Juan Carlos Caballero, en una imagen de archivo. Foto: JOEGE GIL/EPVALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de València va a devolver a la Generalitat 2,8 millones de euros no ejecutados del contrato programa de servicios sociales. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del gobierno local que preside María José Catalá y forman PP y Vox, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.
El edil ha señalado que esta es una "triste" decisión que "no ha gustado tomar" al actual ejecutivo de la ciudad y ha asegurado que se ha tenido que adoptar "a causa de la ineficaz gestión del gobierno anterior", formado por Compromís y PSPV.
"Se trata de un acuerdo de gobierno que hemos tenido que adoptar sobre el reingreso a la Generalitat de una cantidad de 2,8 millones de euros por la nefasta gestión anterior. Esta es la consecuencia de anteponer la ideología a los criterios de eficacia y de rigor en la gestión", ha aseverado Caballero.
El responsable municipal ha comentado que "el gobierno anterior, que se autodenominaba el más social y el que más trabajaba por las personas, recibió una subvención para el ejercicio 2022 en el marco del contrato programa de servicios sociales para atender a las personas más vulnerables" que "no ejercitó en su totalidad".
Así, ha apuntado que "ha tocado ahora a este equipo de gobierno devolver los 2,8 millones de euros que no había ejecutado el equipo anterior". Ha declarado que la cantidad que se ha de devolver corresponde "al equipo de atención primaria básica, una subvención que iba destinada a la financiación de 445 profesionales" y ha dicho que "el Ayuntamiento de València solo justificó 337".
"Lo que quiere decir es que se han tirado por la borda dos millones y medio de euros que debían haber ido destinados a la contratación de 108 profesionales más que no se contrataron", ha añadido. "Ese dinero no ejecutado toca devolverlo. Es un verdadero drama porque estamos hablando de servicios sociales, de las personas más vulnerables, de las personas que requieren de la administración local -la "más cercana", ha precisado- el sustento y la ayuda para poder llegar a final de mes o cubrir sus necesidades de dependencia", ha insistido.
Igualmente, ha señalado que "el gobierno de Compromís y PSPV no ejecutó y al Ayuntamiento le corresponde devolver cerca de 300.000 euros correspondientes al servicio de ayuda a domicilio de la Dependencia". "Es otra triste noticia porque se podían haber beneficiado personas en servicios sociales y de atención social. No se ejecutó y toca devolver", ha agregado.
Desde la oposición municipal, la edil de Compromís Lucía Beamud ha indicado en respuesta a Caballero, que "el contrato programa ha supuesto ampliar y dignificar los servicios sociales en el Ayuntamiento de València en más de un 35% de la ampliación de su plantilla".
"En cambio, vemos con mucha preocupación cómo el gobierno de Catalá está ya rechazando a personal. Concretamente, a cuatro agentes de igualdad y ocho promotoras de igualdad que vienen del contrato programa", ha asegurado.
Beamud ha añadido que "el verdadero drama es la existencia de un gobierno extremadamente antisocial por parte de Catalá y de sus socios de gobierno" y ha dicho que "prueba de ello es que tenemos este martes una manifestación que va justamente en esa dirección, en contra de los recortes de los servicios sociales".
Juan Carlos Caballero ha manifestado, por otro lado, que "no de devolver sino de no ejecutar y no pagar" es lo que el ejecutivo ha visto en "bomberos y policía". "El gobierno anterior dejó de pagar por servicios extraordinarios prestados por parte la Policía Local y los bomberos: 7,7 millones de euros que nos hemos encontrado de trabajos realizados por parte de nuestros policías y bomberos que este ayuntamiento no pagó", ha expuesto.
Caballero ha indicado que la Junta de Gobierno Local ha acordado este viernes "pagar en torno a medio millón de euros de estos retos" y ha asegurado que "antes de que acabe el año, el Ayuntamiento habrá pagado 3 millones de euros de esos retrasos".
Por otra parte, el portavoz ha anunciad que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adenda al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de València y la entidad Esclavas de María Inmaculada para ayudar en el alojamiento, la manutención y el apoyo socio-educativo de 30 personas susceptibles de incorporarse al mundo laboral, todas ellas objeto de atención de los programes de acogida.
A través de esta adenda, el consistorio aprueba la primera prórroga de las dos contempladas en el convenio y concede así una subvención anual de 201.000 euros a la residencia religiosa Esclavas de María Inmaculada, centro benéfico social.
Además, se ha aprobado la segunda prórroga del convenio con la fundación privada Amigos de los Mayores/Amics de la Gent Gran/Amics de la Gent Major por un importe de 10.000 euros. Igualmente, el Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con la Asociación Domus Pacis-Casal de la Pau por el que se conceden 15.000 euros para desarrollar el Proyecto Global de Carmelitas. Acogida a personas enfermas sin apoyo familiar.
El Casal de la Pau atiende a personas en situación de exclusión social y actualmente dispone plazas para acoger a personas en libertad condicional por enfermedad que carecen de un entorno familiar adecuado para cubrir sus necesidades y ofrece cuidados sanitarios específicos y de apoyo social.
