Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y el voto en contra de la oposición la modificación del reglamento del plenario municipal.
El nuevo reglamento limita a dos mociones y tres preguntas por grupo en las comisiones, topes que hasta ahora no existían. Y va más allá al establecer que las preguntas que hayan sido respondidas no podrán volver a ser formuladas en un periodo de medio año. Y además, cada pregunta vinculada a un tema en concreto tan solo podrá contener un interrogante, y no varios como en ocasiones venía siendo habitual.
Además, en el pleno, el anterior reglamento fijaba que el número de preguntas máximo lo debería fijar la junta de portavoces, donde están representados todos los grupos, y que podría modificarse con acuerdo de dicho órgano. Ahora ya no: la modificación establece que el número máximo de preguntas que puede presentar cada concejal al pleno será de cinco.
El alcalde de València, Joan Ribó, quien ha defendido la modificación del reglamento, ha explicado que “la propuesta es bastante más amplia que la del resto de las grandes ciudades del Estado, garantiza, sobradamente, los derechos de información y transparencia y mejorará sin duda el funcionamiento normal de los servicios”. Ribó ha repasado el reglamento de los hemiciclos municipales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Alicante y Castellón de la Plana y ha añadido que “con la excepción de València, las seis ciudades más grandes del Estado fijan un límite a las iniciativas de control”.
El alcalde ha asegurado que el número de preguntas elevadas al Pleno por la oposición está “logrando niveles elevados” y obliga a dedicar un gran número de funcionarios a su tramitación. Así, ha afirmado que en junio de 2021 se elevaron 329 preguntas al Pleno mientras que en octubre del mismo año fueron 405. El alcalde se ha preguntado en voz alta si “de verdad alguien cree que estamos restringiendo los derechos de la oposición” porque, “si aquí estamos restringiendo, qué es lo que hacen en el resto de España”.
Por su parte, los grupos municipales de la oposición, que han votado en contra de la iniciativa, han mostrado su rechazo a la propuesta del equipo de gobierno. Así, la concejala María José Ferrer San Segundo, del Partido Popular, considera que el equipo de gobierno “habla de participación y transparencia pero actúa en sentido contrario”. Ferrer cree que “el argumento del alcalde de que también se hace en otras ciudades es una completa falsedad” y valora que “en los gobiernos democráticos se habla con la oposición”. Ferrer concluye que el gobierno municipal tiene “mala fe” en la reforma del reglamento del plenario.
Por su parte, Rafael Pardo, del grupo municipal Ciudadanos, ha solicitado al alcalde que “recapacite sobre el derecho de fiscalización que tienen los concejales de la oposición” y que “a pesar de admitir que pudiera establecerse cierto límite, no se llegue a restringir de manera tan desproporcionada”. Pardo también recuerda que “sobre esta cuestión todavía no se han pronunciado el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional” y, por lo tanto, “no hay jurisprudencia sobre la limitación del derecho a la participación de los grupos de la oposición”.
Vicente Montañez, del grupo Vox, cree que “aunque el gobierno hable de transparencia le produce erupciones” puesto que practica acciones “más propias del señor Maduro”. El concejal de Vox cree que “el gobierno de Ribó ya nos tiene acostumbrados a su incapacidad para el diálogo y su sectarismo ideológico”. Para Montañez, “limitar la capacidad de la oposición a la hora de preguntar es el estoque de muerte a la libertad”.
