Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. El juzgado de lo social número 2 ha obligado al Instituto de Investigación de La Fe (IIS La Fe) a readmitir a un perfil investigador de un grupo tras acabar su contrato. Desde hace más de un año el instituto se encuentra en una vorágine de demandas de trabajadores tras un informe de la Inspección de Trabajo que declaraba en fraude de ley decenas de puestos por exceder el límite de contratos temporales encadenados.
Sin embargo, este problema estaba enmarcado, de forma clara, en el área de gestión y de plataformas de apoyo a la investigación y, a priori, el personal de investigación perteneciente a grupos quedaba descartado por tener éstos carácter temporal o por obra y estar sujeto a proyectos. Por este motivo, se trata de un auto pionero ya que, hasta el momento, no se apreciaban irregularidades en el personal de medio centenar de grupos de investigación por lo que dicha resolución podría suponer un paso más en el proceso de estabilizar a este personal.
Dicho auto hace referencia a un perfil investigador que trabajaba desde 2009 en un grupo del IIS La Fe y que, tras finalizar su contrato para un proyecto concreto, recurrió su despido. Según explican fuentes conocedoras del proceso, el profesional en cuestión a pesar de estar ligado a un proyecto, desempeñaba funciones estructurales en el marco de todo el grupo de investigación, clave para que la jueza diera la razón al planteamiento y le hayan reconocido una antigüedad desde septiembre de 2009, tras encadenar contrataciones en cuatro proyectos.
En este sentido, las colaboraciones dentro del grupo se habrían excedido a los proyectos para los que estaba contratada al ser una técnica de laboratorio genérica para diferentes proyectos. Aunque la sentencia no entra en el fondo de la cuestión, sí reconoce esta antigüedad y obliga al instituto a readmitir al profesional o a indemnizarle con la cuantía correspondiente por una contratación iniciada hace diez años. Una sentencia que da un paso más en la estabilización de la figura del investigador a la espera de otras acciones como el Estatuto del Personal Investigador que la dirección general de Investigación -liderada por el exgerente del IIS La Fe Javier Burgos- anunció hace más de un año y de la que no se tienen noticias.
Sobre el proceso de demandas, el instituto tuvo que reforzar su servicio jurídico para poder hacer frente a la avalancha de demandas por parte de los trabajadores despedidos y para ello contrató al despacho de abogados Cuatrecasas. Tal y como recogían los pliegos de la licitación, la fundación necesita asistencia y defensa jurídica para abordar los procedimientos judiciales derivados del número de despidos masivo. En marzo eran 43 los procedimientos abiertos en la jurisdicción de lo social frente a la fundación, 35 demandas de reconocimiento de derecho, 4 procedimientos por despido nulo y 4 por despido improcedente. Sin embargo, se convirtió en algo inabarcable para el servicio jurídico de la fundación, que preveía abordar un total de 60 juicios.
Mientras, el mes de septiembre el IIS La Fe solicitaba a la Conselleria de Hacienda la aprobación de más de un centenar de puestos fijos para estabilizar a un tercio de su plantilla. La gerencia del departamento, a cargo de Sonia Galdón, pidió en el mes de julo una relación de puestos de trabajo (RPT) con un total de 114 plazas que mejorarían las condiciones de estabilidad del personal. Entonces, la masa salarial del instituto únicamente daba cobertura a 18 de los 353 puestos de trabajo con los que cuenta.
