Foto: AYUNTAMIENTO DE VALENCIAVALÈNCIA. Las protestas habían ido a más y finalmente el Ayuntamiento de València ha tenido que dar un pasto atrás y rectificar una de las medidas más polémicas adoptadas el primer semestre del mandato del nuevo gobierno: no prorrograr la bonificación establecida en los alquileres de la empresa municipal Aumsa de las que se beneficiaban más de medio millar de personas. Unos descuentos que caducaron el pasado 31 de diciembre, lo que provocó una subida significativa para los 530 inquilinos en la cuota mensual que pagaban de alquiler.
Tras las protestas de los afectados, este lunes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha anunciado que el Ayuntamiento de València volverá a bonificar los alquileres municipales para que ninguno de los arrendatarios tenga que destinar más del 25% de su sueldo al pago del alquiler. En caso de que alguno de los afectados se encuentre en esa situación, el consistorio se hará cargo de la diferencia, según ha explicado la primera edil a varios inquilinos que se han manifestado a primera hora de la mañana frente a la Diputación de València, donde desde hace cuatro meses se celebran los plenos municipales.
"Comunicamos a los inquilinos de AUMSA que no pagarán más del 25% de los ingresos de la unidad familiar por el alquiler de sus viviendas. Lo aprobaremos hoy en la moción alternativa que presentamos en el Pleno", ha explicado poco después Catalá en su perfil de la red social X.
El texto nuevo propone iniciar el procedimiento de revisión de la Normativa del Registro de Demandantes y Procedimiento de Adjudicación de las Viviendas Promovidas y Gestionadas por Aumsa". Un trámite para "homogeneizar criterios con las Bases Reguladoras del Procedimiento de Inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda y del Procedimiento de 'Adjudicación de Viviendas en Régimen de Alquiler Asequible del Ayuntamiento de València de manera que se tenga en cuenta, en vez del orden de inscripción como hasta ahora, las situaciones de vulnerabilidad, mayores de 65 años, entre 18 y 35 años, familias numerosas y monoparentales, víctimas de violencia de género doméstica o terrorismo, miembros de la unidad de convivencia con dependencia o diversidad funcional, familias en situación de desahucio eminente o incluidas en programas de bienestar social". En definitiva, en la convocatoria se revisarán los criterios de adjudicación de las viviendas gestionadas por la citada sociedad pública.
El segundo punto de la moción, además, compromete al Ayuntamiento a que, de acuerdo con el decreto 68/2023 de la Generalitat, "ningún inquilino de la empresa pública Aumsa pague por renta de alquiler cantidad que supere el 25% de los ingresos brutos de la unidad de convivencia con efectos de 1 de enero de 2024".
La moción planteada por los populares y que previsiblemente saldrá adelante con los votos a favor de los concejales de gobierno -PP y Vox-, se plantea como una alternativa al texto que había registrado Compromís para que se debatiera en el pleno municipal. En él, los valencianistas reclamaban prorrogar durante un año "y desde el 1 de febrero el convenio que había venido funcionando entre Aumsa y sus inquilinos".
Asimismo, también pedían "reconocer de nuevo a los representantes de las comunidades de vecinos de Aumsa e iniciar la negociación de un nuevo convenio", de manera que de cara a 2025 ya hubiera un nuevo marco legal en el que estuvieran contempladas "las bonificaciones a los alquileres de viviendas, trasteros y plazas de garaje, teniendo en cuenta modelos de éxito como el de l' Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol (EVHA)". Por último, proponían habilitar una oficina de atención a los inquilinos "sin cita previa en el distrito de Ciutat Vella".
El lío actual estalló a principios del mes de enero, cuando Compromís denunció que el consistorio había aplicado una subida en los alquileres de estas viviendas y algunas de las familias habían pagado de media 200 euros más de lo que venían pagando los últimos años en su último recibo. Una denuncia que obligó al ejecutivo a salir al paso para justificar tal decisión: el portavoz Juan Carlos Caballero aseguró en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que el incremento no era tal, sino que en realidad se había suprimido la bonificación aprobada en su día por el gobierno de Rita Barberá y que el ejecutivo conformado por PSPV y Compromís había ido prorrogando durante la última década.
La bonificación se aplicó inicialmente en 2013, con el exconcejal Alfonso Grau como responsable de Aumsa. La ayuda ideada en aquel momento buscaba dar salida a los pisos de la empresa pública, ya que muchas de ellas se encontraban deshabitadas y a pesar de que el Ayuntamiento buscaba inquilinos, los vecinos las rechazaban porque optaban de forma preferente a viviendas del mercado libre, más competitivas al tener mayores prestaciones. Con aquel escenario, el gobierno popular decidió ofrecer alquileres por debajo del precio de mercado y la medida se mantuvo en el tiempo hasta el pasado 31 de diciembre, cuando venció el plazo de la última prórroga, aprobada por los socialistas a finales de 2019, hace ya cuatro años.
Las normas aprobadas por el anterior equipo de gobierno que formaban PSPV y Compromís establecían que los alquileres no podrían superar el 25% de los ingresos de los arrendatarios. Algunos de los afectados por la subida del alquiler actual al haber caducado la bonificación en cuestión, expresaban el pasado miércoles que en caso de no resolverse su situación, la cuota mensual a la que deben hacer frente supera el 50% de sus salarios.
Con este escenario, el PSPV registró una moción para tratar de revertir la situación y que el Ayuntamiento volviera a aplicar la bonificación en cuestión a los inquilinos de estas viviendas que debía debatirse este miércoles en la comisión de Urbanismo. Es decir, que se prorrogasen los descuentos de los alquileres en el próximo consejo de administración de la empresa pública de vivienda con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La propuesta, sin embargo, fue rechazada en comisión el miércoles pasado.
En su lugar, el consejo de administración de Aumsa debatiría días después qué hacer ante esta situación. En él, así, el pasado viernes se acordó revisar los criterios de adjudicación de las viviendas gestionadas por la citada sociedad y estudiar individualmente la situación de cada familia. Ahora bien, no se planteó la opción de crear un nuevo convenio para salvar la bonificación perdida. Sin embargo, esta será ahora la solución del Ayuntamiento de València tras aprobarse la moción registrada por el propio gobierno municipal.
