Un respeto a Les Corts, Aurelio

(Actualización: La APV asegura que Aurelio Martínez ha rectificado y sí comparecerá) 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no quiere ir a Les Corts a que le pregunten por un asunto de mucha relevancia para los valencianos. El feo de Aurelio Martínez a la Cámara autonómica, porque lo que ha hecho es un feo muy grande, es especialmente grave en un alto cargo de la Administración que ha sido nombrado a dedo por el president de la Generalitat, Ximo Puig, elegido por esas Corts a las que el presidente del Puerto no quiere acudir.

Al presidente del Puerto lo convocó la Comisión de Obras Públicas de Les Corts a petición del portavoz de Podemos, Antonio Montiel, para que informase sobre un asunto por el que nos preguntamos muchos, como es el uso de las 65 hectáreas de huerta expropiadas en La Punta para construir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que lleva diez años terminada y sin actividad.

Se da la circunstancia de que en el Consell del socialista Joan Lerma que inició las expropiaciones en La Punta hace más de 20 años estaba como conseller de Economía y Hacienda el propio Aurelio Martínez. Así que nadie mejor que él para responder a una cuestión que no es sobre su gestión en el Puerto de Valencia, sino sobre qué pasa con unos terrenos cuya expropiación causó un gran desgarro en esta pedanía de Valencia que un mal día amaneció llena de pintadas no contra la Generalitat ni contra Lerma ni contra Martínez, sino contra el Puerto amigo: "ZAL no, Puerto traidor".

Si Aurelio Martínez quisiera ir a explicarlo, se presentaría en Les Corts y lo explicaría con la vis pedagógica que le caracteriza, como hizo en el reportaje que dedicamos en la revista Plaza al asunto. Pero como no quiere, ha encargado un informe a la Abogacía del Estado –"he recibido un informe...", dice en su escrito a Les Corts– para no tener que ir.

La Abogacía del Estado, que ya tiene experiencia en boicotear la actividad de las instituciones democráticas que no sean estatales, ha elaborado un informe infame para justificar no ya que Martínez no tenga que acudir, sino –conclusión única– que "Las Cortes Valencianas no pueden pedir la comparecencia del Presidente de la Autoridad Portuaria pues ésta no es una institución de la Generalidad (sic) Valenciana". Una conclusión sorprendente porque Les Corts sí que pueden pedir esa comparecencia y, de hecho, ya la han pedido.

El informe firmado por Fernando Llopis Giner –uno de los directivos de la APV que cobraba irregularmente un sobresueldo de otra sociedad portuaria porque, aún siendo abogado del Estado, no sabía que era ilegal– avergonzaría a un estudiante de Derecho. Llopis llega a la conclusión de que la Cámara autonómica no puede pedir la comparecencia de Martínez después de recoger que el artículo 44.1 del Reglamento de Les Corts dice textualmente que las comisiones podrán "solicitar la presencia de otras personas con la misma finalidad", siendo esta finalidad "que informen acerca de los extremos sobre los que fueran consultados".

Para pasar por alto que Martínez sí puede ser citado, como cualquier "otra persona", el Abogado del Estado resalta la obviedad de que las autoridades portuarias dependen del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado y, por tanto, su control corresponde a las Cortes Generales. Sin embargo, ‘olvida’ mencionar que al presidente de la Autoridad Portuaria no lo nombra el Estado, sino el president de la Generalitat, lo que le obliga a tener algo más que respeto hacia las instituciones valencianas.

La cuestión que debería haber respondido Llopis no es si Les Corts pueden llamar al presidente del Puerto, sino si éste tiene obligación de ir. Pero no lo hace porque revelaría que acudir o no depende de la voluntad de Aurelio Martínez y no de una obligación o impedimento legal. 

Para rematar la faena, Llopis se apoya en cuatro informes del Gobierno central, la propia Abogacía del Estado y el Consejo de Estado que rechazan la presencia de cualquier autoridad del Estado "en comisiones de investigación" de parlamentos autonómicos. Es decir, confunde –adrede, porque no es tonto– las comisiones de investigación con las comisiones parlamentarias normales y corrientes en las que no se investiga nada ni a nadie.

(Si hablamos de comisiones de investigación, recuérdese el caso del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se negó a ir a la de la CAM escudándose en uno de esos informes del Consejo de Estado que por suerte para el Estado no son vinculantes. Les Corts estuvieron firmes y le recordaron que el Código Penal sí es vinculante y castiga a quien no acuda a una comisión de investigación, diga lo que diga el Consejo de Estado. Y MAFO acabó presentándose a contar sus medias verdades).

En el caso de la ZAL ni siquiera hablamos de una comisión de investigación. Hablamos de una comisión parlamentaria en la que se llama a la gente para solicitar información y donde los convocados pueden libremente acudir o no, salvo los funcionarios y altos cargos de la Generalitat, que están obligados. Aurelio Martínez, que no está obligado, ha decidido no ir, pero para eso no necesitaba escudarse en un informe de la Abogacía del Estado.

Quizá la solución sea que quien lo nombró, su amigo Ximo Puig, le llame y le pida que no desaire a Les Corts. O que Montiel le pase las preguntas a Puig, éste se las haga a Martínez y luego Montiel cite a Puig para ver qué cuenta de la ZAL el presidente del Puerto. Pero, sin duda, lo más fácil es que Aurelio Martínez vuelva a escribir a Enric Morera y le diga que, aunque no tiene obligación, comparecerá en la Comisión de Obras Públicas, como no podía ser de otra manera tratándose de la Cámara que representa a todos los valencianos, etc, etc.