Universidad: una verdad incómoda

ALENCIA. Con el cambio de modelo y la implantación definitiva del Proceso de Bolonia en el curso 2010-2011, se puso en marcha un nuevo sistema que ha provocado un cambio radical en las dinámicas de trabajo de las universidades públicas. La pregunta que muchos se formulan ahora es si para bien. ¿Ha valido la pena? Más de uno duda.

En la dicotomía docencia-investigación se ha impuesto la segunda, hasta el punto de considerarla un criterio incontestable por su supuesta objetividad, mientras que, según el testimonio de profesores de tres de las universidades públicas valencianas, «se ha soslayado la docencia».

Lea Plaza al completo en su dispositivo iOS o Android con nuestra app

La carrera por obtener valoraciones en los ranking ha provocado que las universidades se hayan convertido en «una máquina de generar indicadores», en la gráfica descripción de una profesora de la Universitat Jaume I.

«Somos siervos de los indicadores», abunda el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València Carlos Flores Juberías. «En un intento de huir del caciquismo y del localismo, que eran los vicios de la universidad anti gua, una universidad feudal, entronizamos el principio de calidad —explica—; pero esa calidad hay que medirla, hay que buscar unos parámetros y eso ha tenido unos efectos indeseables», comenta este catedrático.

La dinámica investigadora, que en principio debería ayudar a modernizar, se ha deformado en una obsesión por publicar que no siempre es buena. «No es necesario acudir a un plagio de una tesis», indica un profesor de Ingeniería de la Politécnica; «hay personas que escriben cosas que no aportan nada a la sociedad, y eso es lo que deberíamos preguntarnos: si el trabajo que estamos haciendo contribuye a la gente». Es por eso que Flores sentencia: «Nos hemos pensado que hemos avanzado mucho, pero no hemos avanzado tanto».

«Tú me citas, yo te cito»

Los criterios por los que se valora se pueden alterar y se alteran. Las argucias son de todo tipo. Grupos de profesores de distintos países se coordinan para citarse entre ellos en sus artículos y así obtener valoraciones más altas por sus trabajos; otros reciclan trabajos anteriores a partir de nuevas tablas; además del clásico que encarga la investigación a sus becarios, etc. En realidad, insiste uno de los profesores críticos, «muchos de estos problemas son como los de cualquier microcosmos humano». El sistema no los ha erradicado. Por eso siguen existiendo casos de nepotismo, los plagiarios y el acoso laboral, que se practica con quienes no son afectos. 

Algo que se traduce en demandas judiciales. La Universidad de Alicante tiene el triste honor de ser la primera de España condenada por un caso de acoso laboral. Fue en 2007 y el juzgado la sentenció a pagar 30.000 euros a una profesora en concepto de indemnización por daños y perjuicios. 

También fue condenada la Universidad Miguel Hernández de Elche a pagar 6.000 euros a un profesor que desarrollaba su trabajo en el Campus de Altea al considerar probado que sufrió una «situación de hostigamiento prolongada en el tiempo». Las demandas no son sólo contra las instituciones. En la UJI dos catedráticos de Historia llegaron a pleitear por un despacho. 

Envidias, celos, pendencias... En ese contexto, algunos de los profesores consultados entienden la aparente inacción y premiosidad de las universidades. «Hay mecanismos, pero son muy lentos. Y ¿quién no dice que una denuncia no sea una rencilla personal?». Todo ello provoca disfunciones que benefician a los menos, una minoría, pero suficientes para anatematizar al resto y cansar a muchos que, hartos, dejan las universidades.

Y es que tampoco hay una mayor libertad. Cierto que no es como en el pasado, cuando el catedrático era una persona con poder omnímodo, pero siguen existiendo centros de decisión y personas con las que mejor no enfrentarse. Así, la coordinadora del sector de universidades del STEPV, Vanessa Campos, comenta el hecho de que en los últimos años «se han incrementado los círculos de poder» y, como sucedía en el pasado, quienes no siguen la «línea oficial» lo tienen más difícil. 

El verdadero poder

«El verdadero poder ahora lo tienen quienes se hallan en las distintas instancias que firman las acreditaciones de los profesores, evalúan los tramos de investigación, conceden o deniegan los proyectos de investigación, autorizan la impartición de nuevos grados o aceptan la publicación de artículos en las revistas de prestigio», explica Flores Juberías. «Evaluadores en la inmensa mayoría de los casos anónimos, y a menudo menos prestigiosos que aquéllos a quienes están llamados a evaluar, de los que depende el avance de toda carrera universitaria».

Esto se traduce en miedo a hablar. Varios de los profesores consultados pidieron que no se les nombrase por temor a las represalias. Criticar algo en público está mal visto. «Los trapos sucios se lavan en casa», sintetiza uno de ellos. «Parece que cualquier cosa que se diga daña a la imagen de la universidad». 

El silencio se interpreta desde fuera como opacidad, ya que no se hacen públicas, por ejemplo, las sanciones. Da igual que prácticamente todas las universidades tengan portales de Transparencia y se ofrezcan las cuentas: la imagen que queda es la otra, la negativa. Recientemente la Politécnica de Valencia suspendió de empleo y sueldo durante seis meses a una profesora por contratarse a sí misma y a su empresa con dinero público. La sanción se aplicó durante el cuatrimestre que no daba clases y los dos meses de vacaciones. Mejor si nadie se enteraba. 

Esta misma profesora, que ha sido acusada de plagio (ver información en la página 81), opta en estos momentos a la plaza de catedrática. ¿Cómo? La respuesta cabe buscarla en las grietas del actual sistema que rige a las universidades públicas, un monstruo de burocracia encaminado a garantizar derechos que en la práctica obstaculiza la agilidad y del que se aprovechan algunos.

Iniciativas en la web como la de la Asociación para la Transparencia Universitaria, que lleva una década denunciando abusos, contribuyen aún más a esa impresión al mostrar uno a uno los casos de corrupción. Porcentualmente no son muchos, pero todos juntos sobresaltan. A esto hay que unir la endogamia, un mal común a todas las universidades y una crítica recurrente. El reciente informe de la Fundación CyD señalaba que el 73% del profesorado universitario español imparte clases donde leyó su tesis doctoral. Con todo, esta crítica tiene sus matices. 

Así, el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, puntualiza que no es un indicador «suficientemente fino». «Aunque resulte anecdótico—explica—, me ofrezco como ejemplo. He trabajado con contrato en la Universidad John Hopkins, en la de Michigan, he trabajado en la de Glasgow, he trabajado diez años con plaza de funcionario en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid y ahora soy rector aquí. Hice la tesis doctoral en esta universidad».

Para Morcillo hay dos detalles que no se deberían dejar de lado a la hora de analizar esa supuesta endogamia. Primero, el contexto sociológico. «España ha sido un país en el que tradicionalmente la movilidad no ha sido suficientemente considerada/incentivada. Tiene que haber un incentivo. No se puede pensar en atraer a un investigador muy importante para que trabaje en solitario. Hay que tener en cuenta contextos familiares, su equipo, y contextos salariales también. Este pack de incentivos no existe en el sistema universitario español. La movilidad tiene costes que en otros contextos —como la empresa privada— se tienen en cuenta». 

Una idea que comparte el rector de la Universitat Jaume I de Castellón, Vicent Climent, quien indica que «el porcentaje de personal formado en la propia universidad está en relación con una falta de cultura de la movilidad en España, que nunca se ha promovido con suficiente ayuda desde los gobiernos».

Y el segundo aspecto a tener en cuenta, según Morcillo, es uno de los talones de Aquiles del sistema universitario. «El sistema universitario español público tiene todavía rigideces normativas, jurídicas, legales, etcétera, que no facilitan estas cosas. Pertenezco al grupo de rectores que pensamos que hay que seguir reforzando la autonomía universitaria, que hay que dejar que cada universidad construya sus propios ámbitos y sus propios desarrollos en un contexto de financiación sostenible, pero con marcos de libertad. La normativa no permite muchas cosas, y eso lo vivimos continuamente», se lamenta. 

Una universidad envejecida

Otro problema grave de las universidades reconocido por los rectores es el envejecimiento. Climent lo usó como leitmotiv en su discurso de apertura del año universitario valenciano. Morcillo no emplea ambages al asegurar que la Universitat de València tiene «un profesorado muy envejecido con cifras medias de más de 52 años de edad». 

«Hay una tasa de reposición tramposa», explica Vanessa Campos. «Se aplica a funcionarios y laborales. Se repone un porcentaje de funcionarios que se jubilan con laborales y otro con funcionarios. Por eso es tramposa, porque repone sólo una parte de los funcionarios». 

Las cifras valencianas no son muy diferentes de la media nacional. Según el estudio de la Fundación CyD, en el curso 2014-2015 en España los conocidos como PDI (personal docente e investigador) tenían una edad media de 48,3 años, con un porcentaje de plantilla menor de 35 años de tan sólo el 8,5% y, en cambio, un porcentaje de profesorado de 60 y más edad del 13,8%. El 45% del profesorado universitario en España se encuentra por encima de los 50 años, mientras que en el Reino Unido es el 40%, en Francia el 37% y en Alemania el 24%.

Ante la imposibilidad de fichar profesionales externos y limitados por la legislación, las universidades se están apoyando en la figura de los profesores asociados, auténticos explotados del sistema. Un profesor asociado que imparta seis horas a la semana, más seis de tutoría, cobrará sólo 500 euros al mes, poco más de diez euros a la hora. Un profesor titular cobra cuatro veces más e imparte las mismas horas. 

Buena parte de los profesores asociados son profesionales de prestigio que por una cuestión vocacional y de cercanía dan el paso. En algunos casos, ya sea porque están en excedencia o en el paro, es su único ingreso mensual. Por comodidad y por su bajo coste, la figura del asociado se ha extendido y en la actualidad, sólo en la Universitat de València, constituyen en torno al 40% de los docentes. Son los ladrillos del edificio; si desaparecieran, todo se iría abajo.

Junto a estos problemas, queda otro más evidente aún: la desigualdad de género. La presencia de la mujer es menor conforme se asciende en el escalafón. Las mujeres son el 54,2% de las estudiantes, sólo el 40,5% de los profesores, el 20% de las catedráticas y hay menos de una decena de mujeres rectoras en toda España, incluyendo las universidades privadas. Así que la modernización no está completada, ni mucho menos.

El caso valenciano

Las deficiencias del sistema universitario en el caso valenciano se agravan por dos cuestiones específicas: la falta de financiación y la ausencia de un convenio colectivo. El miércoles 28 de septiembre se celebró en Valencia la primera de las reuniones de la mesa de negociación de las universidades públicas. Las valencianas son las únicas en España que no gozan de convenio colectivo propio. 

En la actualidad hay un considerable número de ayudantes doctor que cumplen el máximo legal de tiempo con este formato de contratos, que es cinco años. Si no se logra firmar el convenio en lo que queda de curso, muchos tendrán que dejar las universidades, según explica Vanessa Campos, del STEPV. 

Y eso será un problema. Para que la ANECA permita impartir un título universitario de manera oficial se pide que un porcentaje de profesores sean doctores. Si no se estabiliza a los ayudantes doctores, cuando están acreditados, a medida que se van jubilando catedráticos y titulares las universidades con la plantilla más envejecida podrían tener problemas para impartir algunas titulaciones oficiales y los ayudantes doctores se habrán ido.

La falta de financiación es un tema admitido por el actual Consell. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ya habló de él hace un año, cuando avanzó que se estaba preparando un nuevo modelo. Este pasado 14 de septiembre, durante su intervención en Les Corts en el debate de política general, el jefe del Consell volvió a referirse a ella. 

No era gratuito. Para casi todos los profesores consultados es la responsable de buena parte de los problemas. «Queremos un Mercedes al precio de un Dacia», dice una catedrática de la UJI. Con las carencias económicas actuales es inviable contratar profesorado de alta calidad. 

En este sentido Vanessa Campos recuerda el dicho australiano de que si pagas con cacahuetes tendrás monos. Sólo quien apoya de verdad puede exigir; y eso es algo que debe decidir la sociedad: si quiere una universidad low cost o se apuesta por el futuro y se la dota de los instrumentos que precisa.

* Este artículo se publicó originalmente en el número 24 de la revista Plaza (octubre/2016)