VALÈNCIA. La patronal de los vehículos de transporte con conductor en España, Unauto, ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que no se adopten medidas resctrictivas en la regulación de los VTC hasta que se resuelvan las dudas de constitucionalidad y adecuación al derecho de la competencia respecto al decreto ley 13/2018, y ha advertido que las reclamaciones de indemnizaciones ascenderían a 166 millones de euros.
Esta petición se realiza en una carta remitida por el presidente de Unauto, Eduardo Martín, además de a Puig, a los consellers de Obras Públicas, María José Salvador, y de Economía, Rafael Climent, en la que solicita mantener una reunión "cuanto antes".
En esa convocatoria Unauto quiere trasladar las inquietudes del sector y articular "posibles soluciones" para "construir entre todos" un modelo de movilidad sostenible "beneficioso y seguro" para los ciudadanos, según recoge la misiva.
Precisamente este jueves la Conselleria de Obras Públicas ha iniciado la fase de información pública del decreto que regulará los VTC en la Comunitat Valenciana y ha remitido el borrador a las partes, que disponen de diez días para presentar alegaciones.
En el proyecto de decreto se establece un periodo mínimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos pueden incrementar en el ámbito urbano si así lo consideran necesario, y no se permite la captación de los vehículos que circulen por las vías públicas en busca de clientes ni tampoco la geolocalización.
Unauto advierte de que todas las regulaciones que puedan llevar a cabo las Comunidades Autónomas o ayuntamientos que modifiquen las condiciones actuales de explotación de las licencias legales de VTC o generen un daño a sus titulares derivarán en reclamaciones de indemnizaciones que en el caso de la Comunitat Valenciana ascenderían a 166 millones de euros, según un informe pericial de EY.
Añade que si los derechos del sector se ven dañados, recurrirá a todas las vías legales que sean necesarias, como ya está haciendo en Cataluña, donde la regulación ha supuesto la desaparición del sector y la pérdida de 4.000 puestos de trabajo.
En la Comunitat Valenciana más de un millón de valencianos y visitantes son usuarios de VTC que, según defiende la patronal, "ofrecen un servicio seguro, fiable, eficiente, con precio cerrado, útil y sostenible", y el sector cuenta con más de 500 trabajadores "con un empleo estable y de calidad", que serán 2.000 a lo largo de este año, "según las previsiones de crecimiento y si no hay obstáculos que lo impidan".
La creación de empleo que aduce Unauto es "socialmente responsable" pues más de la mitad beneficia a desempleados de larga duración o personas en riesgo de exclusión social.
Unauto recuerda "las numerosas y fundadas dudas" existentes acerca de la constitucionalidad del decreto ley 13/2018, de 28 de septiembre, y que su tramitación en el Congreso quedará en suspenso con la disolución de las Cortes, por lo que todavía no existe un texto nacional definitivo.
Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las autoridades de la competencia autonómicas han hecho una declaración conjunta en la que señalan que las medidas que adopten las administraciones públicas deben respetar los principios fundamentales de buena regulación: necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
