18 de los 67 comparecientes citados no acuden a la comisión de investigación de Ciegsa en Les Corts

VALÈNCIA. La comisión de investigación de Ciegsa de Les Corts emitirá su dictamen después de casi tres años de sesiones. Después de tres aplazamientos y triplicar el calendario parlamentario previsto -debía haber finalizado en octubre de 2016-, el 28 de octubre es la fecha que se han marcado sus señorías para exponer unas conclusiones que tratarán de dirimir si hubo responsabilidades políticas en los sobrecostes que se produjeron en la empresa pública creada por Eduardo Zaplana para construir y reparar colegios en la Comunitat Valenciana.

Ahora bien, serán unas conclusiones incompletas. No en vano, a lo largo de las tres ampliaciones del plan de trabajo de esta comisión de investigación, un total de 67 personas fueron llamadas a comparecer en sede parlamentaria, de las cuales 18 nunca llegaron a acudir a Les Corts para hacerlo.

Algunos de ellos –la mayoría–, señala el diputado de Podemos, Jordi Alamán, no lo hicieron porque no fueron localizados por los servicios jurídicos de la Cámara. El cambio de domicilio de muchos de ellos es, principalmente, el motivo por el que la labor de localización se ha complicado en numerosos casos.  

Otros, no obstante, se han negado a acudir a sede parlamentaria pese a estar obligados a ello, ya que la Constitución Española exige comparecer en una comisión de investigación si uno es convocado. Entre las ausencias más destacadas se encuentran desde consejeros y ex consejeros de constructoras que recibieron encargos de Ciegsa hasta extrabajadores de la sociedad pública. 

En el primero de los supuestos se encuentran los exvicepresidentes y ex consejeros de BM3 Luís Grau Mifsud y Jesús Nazareno; el presidente de Cleop, Carlos Turró; el expresidente de Algeco Construcciones Modulares Jaime Sugrañes Nolla; el consejero de ABC Arquitectura Modular Santiago Sánchez Ruiz; el apoderado de CYES Infraestructuras Guillermo Orozco Perals, y la consejera de Construcciones Villegas Rosa María Villegas Martínez. 

Extrabajadores de Ciegsa

El otro grueso de ausencias lo encabezan extrabajadores de la empresa pública. Aunque los servicios de la cámara intentaron contactarles en varias ocasiones, la búsqueda fue vana. Es el caso de Nuria Más Peña, Consuelo Ordoñez Fenollar, Antonio Gil Monteagudo -candidato en las listas del PP de Francisco Camps en las autonómicas de 2011 y de quien Compromís denunció que cobró sueldos desorbitados en la empresa pública-. También se encuentra José Ramón Ruiz Checa, si bien éste asegura que no recibió ninguna notificación de Les Corts y recuerda que ya compareció ante la UCO para ofrecer nombres de zombies que no tenían localizados. Por otra parte, fueron llamados a declarar Ramón Cervera Prada, Belén Cuenca y Emilio del Toro -concejal del PP imputado en la Operación Taula y que los diputados de la comisión de Ciegsa identificaron como uno de los zombies de Ciegsa-. 

Ahora bien, una de las que más destaca entre los extrabajadores es la de Carlos Roqués, exdirector técnico de Ciegsa que tenía un salario asignado en la sociedad de más de 60.000 euros y que en 2008 comenzó a trabajar en BM3, constructora a la que se le habían adjudicado decenas de trabajos de los cuales algunos se tuvieron que subcontratar con otras constructoras porque ésta no pudo asumir el desarrollo de todos los encargos. Un movimiento por el que Compromís incluyó su comparecencia en el plan de trabajo porque les parecía "inquietante" -en palabras de la portavoz adjunta, Mireia Mollà- su trayectoria, ya que en apenas un mes alcanzó un puesto directivo. Las últimas noticias que tuvieron los diputados de Les Corts sobre Carlos Roques es que había contribuido a construir un hospital en Perú.

Tampoco los servicios de la cámara localizaron a otra exempleada relevante en la empresa, Elena Bosque, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situó -junto a Joan Vergara- como nexo de unión entre los presuntos amaños realizados en Imelsa y Ciegsa. No en vano, ésta trabajó en la empresa de 2004 a 2008 y fue nombrada directamente por el exgerente y presunto cabecilla de la trama, Máximo Caturla, para dirigir el departamento de Proyectos de Ciegsa tras destituir a cuatro técnicos de la empresa. Alejandro Caturla también fue llamado a comparecer, pero no fue localizado. 

Por último, tampoco acudió a la cita cuando fue requerido José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Marín Quemada fue llamado a comparecer después de que la comisión que preside multara con nueve millones de euros a cuatro de las cinco empresas constructoras que, presuntamente, se repartieron los concursos licitados entre 2008 y 2012 por Ciegsa y pactado precios, encareciendo el coste final.

Sin embargo, según fuentes de la comisión de investigación de Les Corts, "la representación -su letrado- del presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia respondió que por su rango, debería ser llamado al Congreso de los Diputados y no a una comisión parlamentaria de un parlamento autonómico". Un argumento que fue utilizado en otras comisiones de investigación por dirigentes de otras entidades nacionales, como los expresidentes del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y que la Cámara valenciana rechazó con contundencia, obligándolos a comparecer en la comisión de investigación de la CAM, pues la ley no hace tal distinción entre las comisiones del Congreso y la de las cortes autonómicas.

Con este escenario, las conclusiones no podrán recoger los testimonios de todos aquellos que desde el principio estaban llamados a construir un relato sobre lo ocurrido aquellos años. Si bien estas conclusiones, como marca la Constitución, no serán vinculantes para los Tribunales –Ciegsa todavía está en los juzgados– ni pueden afectar a las resoluciones judiciales, el resultado de la investigación sí "será comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones oportunas".