FOTO: EFELos problemas de salud pública pueden adquirir ribetes peligrosísimos a poco que nos descuidemos. Los brotes de listeria detectados en relación con diversos productos de empresas andaluzas nos recuerdan las precauciones que es preciso adoptar. La reacción inicial de la Junta de Andalucía, que tardó en hacer público el problema y luego tendió a quitar hierro al asunto, se ha visto sucedida rápidamente por la adopción de medidas drásticas para detectar el brote, controlarlo y paliar sus efectos sobre cientos de afectados, algunos de los cuales han fallecido.
En España hemos aprendido dolorosamente las consecuencias de no cuidar las condiciones sanitarias en las que llegan los alimentos a la población, así como de quitarle importancia a este tipo de cuestiones cuando salen a la palestra. Hablo del síndrome tóxico detectado en 1981, cuyo origen, finalmente vinculado con la venta al público de aceite de colza desnaturalizado, en un principio se desconocía. Pasaron a la historia las palabras del entonces ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, para tranquilizar a la población: "Es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata".
Afortunadamente, hemos avanzado mucho desde entonces. Los controles alimentarios son mucho más estrictos y funcionan mejor; las alertas sanitarias se dan en una medida mucho menor y tienden a ser de menor gravedad. La población, las instituciones, y los productores (con algunas excepciones), muestran preocupación y sensibilidad por garantizar que los alimentos que llegan al público lo hagan bajo estrecha supervisión sanitaria; es una cuestión de puro sentido común.
Sin embargo, en otros ámbitos de la vida, por desgracia, parece que en España no hemos aprendido nada, a pesar de que también aquí tenemos abundantes ejemplos de mala praxis. Hablo del asunto desvelado por Abc, el plagio del presidente del Senado, el socialista Manuel Cruz, en un manual de filosofía publicado en 2002. Ante el escándalo, la reacción del presunto plagiador y de su entorno (en particular, de su entorno político) ha sido de manual también: reconocer que, en efecto, la información de Abc es correcta, pero que no tiene mayor importancia. Que se trata de un plagio menor; ni siquiera de un plagio, porque la obra que contiene los supuestos plagios es una obra de carácter didáctico y divulgativo y, por lo visto, según defienden el autor (del manual y de los plagios), Manuel Cruz, y la propia ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en este tipo de obras los plagios no son para tanto.
Por supuesto, a quitar importancia al hecho en sí se suma el afán por matar al mensajero (Abc), que se supone que habría desvelado esta información en un intento de "intoxicar" y afectar al buen nombre de Manuel Cruz, un intelectual de reconocido prestigio a quien no se le puede achacar mácula alguna. Como Abc es una publicación conservadora, ya tenemos ahí un clavo ardiendo al que agarrarse: seguro que lo sacan con intención de hacer daño. Y es muy posible que así sea. La cuestión es si los hechos denunciados son reales, y cuál es su alcance.
¿Es un plagio lo denunciado por Abc? Pues, como indican las pruebas, y como el propio autor del plagio, el PSOE y el Gobierno reconocen con alegre desvergüenza, sí. Porque no se trata de un par de omisiones, que podrían atribuirse a un despiste, sino de una tónica general. Son ya más de una decena los párrafos que el autor copia y pega de otras obras de referencia, que nunca cita. Y en eso consiste el plagio: en coger un texto ajeno y presentarlo como propio. Y da igual que el texto ajeno tenga más o menos valor o que el propio busque un propósito u otro. Si se copia sin citar, es un plagio. Y si se presenta la obra ajena como propia, es un fraude intelectual, aunque el propio autor (del plagio) intente desvalorizar dicho plagio por la vía de quitarle valor a su obra, un manual divulgativo con plagios ingenuos y sin importancia.
¿Es muy grave el plagio denunciado por Abc? Desde mi punto de vista, no es un asunto menor, porque dice mucho de cómo trabaja Manuel Cruz. Sin embargo, me parece mucho peor la reacción, en línea con el plagio mismo: echar balones fuera para no asumir la responsabilidad. Tal vez reconocer los hechos y justificarlos en algún error en la citación habría sido un camino más honrado.
Desde luego, hay que reconocer una cosa: desde el punto de vista político, la estrategia de Manuel Cruz y del PSOE, a la vista de los antecedentes, es la correcta. Si quieren preservar su posición en el campo de batalla político, está claro que han de negar la gravedad de los hechos y arrojar todas las sombras que sean posibles sobre la intencionalidad de los críticos. Aquí juegan con ventaja, porque es poco probable que en la oposición hagan demasiada sangre con esto. Recuerden que el propio líder del PP, Pablo Casado, superó sus sonados problemas con la acreditación de sus estudios (de licenciatura y de máster), al igual que el presidente Pedro Sánchez logró dejar atrás el espinoso asunto de su tesis doctoral. Dos cuestiones que ahora parecen amortizadas en el contexto de lucha de trincheras, permanentemente electoral, en que nos hallamos.
Los políticos han descubierto que estas cuestiones de hurto intelectual hacen que el público se ría de ellos o los desprecie, pero no son suficientemente graves como para provocar su dimisión. Así que aquí seguirán, plagie quien plagie. Y si la ministra de Educación tiene que salir a decir que es genial copiar y pegar textos de otros para presentarlos como propios, saldrá sin ningún problema. Que tomen nota todos los estudiantes que se ven tentados de copiar un texto de la Wikipedia o de cualquier otra fuente para solventar algún enojoso trabajo de clase.
