Foto: AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIAVALÈNCIA (EFE). El Ayuntamiento de València autoriza a sus 620 empleados públicos que viven fuera de la ciudad y han resultado afectados por las inundaciones y que no puedan teletrabajar a que colaboren con las corporaciones de los municipios donde residen.
Así lo ha acordado este viernes la Junta de Gobierno Local, que señala que, en este caso, la colaboración entre las administraciones locales, en el aspecto técnico, jurídico y administrativo, se une al ya establecido en el ámbito de las emergencias.
En una sesión ordinaria, la Junta ha acordado concretamente "autorizar a aquellos empleados públicos que, como consecuencia de la Dana , no pueden desplazarse a sus puestos de trabajo y no pueden teletrabajar, a colaborar, en el ámbito de sus competencias profesionales, con las corporaciones de los municipios donde residan”.
En el mismo acuerdo, el Ayuntamiento ha autorizado a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional a prestar asistencia jurídica y técnica a las corporaciones de los municipios afectados por la Dana y que así lo requieran.
En este segundo caso se trata del personal responsable de la Secretaría, Tesorería e Intervención, cuyas funciones son "indispensables por ley para el correcto funcionamiento de las administraciones públicas".
En estos momentos, el Ayuntamiento de València está funcionando con cerca de un millar de empleados públicos menos.
De ellos, 620 están afectados por las consecuencias de la dana y, en estos momentos, por diferentes circunstancias, no pueden acudir a sus puestos de trabajo.
Los otros 302 empleados, hasta completar el millar, están de baja a causa de otras razones.
Los servicios municipales más mermados de empleados por las consecuencias de la Dana son el de Atención Primaria del Área de Bienestar Social (197), Policía Local (84), Bomberos (22) y Descentralización y Participación Ciudadana (23).
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha activado el teletrabajo para el personal que deba utilizar para desplazarse necesariamente infraestructuras dañadas por la catástrofe. También para aquellos con responsabilidades familiares que puedan verse afectados por el cierre de centros educativos y otras circunstancias derivadas del temporal, o que residan en zonas de especial afectación o riesgo.
