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tribuna libre / OPINIÓN

Una buena noticia

3/05/2020 - 

El panorama que nos describen los medios de comunicación es propio de una catástrofe. Resulta difícil encontrar un artículo o columna que no hable de muertos, de contagios, de parados, de ERTEs, de bulos o de fakes, sin que nadie sea capaz de vislumbrar el más mínimo rayo de esperanza. La crisis sanitaria acabará tarde o pronto, pero todo apunta a que en unos meses tendremos la vacuna contra el coronavirus. Por eso, lo que más nos angustia es la crisis económica que ha precipitado esta pandemia, y que está empezando a golpear de forma muy violenta a algunos países, entre ellos España.

Algunos economistas de prestigio, e incluso Andrea Canino, presidente del Consejo de Cooperación Económica, hablan sin tapujos de una "repatriación" o relocalización, preferentemente de actividades sensibles, que evite la dependencia de la Unión Europea de China y de otros terceros países. Esta crisis pandémica ha puesto de manifiesto la excesiva sumisión económica de países como el nuestro a la llamada "fábrica del mundo" (China). Dependencia que no sería peligrosa ni excesivamente dañina si no fuera porque, tal y como hemos podido comprobar, puede provocar falta de suministros.

Así pues, teniendo en cuenta que durante la próxima década forzosamente se va a producir una relocalización de muchas de las empresas europeas (en gran número españolas), uno de los temas que habrá que tener en cuenta es el estado en que se encuentra nuestro suelo industrial. La reubicación en España de factorías deslocalizadas de empresas europeas traerá consigo un incremento de la demanda de suelo industrial que, de algún modo, compensará la destrucción de pequeñas y medianas empresas nacionales. 

Afortunadamente, la Comunidad Valenciana tiene una parte de sus deberes hechos. Va por delante del resto de las comunidades autónomas españolas gracias a que en junio de 2018 aprobó la Ley 14/2018, sobre gestión, promoción y modernización de las áreas industriales, que es un buen instrumento para facilitar el aterrizaje de nuevos establecimientos industriales en nuestro territorio. Esta ley no solo crea un nuevo instrumento de gestión de los polígonos, que se llama EGM, sino que además prescribe la posibilidad de que la Generalitat y los ayuntamientos establezcan incentivos y bonificaciones fiscales que sirvan para atraer a las empresas. Del mismo modo, dicha ley contempla la concesión de ayudas para la modernización de los parques empresariales que favorezca la implantación de infraestructuras y servicios de valor añadido que hagan de la Comunidad Valenciana un lugar preferente a la hora de ubicar una empresa manufacturera.

 Parque empresarial El Campaner de Alcalá de Xivert. Foto: IVACE

Tenemos lo mimbres. Esta es la oportunidad. No debemos desaprovecharla. ¿Qué nos falta? La Generalitat lo ha hecho todo o casi todo. Desarrolló la ley a través de un reglamento. Ha creado el registro de las citadas Entidades de Gestión y Modenización (EGMs). Aplaudió, a través de su presidente, la constitución de la primera EGM en el Parque Tecnológico de Valencia (ahora denominado de Paterna). Está apoyando otras que están en fase de constitución en Fuente del Jarro, en el Parque Logístico de Ribarroja-Loriguilla, Manises y otros lugares. Colabora estrechamente con los alcaldes, como el de Paterna, que con una enorme visión estratégica fue el primero en apostar por algo que durante los próximos años servirá para que su ciudad sobresalga por encima de las demás, en cuanto a la generación de riqueza y el mantenimiento de puestos de trabajo.

Sin embargo, según mi experiencia, la mayoría de los municipios son excesivamente lentos a la hora de aprovecharse de las nuevas herramientas legislativas. Van a lo de siempre. Su visión apenas alcanza más allá de lo que se ve desde las ventanas del consistorio. Aunque seas acompañado de los representantes de las asociaciones empresariales, e incluso de empresarios de referencia que aglutinan cada uno de ellos a varios cientos de trabajadores, se permite que algunos funcionarios parezcan eternos entre papeles, burocracia que se utiliza como excusa para no tener que innovar. Ya sé que enfrentarse a lo nuevo genera pereza. ¡Viva la rutina y que nadie me saque de ella! Sin embargo, esto va a tener que cambiar.

Desde el otro lado, el individualismo empresarial y el egoísmo antipatriótico del sálvense quien pueda conducen al fracaso. Yo tengo un buen amigo que se fue a fabricar sus grifos y sanitarios a China y volvió copiado, defraudado y sin empresa. Hoy es propietario de un pequeño restaurante (que con un poco de suerte sobrevivirá a este nuevo desastre) y vive de los ahorros familiares. El lector seguro que podría poner otros ejemplos. El vecino de al lado seguirá siendo, quizá, un competidor. Pero más vale un competidor leal, sometido a las normas del Derecho mercantil europeo, que un monstruo estatal que controla toda su economía a través de un partido único (que se llama comunista), que está dispuesto a saltarse las más mínimas reglas de la honradez comercial. El propietario de la nave de enfrente en algunos casos puede ser nuestro competidor en el mercado, pero en muchos otros puede ser nuestro mejor colaborador en gran cantidad de asuntos, como por ejemplo a la hora de mejorar las condiciones de trabajo de nuestro polígono, su proyección internacional o de revalorizar el precio del propio terreno en el que se asientan las naves.

Por otra parte, no es sólo que más del cincuenta por ciento del PIB nacional se genere en parques empresariales, es que España no puede seguir dependiendo tanto del sector turístico y de la hostelería. La relocalización de empresas industriales puede ser la oportunidad que llevamos tantos años esperando para hacer de España ese país industrial que necesitamos, ahora más imperiosamente que nunca. Que no es fácil, eso lo sabemos todos. Pero estoy seguro de que lo vamos a hacer, sencillamente porque no nos queda más remedio. No existe alternativa.

Por suerte, una buena noticia para la Comunidad Valenciana: al menos tenemos una ley que nos puede ayudar a hacerlo antes que otros.

Juanma Badenas es catedrático de Derecho civil de la UJI, escritor, experto en áreas industriales, miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica

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