del pronto pago, siendo llamativo en este sentido que la condición de gerente de la empresa municipal y de Tesorero del PP confluyeran en una misma persona.
Según han explicado fuentes cercanas a la empresa pública, en aras de tener un mayor conocimiento de la investigación, IPG se personará en la causa en calidad de perjudicado. Por tanto, ahora es la Justicia la que dictaminará si de esos correos y formas de proceder hay alguna ilegalidad.
