Albert Rivera ha dicho en el Congreso lo que muchos pensábamos de la venta del Banco de Valencia, pero ni los grandes partidos ni la Justicia parecen interesados en investigar la actuación del FROB
"El Banco de Valencia se vendió por un euro, una estafa en toda regla". Se lo dijo este miércoles el líder progresista liberal de Ciudadanos, Albert Rivera, a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, a lo que el presidente respondió que su Gobierno "hizo lo que procedía" y que "no podía hacer otra cosa". Lo que viene a significar que el Gobierno y el PP no tienen ninguna intención de crear una comisión de investigación sobre el rescate de la banca, que es lo que pedía Rivera. El PSOE, cooperador necesario, estará con el PP y todo quedará en nada.
Una estafa es delito y una acusación tan grave debe ser investigada, pero esta es la hora en la que esos fiscales tan puntillosos con la manera en que los administradores del Banco de Valencia gestionaban esta entidad privada –el juez Pedraz les ha archivado ya cuatro denuncias contra Parra y compañía– no han mostrado interés alguno en investigar al denunciante, el FROB, que se saltó a la torera toda norma que pudiese malograr su objetivo de malvender el Banco de Valencia a Caixabank.
En algún cajón de la Audiencia Nacional debe dormir aquel informe de la Subinspección del Banco de España –del que depende el FROB– sobre pufos descubiertos en el Banco de Valencia, uno de los cuales fue cometido no por los antiguos gestores sino por el equipo del FROB que se hizo cargo del banco cuando fue intervenido. Ojo al dato, el Banco de España denunció hace más de tres años una operación del FROB en el Banco de Valencia... y nada.
Ese equipo del FROB estaba encabezado por José Antonio Iturriaga, quien después de cerrar la venta del banco por un euro cogió la puerta giratoria y fue colocado por Caixabank como consejero en varias empresas participadas del Banco de Valencia. Era de bien nacidos…
Al Fondo Monetario Internacional (FMI) le pareció tan ejemplar la gestión de la crisis que hizo Iturriaga que lo nombró asesor en reestructuraciones bancarias, y eso que el experto se marchó de Valencia sin explicar por qué el FROB inyectó en el banco, justo antes de regalárselo a Caixabank, 1.000 millones de euros más de lo que la consultora Oliver Wayman consideraba necesario para evitar la quiebra. Mil millones de euros más de los contribuyentes –en total fueron 5.500 millones los inyectados–, y ninguna explicación.
La venta fue recurrida por vía contencioso-administrativa por una asociación de accionistas minoritarios del banco en la Audiencia Nacional, que pidió al FROB el expediente completo de la operación. El organismo público se negó a aportar el expediente administrativo completo foliado y autentificado, al parecer porque no existe. Ese es el nivel. ¿Alguien ha dicho algo?
Tampoco el fiscal que tiene asignado el Tribunal de Cuentas considera investigable que los responsables del FROB y del Banco de España, cuando elevaron a los ministerios de Hacienda y de Economía la memoria económica del rescate del Banco de Valencia, ‘olvidaran’ informar de las garantías sobre créditos fiscales y bases imponibles negativas a las que se iba a obligar el FROB, que ascendían a 2.841 millones de euros. De hecho, según el Tribunal de Cuentas, "no consta que estas garantías hubiesen sido aprobadas expresamente por la Comisión Rectora del FROB ni que hubieran sido incluidas en el correspondiente plan de resolución aprobado por el Banco de España". ¿Cómo que "no consta"? ¿No hay unas actas? ¿Se colaron de tapadillo en el contrato?
En otras palabras, cuando el Gobierno aprobó la compraventa es posible que no supiera que la broma podía costarle 2.800 millones más, ya que el FROB se saltó la ley al no informar de las garantías, según el Tribunal de Cuentas. Alega el FROB que es "esta incidencia tiene un carácter meramente formal o documental", pues dichas garantías figuraban en la cláusula novena del contrato de compraventa, que se adjuntó como anexo.
Montoro y De Guindos, lógicamente, leyeron la memoria económica pensando que ahí estaba todo porque así lo establecía la ley. Una ley de 2012 tan laxa para el FROB que atribuía a este organismo público "potestades que se desarrollan en la esfera privada, sustraídas al marco normativo público, por sus propias reglas de procedimiento". Pues ni así la cumplieron.
Lo gordo es que también se les olvidó a los responsables del FROB informar de esas garantías a los medios de comunicación, que no tenían acceso al contrato, y ahí no hay excusa. El FROB engañó a la opinión pública y estafó a los españoles, puesto que el motivo argüido para vender el banco por un euro en lugar de liquidarlo es que a los contribuyentes nos iba a salir más caro lo segundo que lo primero. Y no era así. El coste de la liquidación se fijó en 6.340 millones de euros y el de la venta a Caixabank en un máximo de 6.000, pero esa cantidad no incluía los créditos fiscales ni sus garantías.
Dice el FROB en su descargo que aunque no informase, al final las garantías no se ejecutaron y el coste para este organismo, en ese punto, ha sido de cero euros. Lo que no dice, y tampoco lo recoge el Tribunal de Cuentas, es que las garantías no se ejecutaron porque Caixabank se pudo descontar los créditos fiscales, 1.087 millones en 2013, que en román paladino significa que la entidad catalana se ahorró 1.087 millones en impuestos gracias a la absorción del Banco de Valencia, que había comprado por un euro. Y Montoro, callado.
A estos 1.087 millones Caixabank suma ingresos por la venta de la participación en Aguas de Valencia (100 millones), la de Bodegas Riojanas (2 millones) y otras participaciones de la cartera del banco valenciano que no valía nada.
Pasaré por alto, para no alargarlo, las otras irregularidades cometidas por el FROB en la venta de la centenaria entidad valenciana, como la contratación de Oliver Wyman. Quien tenga rato puede echar un vistazo al informe completo del Tribunal de Cuentas. También habla de la CAM, que merece capítulo aparte.
Lo que no se puede pasar por alto es el último descubrimiento que ha hecho Caixabank al anunciar los resultados de 2016. Dice la entidad presidida por Jordi Gual que hasta ahora no ha necesitado ni un euro del Esquema de Protección de Activos (EPA), el dinero del FROB previsto para cubrir posibles pérdidas por los activos tóxicos de la cartera crediticia del Banco de Valencia.
Al parecer, los activos tóxicos han evolucionado mejor de lo esperado. O será que no eran tan tóxicos como pensaba Oliver Wyman cuando estimó en 4.500 millones, que dos meses después fueron 1.000 millones más, el dinero público necesario para capitalizar la entidad antes de venderla por un euro. ¿Nos están diciendo que tampoco aquí había armas de destrucción masiva?