VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha llamado a declarar como investigado al portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de València, Eusebio Monzó, así como al resto de miembros del Consejo de Administración de Aerocas en relación a los patrocinios del aeropuerto castellonense a la empresa MotorSport69 SL, del expiloto Álex Debón, en virtud de unos contratos que podrían haber tenido como contrapartida el pago de comisiones.
De esta manera, además del concejal, también acudirán a declarar como imputados a varios exreferentes del Gobierno valenciano como Vicente Rambla y José Manuel Vela, así como el ex director general de José Luis Villanueva, el ex vicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez, el exsenador Vicente Aparici, el ex subsecretario de Industria, Ricardo Bayona, el ex director general Javier Eleno y la exsecretaria de la conselleria de Economía Cristina Serrano.
La providencia también incluye, a petición del Ministerio Fiscal, al ahora diputado nacional Gerardo Camps, a quien la jueza de Instrucción 3 de Castellón le ofrece la posibilidad de declarar, pero de forma voluntaria, ya que al tratarse de un aforado a quien correspondería citarle en calidad de investigado es al Tribunal Supremo.
La magistrada le ha ofrecido personarse y prestar declaración o presentar alegaciones por escrito en aras al ejercicio de su derecho a la defensa, una posibilidad que recoge a tal efecto para los aforados el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El anterior instructor llegó a remitir el pasado año una exposición razonada al Tribunal Supremo para que este órgano se pronunciara sobre su posible competencia en la causa. Sin embargo, el Alto Tribunal rechazó dicha competencia al no hallar indicios de cohecho en la actuación del diputado del Congreso y ordenó al juzgado que prosiguiera con la investigación.
Ahora, según precisa el TSJ de la Comunitat en un comunicado, esos indicios de criminalidad respecto a Gerardo Camps y los otros diez exconsejeros de Aerocas citados se refieren a posibles delitos de malversación y prevaricación.
Con la imputación de Monzó, los diez concejales del Ayuntamiento de València pasan a encontrarse investigados en diferentes causas. Cabe recordar que los nueve ediles restantes están en esta situación por el presunto caso 'pitufeo' del caso Taula.
Eusebio Monzó aseguró en declaraciones a Valencia Plaza no haber tenido aún notificación de la citación, por lo que se había enterado a través de los medios de comunicación. La investigación correspondería a su época como director general de la Conselleria de Economía, entre 2009 y 2011.
En aquella época Monzó, como director general de Economía se encontraba por defecto en los consejos de administración de diferentes empresas públicas. Es por eso que el concejal del PP aseguraba que estaba "muy tranquilo". "Mi voluntad de servicio público ha estado siempre fuera de toda duda", añadía.
Igualmente, recordó que cuando fue secretario autonómico de Hacienda ya fue investigado por un contrato con el arquitecto Santiago Calatrava. En concreto fue imputado por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón. Cinco meses después la causa fue archivada.
Por último, aseveró que colaborará con la Justicia "como no puede ser de otra manera" ya que ha remarcado que desde el PP creen en la "en la independencia judicial porque sin ella no hay democracia". "Como cargo público una de las cuestiones muy importantes es colaborar y predisposición absoluta para colaborar con la Justicia en lo que considere oportuno", zanjó.