VALÈNCIA (EP). El portavoz de Economía del grupo de Unides Podem en Les Corts Valencianes, Ferran Martínez, ha asegurado que la ampliación del Puerto de València "genera interrogantes sobre el impacto ecológico y el nudo de intereses creados" y ha advertido de que "lo que resulta inquietante no es el debate público, siempre necesario, sino que se enciendan las alarmas cada vez que alguien plantea dudas".
Martínez ha señalado, en un comunicado, que "la ampliación se centra en construir una nueva terminal de contenedores a cargo de la multinacional suiza MSC en el lugar de la actual terminal de cruceros, lo que implica una reformulación del plan del 2004 para así incrementar la capacidad y posibilitar la llegada de barcos de mayor tonelaje".
Del mismo modo, ha explicado que "la terminal de cruceros se trasladaría a los antiguos astilleros, que está en manos del Grupo Boluda desde 1940 y en concesión hasta 2027 y a cambio, este grupo, liderado por el actual presidente de la patronal valenciana, Vicente Boluda, obtendrá terrenos públicos donde construir dos torres de oficinas y un parking".
En este sentido, el parlamentario comenta que el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, insistió ayer en que no es necesario un nuevo estudio de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de la zona norte, a pesar de la reformulación del proyecto.
Al respecto, Martínez ha incidido en que la realización de un nuevo estudio ambiental "resulta bastante conveniente puesto que un nuevo informe requeriría alargar los plazos y se tendría que hacer bajo la ley de 2013, que es más rigurosa".
Además, el representante de Unides Podem incide en que "las sucesivas ampliaciones del Puerto "han provocado que se acumule la arena en las playas del norte y que, en cambio, las ubicadas en el Parque Natural de El Saler retrocedan cada vez más".
El diputado también ha mencionado el proyecto de construir un túnel submarino próximo a la costa desde Sagunto para evitar que congestione la V-30 por el mayor tráfico generado por la ampliación norte, que tiene un coste estimado de 400 millones de dinero público, y se ha preguntado si se están obviando "los riesgos medioambientales de dos macroproyectos en los que se concentran intereses empresariales muy relevantes". "Parece lógico cuestionarse si las concesiones y las inversiones públicas planteadas responden o no al interés general", concluye.
