VALÈNCIA. (VP) La ciudad de València cuenta con un total de 406 empresas y organismos como grandes tenedores de vivienda, es decir, que tienen en su poder 10 o más viviendas registradas a su nombre en todo el término municipal, según ha informado el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán. Esta es la base de grandes tenedores a los que el Ayuntamiento de València podrá aplicar un recargo del 30% en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) si mantienen las viviendas vacías y no las incorporan al mercado del alquiler como exigirá la nueva Ley de Vivienda en la que está trabajando el Gobierno central.
El Estudio del Número de Viviendas por Tenedor en el que se ha basado el consistorio para realizar los cálculos establece que en la ciudad de València hay un total de 420.298 viviendas pero sólo 324.329 propietarios entre personas físicas y personas jurídicas. El 99,74% de estos propietarios (323.499) dispone de menos de 10 inmuebles mientras que el 0,26% restante (830) tiene en su poder más de 10 viviendas. El registro de vivienda vacía que está elaborando la Generalitat debe determinar ahora cuáles de estos grandes propietarios no han sacado al mercado del alquiler sus inmuebles y, por tanto, son susceptibles de que el consistorio les aplique el recargo del IBI.
Sanjuán ha asegurado que si la Generalitat entrega su registro de viviendas vacías de grandes tenedores antes de que finalice el año, el consistorio podrá aplicar el recargo ya en 2022. “El Ayuntamiento de València ya tenía hechos los deberes y la Generalitat ya ha avanzado mucho en poder aplicar un recargo a la vivienda vacía. Si los plazos se cumplen y tenemos ese registro de viviendas vacías de la Generalitat de grandes tenedores antes de final de año, en el 2022 habrá ya un recargo”, ha manifestado el edil, quien ha insistido en que el objetivo no es recaudar sino que haya menos vivienda vacía en la ciudad y, por tanto, bajen los precios del alquiler.
Para los socialistas, según ha explicado Sanjuán, la prioridad es el acceso a la vivienda de los ciudadanos de València y no los privilegios de las grandes corporaciones, por lo que se están estableciendo medidas concretas para garantizar este derecho fundamental y penalizar a través del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a los grandes tenedores de viviendas que tengan inmuebles vacíos en cualquier barrio de la ciudad.