Un miembro de la cúpula de Vox Valencia, investigado por presunta estafa

VALÈNCIA. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia investiga desde 2019 a uno de los miembros de la cúpula de Vox en la provincia de Valencia, Chimo Díaz, vicesecretario provincial de Relaciones Institucionales del partido y actual asesor en la Diputación de Valencia, por una presunta estafa que habría sido cometida en 2018 a una mujer de avanzada edad, según la documentación a la que ha tenido acceso Valencia Plaza. El fiscal ha pedido la absolución y la acusación solicita una multa, una indemnización y una pena de uno a seis años de prisión.

Según arroja la investigación, la denunciante, de 91 años y amiga de la esposa de Díaz, firmó un acuerdo por el que hipotecaba su vivienda habitual como garantía de un préstamo suscrito con el actual dirigente de Vox. Este la habría convencido para que, según el juez, "de modo fraudulento" firmara la escritura del préstamo para lograr Díaz "un lucro económico" a su costa, "convenciéndola con promesas inexactas y actividades opacas sin dar mayores explicaciones".

La deuda contraída ascendía a 22.000 euros y la mujer pagó las cuotas mensuales de 500 euros hasta principios de 2019, cuando, al percatarse de lo sucedido su sobrino, la afectada dejó de abonarlas e interpuso la demanda por los perjuicios económicos y por "la falta de consentimiento" en la operación. El impago de la deuda ha motivado el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria de la vivienda, donde ahora únicamente reside el sobrino tras el fallecimiento de la propietaria en el transcurso del procedimiento judicial.

En la incoación del procedimiento abreviado dictada el pasado verano, el juez afirma que la denunciante "dijo no entender nada del negocio propuesto por el investigado [...], pese a lo cual confió plenamente en dicha persona dada la amistad con la esposa" y que "acudió al notario a firmar sin saber bien cuál era el negocio". El magistrado subraya que la escritura firmada "es un acto de fraude" y es "sospechoso" pues la mujer "no ganaba nada en el negocio", sino que hipotecaba su vivienda habitual y era Díaz el que conseguía liquidez "y un préstamo que no pagaba". 

Así, el juez apreciaba la estafa no sólo por el carácter "insólito" del acuerdo, sino también por "los engaños" motivados por "el abuso de confianza personal" de la mujer. Y de ahí que el magistrado incoara el procedimiento abreviado para llegar al juicio oral al no requerirse, a su juicio, más diligencias.

La herencia, los cuidados y la vivienda habitual

Díaz en su declaración "se excusó [...] en que antes había ayudado" a la denunciante comprándole comida y ayudándole en las reparaciones del hogar, y que tenían "mutua confianza" hasta el punto de que tras la crisis de 2008 la señora le habría ofrecido su ayuda "en una etapa económicamente inestable", "incluso con dejarle en testamento la casa". Por ello el escrito de su defensa recurrió el auto al considerar que el juez no había probado los hechos denunciados y que no se apreciaban indicios de criminalidad. 

En este sentido, para acreditar la estrecha relación, aportaba un documento de la denunciante en el que, ya en 2010, instituía "universal heredera" a la mujer del dirigente de Vox, y sostenía con justificantes de transferencias que Díaz había estado pagando los 500 euros mensuales a la demandante para que abonara la deuda, y por eso "no puede valorarse desplazamiento patrimonial alguno". Además, subrayaba que la denunciante también se benefició en parte del préstamo "para adquirir mobiliario que precisaba".

Asimismo hacía referencia a la declaración del notario que dio validez al acuerdo, según el cual leyó a la anciana las obligaciones que estaba contrayendo antes de la firma. De esta manera afeaba que el juez accediera únicamente al relato de la denunciante y pedía la absolución de Díaz. Algo similar a lo que sostenía el fiscal, quien incidía en que "no hay, no ya pruebas, sino ni siquiera indicios" para la acusación por estafa y solicitaba el sobreseimiento.

Por su parte, la acusación rechazaba de plano los cuidados por parte del matrimonio y defendía, y así lo acredita un informe de Servicios Sociales, que su "supervivencia y arreglo" dependía del Ayuntamiento de València desde 2007. Sobre el ofrecimiento de ayuda a Díaz por parte de la anciana, indica que fue Díaz quien "estuvo por años pidiendo a la denunciante" que dada su avanzada edad "le dejara la casa a su mujer porque [...] luego su vivienda se la apoderaría la hacienda pública". "Ella no quería -prosigue- pero al final cierto día la llevó a la notaría" para "hacer lo que le había propuesto respecto a poner la casa a nombre de su mujer", y de ahí el escrito de 2010.

Para probar el engaño, la acusación sostiene que de la cuenta de la anciana "le fue retirado su propio dinero de su pensión para pagar este préstamo del que ella no tenía conocimiento" y que se enteró "por quedarse sin dinero" y preguntar al banco. Incide en que Díaz fue "el único que ha disfrutado del préstamo" y que es "absolutamente incierto que ella haya percibido dinero ni que le haya comprado nada para su casa".

En su versión también apunta a que desde 2018 el actual dirigente de Vox habría estado insistiendo a la denunciante en guardarle las escrituras de la vivienda en una caja fuerte "por si entraba alguien a robarle en su casa". Dicho relato concluye que la mujer "volvió a caer en el enmarañado interés y le dio el documento", y que poco después fue cuando se produjo la asunción del préstamo por parte de la demandante. También apunta como indicio que la anciana no acudió al banco a solicitar el préstamo y que no conoce a la entidad que lo emitió ni a su representante, y tampoco que hubiera recibido ninguna información previa sobre el mismo.

Va más allá para incidir en que la vivienda en cuestión es la vivienda habitual, por lo que no podría haber sido objeto de hipoteca dado que en el documento del préstamo "está prohibido que sea su vivienda habitual". Aquí la acusación apunta que se sorteó tal cláusula registrando que el domicilio de la anciana era diferente a la vivienda afectada. Por todo ello, la acusación pide la apertura de juicio oral y una pena de un año a seis años de prisión y una multa de entre seis y doce meses, además de 5.000 euros por lo sucedido y los 22.000 euros para saldar la deuda y liberar la vivienda de la hipoteca.