Hoy es 15 de agosto
VALENCIA. La persona que entregó a Valencia Plaza los papeles y facturas de la empresa Laterne Product Council (LPC) que acreditarían que el Grupo Municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia gastó tres millones de euros en la campaña de Rita Barberá de 2007 -20 veces más de los declarado-, también tiene la condición de testigo en la causa por delito electoral y blanqueo de capitales que instruye el Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia.
Esta persona, que ha colaborado con la Justicia desde el primer momento, ya ha prestado declaración ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y ante el magistrado instructor de la Operación Taula. Según ha podido saber este periódico, en dicha declaración una de las afirmaciones más relevantes es la que se centra en el que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau.
En su testimonio explicó a los investigadores que Grau no sólo firmó el contrato con Laterne, sino que presuntamente sabía perfectamente de dónde venía el dinero negro, ya que fue Alfonso Grau quien le "entregó 350.000 euros en metálico de una de las empresas donantes" para que lo llevara a LPC.
Además, también habría sido supuestamente el vicealcalde el dirigente que le dijo a esta persona que "tenía que quedar con uno de los empresarios para recoger un cheque por 150.000 euros que iban destinados a pagos de la campaña", según su testimonio.
Esta declaración pone en una situación más que complicada a Alfonso Grau, ya que no sólo es la persona que firmó el contrato de la campaña y fue director de la misma, sino que ahora aparece como el principal sospechoso de ser el presunto recaudador del que la entonces secretaria y cajera del PP municipal, Mari Carmen García-Fuster, ya habló en una de sus comparecencias ante el magistrado instructor.
A este respecto, fuentes del PP consultadas por Valencia Plaza aseguran que la persona que "mandaba y decidía en las campañas electorales" era siempre Alfonso Grau, seguido por García-Fuster. Según estas mismas fuentes "ambos eran los encargados del dinero".
En la declaración de García-Fuster en la que reconoció las entradas de dinero ilegales en las cuentas del Grupo Municipal del PP, y que terminó con su imputación por delito electoral, la cajera habló de la existencia de una persona, a la que definió como "el recaudador", que era la encargada de buscar y recoger el dinero de los diferentes donantes del PP de Rita Barberá. Sin embargo, durante aquella comparecencia, García-Fuster se acogió a su derecho a no declarar y se negó a dar ningún nombre cuando el fiscal Anticorrupción y el juez le preguntaron al respecto.
Desde aquella declaración, el nombre del vicealcalde siempre ha sido uno de los que figuraban en las quinielas, aunque nadie se ha atrevido a acusarle de nada. Ahora, la última declaración judicial prestada por un testigo comienza a dar forma a la hipótesis de que pudiera ser Grau la persona que estaba detrás del famoso ‘recaudador’ mentado por Mari Carmen García-Fuster.
El próximo día 10 de enero caduca el secreto de sumario parcial que el magistrado instructor decretó sobre la documentación de LPC que le entregó Valencia Plaza, y será tras levantarse dicho secreto cuando se conozca la declaración íntegra del citado testigo y cuando Alfonso Grau tenga que pasar, otra vez, por el juzgado a dar explicaciones.
Las fuentes del Partido Popular consultadas por este periódico afirman que estas nuevas informaciones que ponen en el filo de la navaja al que fuera mano derecha de Barberá no son, ni mucho menos, buenas noticias para sus excompañeros de partido imputados por blanqueo de capitales. Esas fuentes explican que "es Grau la persona que ha dirigido, junto con Rita Barberá, el consistorio los últimos 20 años y, por tanto, conoce todos los ‘trapos sucios’ de los que fueran sus compañeros. Opinan que si se ve acorralado puede optar por ‘hablar’ y eso dejaría a los pies de los caballos a más de uno".