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GRAND PLACE / OPINIÓN

Una historia de miedo

22/05/2018 - 

No los hemos contado, pero alguien debe tener las cifras… Claro, ¡los bancos! Pero nadie les ha preguntado. Ni a la CNMV, ni al Banco de España, que debían estar ahí para controlar, supervisar y denunciar. Porque, ahora resulta que entre 2008 y 2012 miles o cientos de miles de españoles se volvieron locos por comprar preferentes. Lo recuerdo aquí, ahora que la Audiencia Nacional -la que juzga tuiteros, raperos y titiriteros, según explicaba el magistrado Joaquim Bosch en estas páginas- acaba de archivar la causa abierta desde hace cinco años contra las cúpula directiva de Bancaja y Caja Madrid, y luego Bankia. 

Que dice la Audiencia Nacional que la "venta masiva de participaciones preferentes" -un producto financiero complejo perpetuo, como las carcajadas que aún suenan en los despachos de las grandes corporaciones- no es ni un robo ni una estafa. Que dice que es imposible que miles de empleados de estas entidades bancarias se pusieran de acuerdo o que alguien les diera órdenes de ir a la caza del pequeño ahorrador, en especial jubilados, para que invirtieran todos sus ahorros cuidadosamente guardados en un depósito a plazo fijo y se pusieran a jugar a ser brokers para el resto de sus vidas… Porque este dinero nunca lo iban a poder recuperar. Recordemos, es perpetuo. 

La noticia del auto de archivo, ya que ni siquiera se ha juzgado, ha quedado diluido entre el chalet que se acaba de comprar Pablo Iglesias en una zona residencial madrileña y la boda hollywoodiense de Harry -cuando Harry encontró a Meghan-. A los británicos ya les venía bien otra boda, después de todos los disgustos del Brexit. Por cierto, para quien no ha caído en la relevancia geoestratégica de este enlace, la boda real británica es una señal encriptada de la nueva política de seguridad y defensa del Reino Unido. La elección de una esposa estadounidense, en un momento en el que los británicos se divorcian de Europa, es un guiño a su inminente y fiel posicionamiento junto a Estados Unidos en el nuevo orden mundial -más si cabe-.

Volviendo al archivo de la Audiencia Nacional de la causa de las preferentes, porque ya se decidió entre el Fiscal General y todo los altos Tribunales que se seguiría la vía civil y no la penal, que dice que no puede ser que los empleados bancarios siguieran órdenes superiores todos al unísono. Es más lógico pensar que se les ocurrió todos a la vez la feliz idea de ponerse a vender a los abuelos participaciones preferentes de Merrill Lynch -que es el banco norteamericano que inyectó liquidez a Bancaja y Caja Madrid en la segunda emisión de acciones- a un valor muy alejado del real. Y ello ocurría justo cuando la agencia de calificación de rating Standard & Poor’s -la de los bonos basura y la prima de riesgo- bajaba el valor de las preferentes de CCC a CC, ya en 2012.

Porque esto es lo que dijo por dos veces la CNMV, la que vela por la corrección de las prácticas bancarias, en su Informe razonado sobre el ‘case’ de operaciones sobre participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por Bancaja y Caja Madrid, entidades integradas en Bankia, en febrero de 2013. Que no actuaron en favor del interés del cliente comprador. Y por eso las sancionó con cuatro millones de euros. El importe negociado de las preferentes por Bancaja hasta 2012 casi alcanza los 50.000 millones de euros, en plena crisis. 

El informe sancionador de la CNMV dice que Caja Madrid y Bancaja “intermediaron operaciones por cuenta de sus clientes sobre emisiones de preferentes y subordinadas, dirigidas a inversores minoristas, a precios significativamente alejados de su valor razonable“. Y que, “con independencia de que las entidades participaran de forma activa en la búsqueda de compradores, debían haber evitado el conflicto de interés y el perjuicio para éstos”, ya que “tampoco informaron a los inversores que estaban comprando a precios alejados de su valor razonable”. 

Bueno, pues parece que sí que salieron “de forma activa en búsqueda de compradores”. Y también queda probado que no informaron a los inversores del precio real. Eso, en derecho penal, se llama estafa. Aunque es muy difícil de probar, sobre todo si no se celebra el juicio por archivarlo antes. Y sobre todo porque se archiva antes porque ya se acordó entre la cúpula judicial y fiscal que por esto no vamos a meter a nadie en la cárcel, que paguen por la vía civil y que devuelvan el dinero. Bueno, que lo devolvamos todos, porque Bankia fue nacionalizada por el Estado y porque, además, estos bancos que jugaron a las preferentes han sido rescatados con dinero que estamos devolviendo todos los ciudadanos de nuestros impuestos. 

Y aquí no acaba esto. Porque esta operativa conculca toda la normativa bancaria europea y, en concreto la Directiva MiDFI, sobre transparencia, información y buenas prácticas. Que, por cierto, la Comisión Europea acaba de amenazar a los Estados miembros que aun no han traspuesto esta norma, con el objeto de aplicarla a nivel nacional. Y las amenazas de Bruselas se convierten en sanciones que, de nuevo, pagaremos entre todos.

Por cierto, la agencia de calificación Standard & Poor’s también pagará una multa de 1.375 millones de dólares (1.210 millones de euros) para saldar cuentas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y una veintena de Estados, por haber manipulado la nota de valores financieros respaldados por hipotecas tóxicas o subprime, los títulos que están en el origen de la crisis financiera de 2008, primer acto de la Gran Depresión. Recordemos a Lehmann Brothers, por ejemplo. Vaya, los mismos que también vendieron preferentes a Bancaja antes de su caída, la de ambos. Aquella operación la firmó José Luis Olivas -ex presidente de la Generalitat Valenciana condenado a prisión por falsificación- con J.P. Morgan Securities Inc., Lehman Brothers Inc. y Merrill Lynch. Los amigos americanos…

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