Unión de Uniones emprende acciones legales contra el Gobierno por incumplir sus propias leyes

En concreto, la organización agraria ha criticado la resistencia del Gobierno a cumplir con algunos de los mandatos de las Cortes para poner en marcha medidas de interés para los agricultores y ganaderos que están recogidas en las leyes.

Unión de Uniones, entre otros asuntos, acaba de requerir, tanto al Ministerio de Agricultura como al de Transición Ecológica, que cumplan la Disposición novena de la Ley 30/2022 que obligaba al Gobierno a haber presentado antes del pasado 3 de octubre un proyecto de Ley de Gestión de la fauna silvestre para prevenir y compensar los perjuicios provocados a la agricultura y la ganadería.

La disposición compromete también al Gobierno a poner en marcha un inventario de daños y a prever en los presupuestos anuales las dotaciones necesarias para controlar las sobrepoblaciones de fauna silvestre en las zonas bajo la tutela de la Administración del Estado. "Este es el primer paso y si no obtenemos respuesta acudiremos a los Tribunales", han advertido desde la organización.

Por otra parte, la organización agraria ya ha presentado contencioso administrativo contra el Departamento que lidera en funciones Luis Planas por no desarrollar la Ley de Representatividad Agraria e impedir la consulta electoral nacional que daría el voto a los agricultores y ganaderos a elegir a sus representantes, que "no se está cumpliendo por dejadez del Ministerio".

"Nos dicen que es complejo. Bueno, la complejidad empieza a combatirse con la voluntad y a este ministro se le ve el plumero", han indicado desde Unión de Uniones.

La organización agraria ha recordado que es la "misma excusa" que ha dado Planas cuando se le pregunta por la publicación de los criterios que deben servir para la determinación de los costes de producción de los productos agrarios y alimentarios de la Ley de la Cadena Alimentaria, fundamental para que los agricultores y ganaderos cuenten con referencias para calcular sus costes y negociar sus precios.

Por otro lado, Unión de Uniones ha recordado que ganó a Transición Ecológica el recurso por no haber desarrollado el contrato eléctrico de doble tarifa para regadío, tal y como disponía la Ley 11/2020. En este contexto, la organización afirma que si no cumplen en el plazo que les ha dado el Supremo, solicitará la ejecución de sentencia.

La organización agraria ha recordado también que en la Ley 30/2022 se contemplaba la obligación del Gobierno de poner en marcha una zonificación agroambiental para proteger los suelos de especial interés agrario de la competencia de las macroinstalaciones energéticas, antes del 3 de abril de 2023 y subraya que en octubre sigue sin hacerse.

"No nos vamos a resignar a que el ministro o ministra de turno decida simplemente qué leyes cumple y cuáles no en función de su capricho o sus intereses políticos o ideológicos", han recalcado, recordando que todas ellas mejorarían la situación de los agricultores y ganaderos.