VALÈNCIA (EFE). La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado que las dos administraciones competentes, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, "no han sido capaces de coordinarse ni de acordar el listado de municipios beneficiarios de las ayudas" lo que está dejando "a miles de agricultores y ganaderos sin los recursos necesarios para reconstruir sus medios de vida".
Según un análisis elaborado por La Unió, existen al menos diez municipios que han sido reconocidos como afectados por la Generalitat, aunque no por el Gobierno de España, lo que "genera una situación caótica en la concesión de ayudas".
Esta falta de uniformidad implica que, en algunos casos, las localidades puedan recibir ayudas para medidas autonómicas, pero no para las estatales.
Desde la entidad agraria han recordado que el Real Decreto-ley 6/2024 del Gobierno de España reconoció a 75 municipios como beneficiarios de las ayudas por la dana, mientras que el Decreto 164/2024 de la Generalitat añadió posteriormente diez localidades más.
Sin embargo, esta ampliación no ha sido contemplada por el Gobierno central, dejando fuera a municipios afectados como Carcaixent, Castelló, Chulilla, l'Ènova, La Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera y Tous.
La situación por tanto es especialmente confusa en estas diez localidades que incluyó la Generalitat y no el Gobierno. Estos municipios están incluidos en el listado autonómico, lo que le da acceso a ayudas para la pérdida de bienes esenciales (Decreto 163/2024), pero no figuran en el listado estatal, lo que les impide acceder a ayudas destinadas a autónomos afectados por la dana (Decreto 175/2024).
Según La Unió, las tormentas de finales de octubre y principios de noviembre han causado pérdidas que superan los 1.000 millones de euros, de los cuales 500 millones corresponden a infraestructuras dañadas.
Las inundaciones no solo destruyeron cosechas, sino que también arrasaron arbolado, sistemas de riego y vías de acceso esenciales para la actividad agrícola y ganadera. Además, los daños incluyen la pérdida de maquinaria clave como tractores, cisternas y equipos fitosanitarios, entre otros. Si no se amplía el ámbito de aplicación de las ayudas, los agricultores de las localidades excluidas "quedarán completamente desamparados".
Por otra parte, numerosas localidades de la provincia de Castellón han quedado fuera del listado oficial, a pesar de haber sufrido también el impacto de las lluvias del 7 de noviembre. Estas localidades presentan daños significativos en cultivos, infraestructuras y actividades agrarias, pero "ni el Gobierno ni la Generalitat han dado una respuesta concreta a las solicitudes de inclusión presentadas por La Unió".
La entidad agraria ha venido solicitando "reiteradamente" la inclusión de municipios que han registrado graves daños, pero "siguen fuera del ámbito de las ayudas oficiales".
La última petición, realizada este pasado 14 de diciembre, incluía localidades como Benagéber, Chelva, Titaguas, Tuéjar, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel. Estas poblaciones se suman a solicitudes previas que abarcan otras zonas con graves perjuicios en infraestructuras agrarias, cosechas y vías de acceso esenciales para la actividad agrícola. Sin embargo, tanto el Gobierno de España como la Generalitat Valenciana "han ignorado hasta ahora estas demandas".
Carles Peris, secretario general de La Unió, ha señalado que es "urgente modificar la normativa para garantizar que las ayudas lleguen a todos los agricultores y ganaderos afectados. Si las administraciones no coordinan sus criterios, habrá personas que se quedarán sin poder reconstruir su actividad agraria. Esta ampliación es fundamental para evitar desigualdades y reactivar el sector".
La Unió insta por tanto al Gobierno de España y a la Generalitat a "dejar a un lado sus diferencias, actuar con responsabilidad e incluir todos los municipios afectados en las normativas de ayudas", especialmente aquellos que quedaron fuera tras las lluvias del 7 de noviembre y que han registrado daños significativos.