"Un millón para el partido": las anotaciones, las reuniones y los pagos para financiar al PSPV

VALÈNCIA. Los investigadores del caso Azud dibujan en la parte de la macrocausa sobre la financiación del PSPV un supuesto concierto entre políticos y constructoras con el objetivo de abonar dinero para las campañas electorales de los socialistas en 2007 y 2008. Una vinculación por la que las empresas habrían tenido acceso ventajoso a una serie de operaciones urbanísticas en las que resultar beneficiadas por las administraciones a cambio de una contraprestación. 

En base a anotaciones, reuniones y pagos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla que el objetivo de los presuntos cabecillas de la trama era el reparto de dinero tanto para beneficio personal como para el partido. En una de las operaciones, la sospecha es que la intención fue la de desviar al PSPV un millón de euros. Las indagaciones realizadas hasta el momento consideran acreditado que parte de ese dinero sí llegó al partido y con él se pagaron gastos electorales de tres campañas diferentes: la de las municipales de València de 2007 con Carmen Alborch como cabeza de lista; la de las autonómicas de ese mismo año con Joan Ignasi Pla como candidato; y la de las generales de 2008 a las que se presentó la por entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como 'número 1' por la circunscripción de Valencia. Otra parte de esas cantidades fueron igualmente cobradas por personas vinculadas a los socialistas. 

El rastreo de ese dinero hasta llegar al millón de euros, sin embargo, no ha sido posible atarlo al completo en la investigación. Algunas de las operaciones urbanísticas a través de las cuales se pretendían desviar cantidades al PSPV acabaron por no realizarse y hubo igualmente manejo de metálico cuyo recorrido resulta complicado de establecer. 

El último informe de la UCO expone lo que considera indicios de toda esta forma de actuar. La operación más significativa es la relacionada con el Programa de Actuación Integrada (PAI) El Espartal en la localidad de Xixona (Alicante). Si bien no habría sido la única sino que desgrana otras en Pego y Bétera. 

En el marco de la primera, los agentes apuntan a que se habrían abonado una serie de comisiones de naturaleza ilícita por parte del Gupo Axis –perteneciente al empresario Jaime Febrer–. La intención inicial del constructor era promover la reclasificación de una serie de parcelas que, a través de este PAI, pasasen a permitir su urbanización. Aunque finalmente nada de ello se llevó a término. En una fase inicial del desarrollo del programa, se abordó el problema de la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos debido a una exigencia normativa derivada de la modificación de la Ley Urbanística Valenciana. Para ello se estudiaron varias líneas de resolución, pero finalmente se llevó a cabo la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y el Ayuntamiento de Xixona. 

El objetivo era la ampliación de la desaladora de Mutxamel -Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona. Pese a que este convenio resulta a priori ajeno al Grupo Axis, dado que en él participan la empresa pública y el consistorio (gobernado por el PP), los elementos recopilados a lo largo de la investigación evidencian –según la UCO– que la firma del mismo habría sido auspiciada por parte del citado grupo. 

En la firma del convenio, de acuerdo con los investigadores, habría tenido un papel fundamental el exjefe jurídico de Divalterra José Luis Vera, una persona estrechamente vinculada al PSPV aunque no ocupara cargo orgánico. En lo que el informe considera connivencia con el director de Relaciones Institucionales de Acuamed, Joan Navarro, habría propiciado ese acuerdo entre la empresa estatal y el Ayuntamiento de Xixona, el cual posibilitó la continuación de la tramitación administrativa de ese PAI (que hasta ese momento se encontraba paralizada por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos de la actuación).

La función de Vera, según la UCO, habría sido la de materializar, viabilizar o posibilitar la presunta adulteración por parte del Grupo Axis de procedimientos administrativos seguidos en diferentes Administraciones Públicas, "utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro del PSPV". "Como contraprestación a esta actividad, habría percibido importantes sumas económicas, que habría destinado tanto a su beneficio personal como a este partido político", afirman los agentes. 

El informe menciona, concretamente, que Vera habría percibido 563.000 euros a través de dos contratos que se presumen ficticios y cuya finalidad habría sido la de dotar de apariencia de legalidad a una serie de pagos motivados en su actuación. 

A ello se añaden más pagos efectuados por parte de otra sociedad, Gigante Edificaciones, que en última instancia son asumidos por el Grupo Axis. Éstos se destinan a varias empresas de publicidad pero los servicios no habrían sido prestados para el grupo empresarial. El importe de estos abonos efectuados a diferentes mercantiles con objetos sociales vinculados con la publicidad ascienden a 484.480 euros. 

Todas estas cantidades, indica la UCO, formarían parte de las comisiones percibidas por Vera y el beneficiario último de los mismos habría sido el PSPV. 

Especialmente significativas son, para la Guardia Civil, las anotaciones relacionadas con reuniones mantenidas entre José Luis Vera y Jaime Febrer durante el periodo de tramitación del PAI de Xixona en 2007 y poco tiempo antes de las primeras referencias a los contratos que firmó el primero. Se trata de documentación intervenida durante el registro en la sede del Grupo Axis. 

La primera de ellas es una en la que aparece: "Xixona. Aportación + honorarios". En la segunda, y aparentemente relacionada con la anterior, se puede leer: "Desaladora. 2MM euros. 1MM partido". La UCO lo interpreta como un reparto de fondos de dos millones de euros vinculado a una desaladora –que podría estar relacionada con la actuación del PAI de Xixona– y en el que uno de los destinatarios de un millón de euros estaría referido como "partido" (el PSPV).

Al pie de esas anotaciones figura otra de interés para los investigadores que recoge "Despacho de Marqués de Sotelo, a cta. este viernes. 100.000 euros sobre". El informe remarca que la sociedad Vera Llorens presentaba su domicilio fiscal en la calle Marqués de Sotelo. Y que esa cantidad podría corresponder al ingreso de un cheque en la cuenta de Vera por 100.000 euros con cargo a una mercantil de Jaime Febrer y que se enmarca en uno de los contratos aparentemente ficticios.

Todo ello demostraría, a juicio de la Guardia Civil, el acuerdo para el pago de una comisión por importe de dos millones de euros alcanzado entre Febrer y Vera: "Máxime considerando los movimientos de fondos que tienen lugar poco después, cuando desde el Grupo Axis y a través de diferentes vías se efectúan pagos cuyos beneficiarios habrían sido el propio Vera y el PSOE". 

Intermediación en 2019

En cuanto a los abonos por parte de empresas, la investigación de Azud sitúa a Acciona y Grupo Gimeno como las mayoritarias y, en menor medida, Construcciones Luján. Las conversaciones entre Gimeno y Pepe Cataluña analizadas evidencian, para la UCO, la existencia de una relación en aquel momento y hasta fechas recientes. Un ejemplo es una secuencia de mensajes entre ambos en 2019 sobre algún tipo de expediente que el empresario mantenía abierto con la Agencia Tributaria Valenciana y que habría finalizado con la firma de un acuerdo de conformidad. Al parecer, Pepe Cataluña intermedió para que se reuniera con responsables de la Agencia Tributaria.

Aunque todos estos hechos se tendrían que encasillar en un delito de financiación irregular del PSPV, esta línea de investigación no es posible –al menos por el momento– debido a que las fechas en las que se produjeron no existía ese delito, incorporado al Código Penal en la reforma de 2015. Esto supone que no se pueda perseguir. A ello se suma que, al tratarse de 2006 y 2007, se trataría de un presunto delito electoral ya prescrito. Por lo tanto, únicamente se puede continuar por la vía del cohecho –a no ser que apareciera algún elemento nuevo–, que es en la que se basan actualmente esta parte de las pesquisas.