Desde hace tiempo se viene lamentándose por distintos sectores que por la Ley electoral vigente se ha tenido que recurrir a partidos o plataformas políticas con representación reducida para formar gobiernos municipales, autonómicos y de España. De tal manera que, por ejemplo, los partidos nacionalistas han aprovechado la ocasión para reivindicar sus propuestas en todos los campos. Jordi Pujol ha sabido utilizar el mecanismo con eficacia para los intereses catalanes, que no siempre coincidían con los intereses de todos los españoles. Ha pasado igual con el PNV, o UV en el caso de Valencia, y también el CDS, UPD o Ciudadanos. Pero, además, en los muchas localidades han existido candidaturas peculiares de independientes que han servido para decidir la gobernabilidad de los municipios, y en algunos casos las Autonomías. En el gobierno de España, salvo en esta última legislatura (2019-2023) los acuerdos han sido parlamentarios tanto por parte del PSOE como del PP, incluso cuando han existido mayorías absolutas.
Nada anormal teniendo en cuenta que la mayoría de las leyes electorales existentes en la Unión Europea se utiliza la aritmética parlamentaria que normalmente se aplica entre los partidos afines, aunque también se han dado Grandes Coaliciones entre el centro izquierda y el centroderecha. Así, una vista a todos los procesos electorales españoles desde 1979 hasta la actualidad ha evidenciado múltiples combinaciones políticas entre PSOE, PCE o IU o PNV y CiU, al igual que el PP ha gobernado también con plataformas independientes o con los mismos partidos nacionalistas. En algunos casos puntuales se han producido incluso coaliciones del PCE con PP o PSOE con PP. Hay multitud de variables y casuísticas que pueden estudiarse a lo largo de los periodos electorales en los más de 8000 municipios existentes en España, en las 17 Autonomías y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Por lo general las dos fuerzas políticas hegemónicas -PSOE y PP- han dominado la gobernabilidad de la mayoría de las instituciones.
En los últimos tiempos, la dificultad de conseguir mayorías absolutas ha conducido a un aumento de los pactos de gobernanza no solo en los Ayuntamientos sino en las Autonomías y en la ultima legislatura en el Estado. Se ha supuesto que la democracia consiste en presentar propuestas políticas diferenciadas para que los ciudadanos elijan y decidan por quien quiere ser gobernados y administrados. Pero en las sociedades occidentales una cosa es la formulación literaria de unas ideologías que se han ido configurando desde el siglo XIX y otra es la responsabilidad de sacar adelante la administración de las estructuras institucionales, teniendo en cuenta que existen un número de funcionarios claves para la gestación de los expedientes. Abogados del Estado, Técnicos de Administración Civil, secretarios, juristas, Interventores y demás forman una estructura imprescindible para sacar adelante los proyectos que han votado los ciudadanos, que en ocasiones son consensuados en la práctica por las distintas formaciones políticas. Que hay que recoger las basuras, proporcionar agua corriente, construir escuelas, comisarias, polideportivos, casas de cultura, programar las fiestas, atender las demandas urbanísticas, cubrir necesidades sociales, etc. etc. coincide en un 80 o 90% de las decisiones a tomar. Otra cuestión es quien o quienes las llevan a cabo, y en eso entra la personalidad y el carisma de los elegidos.
Desde la Ciencia Política existe diversas teorías de porqué los ciudadanos emiten sus votos. Desde la decisión racional a la vista de lo que se ofrece, la cultura política adquirida, los sentimientos y emociones que se producen en las distintas coyunturas sociales y económicas, el panorama varía y puede cambiar de una elección a otra. No obstante, existen a través de las encuestas formas de medir cuales son las tendencias predominantes de la ciudadanía en cada coyuntura. Ya decía el filósofo griego Anaximandro que lo que no se puede medir no se puede mejorar.
Ahora hay una oportunidad para que las minorías políticas no se inmiscuyan en lo que ha votado mayoritariamente. En la Diputación de Valencia existen dos grandes fuerzas PSPV-PSOE y PP que tiene una mayoría aplastante de diputados, 25, además están los 3 de Compromís, los 2 de Vox y 1 de La Vall ens Uneix que entre todos suman 6, Ya escribí que en el caso de Jorge Rodríguez se le debía reponer en la presidencia por el PSPV o el PP, a él y a ningún otro u otra, habida cuenta del resultado de inocencia por el que fue juzgado y padecido. Los del PSPV trataron de que dimitiera de la alcaldía de Ontinyent, lo tiraron del partido y el PP se personó en la causa pidiendo años de prisión. pero sacó mayoría absoluta revalidada en las elecciones de mayo pasado. Ahora se ve con fuerza y aprieta en su reivindicaciones para su comarca porque su voto es decisivo para que gobierne el PSPV o el PP. Pero no puede ser que una minoría rompa las mayorías de los ciudadanos por mucha razón moral que tenga. Los dos grandes partidos pugnan para que el voto sea para uno de ellos. ¿Y sí cambiaran de paradigma y se pusieran de acuerdo para gobernar conjuntamente dividiéndose cada uno la presidencia a mitad de legislatura? Tendrían que estudiar (eso, estudiar) en que cosas pueden coincidir y administrar la Diputación como ha querido la mayoría de los ciudadanos de la Provincia de Valencia.