Durante el largo periodo de crisis que nuestra sociedad ha vivido hemos perdido parte de nuestra genial población joven formada, que ha tenido que emigrar a otros países. La falta de expectativa y la ausencia de una política de retención de talento ha promovido un éxodo que ha hecho daño a nuestro país.
Un país que no tiene una política de ciencia clara, es un país con poco que decir en el entorno globalizado. Hemos vivido al rebufo de las políticas europeas sin una clara apuesta autonómica. Todos los que se llenan la boca de valencianismo habrían de haber jugado fuerte en la apuesta por la generación de méritos, y de primeros espadas en nuestros centros educativos.
No ha habido un plan estratégico que haya conseguido situar a nuestra Comunidad Valenciana en el vagón principal. Más bien ocurrencias, y algún que otro dislate, que ha tenido que ser resuelto en los tribunales de justicia. Es lo que tiene cuando pones al frente de temas tan importantes como la educación universitaria a gente con altas dosis de obediencia al partido o al sectarismo.
La Universidad, nuestra Universidad, adolece de los mismos defectos patrios que padecen el resto. Pero que hayamos sido incapaces de revertir los puestos en los rankings internacionales de las mismas, es señal inequívoca de que no hemos hecho los deberes.
Siempre se focaliza el tema en la financiación. Pero ese tema, siendo importante, no es el primordial. Cualquiera que repase las fuertes inversiones en política universitaria se hará una idea. Lo que no parece razonable es que desde el dinero de los ciudadanos se estén duplicando grados universitarios. O no estudiando, con todas las comunidades autónomas, una estrategia de nuevos títulos. Da la sensación, y así es, de que las comunidades autónomas son pequeños reinos de taifa donde acampa la arbitrariedad y el amiguismo.
La apuesta por la ciencia no es una apuesta solo universitaria. Aun cuando la Universidad es fundamental. La vieja retórica de la formación profesional ha caído en desuso. Son muchos los años que hemos perdido con cambios legislativos, especialmente con dinámicas poco claras, que han hecho que la necesaria formación profesional no haya cumplido, lamentablemente, con su objetivo.
Que el extenso y rico tejido empresarial no esté conectado a la Universidad y a la formación profesional es culpa un poco de todos. Primero, a una clase política que ha sido incapaz de poner en común políticas que beneficiasen tanto a la empresa como a los entes educativos. Una buena política de incentivos fiscales, laborales y de implantación geográfica, habría mejorado el nivel de comunión necesario entre las administraciones y el mundo empresarial.
Ni que decir tiene que las instituciones educativas también deberían haber hecho los deberes de acercarse a su más inmediata realidad empresarial. A veces, da la sensación de que intentar fusionar estos temas es perjudicial para lo académico. Cuando en realidad no solo es bueno, sino que es imprescindible.
Lo que realmente debemos pensar es en seleccionar muy bien a las personas que colocamos en los sitios de responsabilidad para poder ejecutar políticas públicas. Atender solo al criterio de partido, y menospreciar la meritocracia es síntoma de debilidad como sociedad. Decimos, con razón, que parte de la sociedad civil no se quiere involucrar en la vida pública, pero es que tampoco se lo ponemos fácil. Hemos de pensar en abrir las realidades públicas a perfiles que puedan aportar soluciones a los graves dilemas que se nos presentan. Y eso, a veces, no está en la estructura de los partidos, por mucho que nos empeñemos.
Cuesta mucho gestionar lo público. Especialmente aquello que tiene que ver con temas tan sensibles como el trío Universidad, Ciencia y Empresa. Pero seguramente es ahí donde nos estaremos jugando las habichuelas de nuestras próximas generaciones. Lo que construyamos ahora, desde la solidez, será el proyecto que dejaremos para los que nos jubilen. Si elegimos a los mejores, las cosas irán mejor. No es fácil, pero no hay otra.
Emilio Argüeso es secretario de Organización de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y secretario primero de la Mesa de Les Corts.