Foto: EPVALÈNCIA (EP). Unidas Podemos ha asegurado que el PSOE se abre a negociar la propuesta de regulación del precio del alquiler, tras la reunión técnica que han mantenido en la mañana de este lunes los equipos técnicos de la Vicepresidencia segunda y el Ministerio de Transportes en el marco de las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda.
Según han detallado a Europa Press fuentes de la formación morada, esta mañana han detectado esa disponibilidad en el equipo de Transportes, que destensa algo las discrepancias que mantenían en la negociación para tratar de gestar esta nueva ley en marzo.
Y ello a pesar, según estas mismas fuentes, de que el PSOE ha acudido "sin documentación" que "respalde" con "datos" su apuesta por un modelo de incentivos.
Además, han desgranado al respecto que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ya apuntó que esta vía "no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas" de reducir las rentas debido a que seguiría siendo más rentable para los arrendadores mantener los precios abusivos del alquiler que acogerse a los incentivos propuestos por el PSOE.
Por tanto, Desde Unidas Podemos han reiterado que el acuerdo de Gobierno debe "cumplirse" incluyendo en la ley la regulación de precios del alquiler y se muestran "satisfechos" de que el PSOE esté "empezando a reconocer que su propuesta no sólo es socialmente injusta, sino también ineficaz".
Todo ello después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha reafirmado en su propuesta de incentivos fiscales para favorecer rebajas en el alquiler, y ha dicho que con ellos es posible "poner freno" a las subidas abusivas y, por tanto, cumplir el acuerdo de Gobierno y de Presupuestos con Unidas Podemos.
Sobre los incentivos, que según su propuesta podrían alcanzar hasta un 90% de desgravación en el IRPF si recogen bajadas del 10% en las rentas, ha defendido que "ya existen" pero que con su ampliación según diferentes objetivos buscan hacerlos "más progresivos y más justos".
También ha señalado que, vistas las experiencias de otros países, los incentivos fiscales es una herramienta "mucho más efectiva", pero que, "de todas formas", van a tratar de "acercarse" a sus socios.
El pasado domingo, el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, pronosticó que van a ganar ante el PSOE el debate para regular los precios del alquiler, dado que la correlación de fuerzas en el Congreso les favorece.
Lo hizo en un acto centrado en materia de vivienda con la cúpula de Podemos, que ha marcado como uno de los ejes de esta precampaña electoral en Madrid. De hecho, en el anuncio de su salto a la política madrileña destacó que iba a tratar de aprobar la Ley de Vivienda y la regulación del alquiler antes de dejar el Gobierno de coalició.
Para Iglesias, la cuestión de la vivienda va "mucho más allá" del debate abierto en el seno del Ejecutivo, si bien advirtió a su socio de coalición de que lo firmado ante la ciudadanía es "ley". "Pacta sunt servanda (lo pactado obliga en latín)", enfatizó para recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y él mismo rubricaron ese compromiso.
En consecuencia, auguró que finalmente se regularán los alquileres no solo porque tengan "razón" en esta cuestión sino también porque existe una correlación de fuerzas, como son los socios del bloque de investidura, que les van a apoyar en la Ley de Vivienda.
Concretamente, Podemos rechaza el modelo de incentivos por no ajustarse al pacto de coalición y sucumbir al interés de la patronal inmobiliaria. Frente a ello, reivindica un sistema de control de precios y obligaciones para grandes propietarios de cara a destinar parte de sus viviendas vacías a alquiler social.
Un informe de la Vicepresidencia segunda, al que tuvo acceso Europa Press, incide en que la regulación del precio del alquiler tiene efectos positivos a "corto plazo" y se ha extendido en múltiples países desde 2008, con especial mención al caso de Berlín, sin afectar al volumen de oferta.
Otras propuestas de los morados son fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.
