Una firma de los socios de cártel del hermano de Puig se adjudica otro contrato de À Punt 

VALÈNCIA. Una empresa gestionada por los Adell Bover, socios de Francis Puig –hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig– en el cártel de productoras por el que han sido sancionados, ya se ha adjudicado el contrato de À Punt para servicios similares a aquellos de los que fueron excluidos tras detectarse posibles irregularidades. 

La resolución que da luz verde ha sido firmada este martes por el director general de la radiotelevisión valenciana, Alfred Costa. Y resulta llamativa porque se produce pocos días después de la sanción de 43.000 euros impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a tres mercantiles vinculadas a los empresarios por pactar precios para un concurso de corresponsalías. El mismo que ahora ha ganado una firma de los Adell Bover, que aspiraron al contrato con otra diferente a las multadas. 

Se trata, concretamente, de la adjudicación de ese servicio durante el plazo de un año –con posibilidad de otro de prórroga– en las comarcas Els Ports, Alt Maestrat i Baix Maestrat por 36.000 euros. Licitado el pasado noviembre, se presentaron Comunicacions dels Ports, Miraelpardalet y TVCS Retransmisiones (productora de los Adell Bover). Tanto la primera (del hermano de Puig) como la segunda fueron excluidas en la valoración de la documentación presentada, de modo que la mesa de contratación propuso el 21 de diciembre la adjudicación del contrato a la tercera al haber obtenido la mejor puntuación (85 puntos de 100).

Vendida en 2019 por Marina d'Or

Televisión de Castellón fue vendida en 2019 por parte de Marina d'Or, la compañía presidida por Jesús Ger, a la familia Adell Bover, con la que ya venía colaborando para la realización de muchos de los contenidos de la cadena. Con este movimiento, se hicieron, además de con la infraestructura de la empresa, con las licencias para emitir en tres de las cuatro áreas audiovisuales en que se divide la provincia de Castellón: el Maestrat, Els Ports y la capital y su área de influencia. 

La duda que existe ahora es si puede ocurrir algo con estas adjudicaciones o con las futuras. El escrito de Competencia recordaba que la ley de Contratos del Sector Público establece que quedan sujetos a prohibición de contratar con las entidades que forman parte de la administración "las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia". Algo que ocurre en el caso de los responsables de las mercantiles Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions y Canal Maestrat, multadas por infracción muy grave.  

La misma norma señala, además, que las prohibiciones "afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas". Lo cual podría abarcar el intento de presentarse a concursos con otras firmas relacionadas con ellos. 

À Punt no puede legalmente paralizar los procesos

En este caso, la prohibición se produciría como resultado de un ilícito administrativo, de manera que ahora se deberá tramitar un procedimiento, de acuerdo con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, para concretar su duración y alcance. Por ello, Competencia remitió una certificación de la resolución a la Junta, que ahora tendrá que tomar una decisión respecto a los responsables de las mercantiles en base a su participación en los hechos objeto de sanción. Debido a que no se trata de algo inmediato, los contratos que estaban actualmente en marcha –como el nuevo de À Punt– podían seguir adelante a la espera de lo que establezca este órgano, con el interrogante de si la multa acabará afectando a los componentes del cártel. 

En un comunicado, la radiotelevisión valenciana ha incidido en que hasta que la mencionada Junta no se pronuncie sobre la posible restricción, "las empresas sancionadas tienen derecho a participar en concursos públicos". Por tanto, añaden, no pueden, legalmente, "dejar de tomar en consideración las ofertas que puedan presentar en los procesos de licitación".