Un trimestre de pesadilla digital en las aulas

La Comunitat Valenciana era la única región europea que había desarrollado herramientas de código libre para los alumnos y profesores de sus centros educativos. Pero en diciembre de 2020 se produjo un giro sustancial. Las Consellerias de Hacienda y Educación firmaron un convenio marco con Microsoft para llevar a cabo “las acciones de colaboración que se juzguen más oportunas en cada momento”, según afirma literalmente el acuerdo. 

De resultas de ello, al cabo de unos meses vería la luz el modelo de Centro Digital Colaborativo (CDC), que incrusta las herramientas del Office 365 en el set de soluciones de software libre disponibles y crea un nuevo sistema de identidad digital cuya implantación supone de hecho una transformación en toda regla de la actividad de más de 8.000 profesores. 

Y en esas estamos, en medio de un proceso de cambio que no está resultando sencillo para muchos docentes ni, sobre todo, para las direcciones de los centros que tienen que liderarlo. En realidad, en algunos casos, se ha convertido en la pesadilla del primer trimestre de 2022. La entrada en vigor de la LOMLOE, con sus cambios de currículum, con su destrucción creativa de asignaturas, añade mambo a las aulas.

La principal fuente de complicaciones está siendo el trasvase de los datos acumulados durante años de docencia en otras plataformas, por ejemplo Edmodo o Google Classroom, para que puedan ser interoperables en los cinco pilares del CDC: el sistema operativo Lliurex, la plataforma AULES, la plataforma Web família, las páginas web de cada centro educativo, alojadas en el PortalEdu, y ahora en la plataforma Office 365 de Microsoft. El sistema de control de asistencia y partes Itaca también está incluido, obviamente. 

Pese a que en las declaraciones públicas se aludió al impacto de la pandemia y al auge de las tecnologías de formación a distancia vinculado a ella, la relación de la Comunitat Valenciana con Microsoft en el ámbito educativo no era nueva. De hecho, la mayoría de regiones españolas utilizan el Office 365 en Educación, especialmente desde finales de la pasada década, lo que ha alimentado una polémica recurrente acerca del alojamiento de los datos personales y la privacidad. Mezcla de verdad y de interesado postureo ideológico, todo sea dicho.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el acuerdo se compromete a “poner a disposición de todo el profesorado y el alumnado” una cuenta de correo “titularidad de la Generalitat Valenciana soportada por Microsoft. Esta cuenta de correo será una parte de su identidad digital y podrá servir como pasarela a otros servicios anejos que serán provistos sin ningún coste. En caso de finalización del servicio se asegurará la portabilidad e interoperabilidad de la información”. Que cada cual valore un modelo así. La educación se tenía que digitalizar.

Es llamativo, no obstante, leer cómo argumenta en junio de 2019 la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat un contrato de suscripción de tres años de las licencias educativas de Miscrosoft para varias ramas de FP. Afirma que las contrata porque “constituyen un estándar de facto en el ámbito de la ofimátca, siendo las herramientas más extendidas en el mercado en este nicho”.

El mundo anda necesitado de estándares, precisamente. Esta década será la del nacimiento de los estándares del próximo ciclo tecnológico, en ámbitos tan críticos para la economía como el 5G, la federación de nubes europea o el internet de las cosas. También incluso en el de la lucha contra el cambio climático: la taxonomía para la financiación sostenible desarrollada por la Unión Europea para determinar si un proyecto es ‘verde’ a efectos de la recepción de fondos públicos y privados es un estándar en toda regla.

Pero esta carrera por los estándares discurre en paralelo a una apuesta cada vez mayor por las soluciones de código abierto, tanto en software como en hardware, con la iniciativa RISC-V como referente absoluto de este último. Se visualiza como el entorno más favorable a la innovación y como una vía para democratizar el acceso a la tecnología para aquellas empresas e instituciones que no quieren caer en las redes de un software propietario que exige contratos de compra de licencias para varios años. 

Pese a la tranquilidad y la seguridad que proporciona, la dependencia tecnológica del software propietario acaba limitando el margen de innovación y, en muchos casos, implica pagar por muchos servicios que no se van a utilizar. Veremos cuántas de las opciones del Office 365 acaba necesitando usar cada profesor. Las grandes corporaciones tecnológicas lo han entendido las primeras, obviamente, y la aceptación de que su set de soluciones conviva con la base de código abierto de la Generalitat demuestra cintura por parte de Microsoft. 

La cuestión, como todo en el ámbito de la tecnología, es estratégica. Más allá de las molestias que pueda provocar durante unos meses a los profesores la adaptación al CDC, debemos formularnos la pregunta: ¿por qué no hemos sido capaces de mantener la apuesta por el código libre en nuestro sistema educativo? ¿Cuál es el déficit real que Microsoft sí ha sabido cubrir?