VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 17 de València ha citado como investigado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en una nueva causa por corrupción cuyas diligencias están declaradas secretas. A principios de semana, la Guardia Civil ya registró la casa del exconseller de Infraestructuras Mario Flores.
Según ha podido saber Valencia Plaza, Camps está citado para declarar este miércoles a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que ha llevado a cabo la investigación, que tiene relación con las obras del circuito urbano de Fórmula 1 de València, que se construyó entre los años 2007 y 2008 y que tuvo un coste de 89,7 millones de euros. De ellos, 16,5 millones habrían sido sobrecostes.
El proyecto fue adjudicado por 2,5 millones a la UTE de las ingenierías Typsa y Ayesa, según la documentación aportada por la Conselleria de Vivienda. Las actuaciones fueron iniciadas por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia pero es Antocorrupción la que finalmente se ha hecho cargo de la investigación.
El expresidente del PPCV y de la Generalitat está imputado en la causa conocida como caso Valmor, que se investiga en el juzgado de Instrucción número 2 de València. Recientemente, la titular del juzgado rechazó el recurso interpuesto por Camps contra su citación para que declare como investigado en la causa que se sigue por supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en la capital del Turia.
En su auto, notificado a las partes, la jueza recuerda que tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) como la Audiencia de Valencia "han considerado la existencia de indicios para continuar con la investigación" —Camps está investigado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa— y señala que "una de las principales diligencias de prueba de la investigación penal es la declaración de los investigados, inevitable en este caso", explica el alto tribunal valenciano.
"Se trata de una diligencia necesaria y aunque perjudicial para la parte recurrente, según su opinión, no lo es para la investigación de la causa", argumenta la instructora. Igualmente, rechaza la indefensión denunciada por Camps en sus escritos, por cuanto está representado por un abogado e interviene activamente en todas las diligencias que se practican.
A este respecto señala que "no cabe hablar de indefensión pues en todo momento esa parte ha estado personada en forma en el procedimiento con abogado y procurador, ha tenido conocimiento de las actuaciones, de las decisiones y resoluciones del Juzgado y ha podido recurrirlas en el momento que ha considerado y es más, ha participado activamente estando presente en las diligencias de prueba y preguntando lo que ha considerado así como haciendo alegaciones oportunas".
En la causa hay al menos ocho investigados más, la mayoría cargos públicos de la época del PP y administradores de empresas. Además de Camps, se encuentran investigados el ex conseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de esta misma conselleria y su número dos, Victoriano Sánchez Barcaiztegui.
El exjefe del Consell tiene que acudir este mismo miércoles al juzgado a declarar, al igual que Flores y Sánchez Barcaiztegui. En esta causa se han llevado a cabo otras diligencias como un registro reciente en la vivienda del Flores (PP).
El pasado mes de mayo salió a la luz pública que agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron en la sede de la actual Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio con sendos oficios de la Fiscalía en los que se pidió documentación relativa a los expedientes adjudicados por el anterior gobierno del PP para la contratación de obras de acondicionamiento para la realización del Gran Premio de la F1.
Asimismo, reclamaban información del viaje que realizó el exconseller de Infraestructuras y Transportes Mario Flores a Dubai y Bahrein del 30 de marzo y 2 de abril de 2008. Los oficios los firmaba inicial la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía, aunque posteriormente, al parecer, el caso ha derivado a Anticorrupción.