Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. Los problemas del concejal y portavoz de València en Comú en el Ayuntamiento de València, Jordi Peris, no han terminado con la destitución del gerente de la Fundación Inndea, Rafael Monterde. El cese del director de Las Naves por su presunta relación con la trama del caso Cooperación no ha sido suficiente. Según el informe elaborado por una comisión interna de València en Comú al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la marca electoral con la que Peris se presentó a las elecciones de 2015, ya le advirtió en marzo de 2016 de que, ante las presuntas "irregularidades" en las contrataciones ejecutadas por su gerente en Las Naves, retrotrajera el proceso de selección hasta la fase de baremación en las pruebas.
El documento destripa el proceso de selección de personal que se hizo en el complejo cultural, del que Valencia Plaza informó en su día. Pero, especialmente, cuestiona el papel desempeñado por Peris. El texto, de hecho, recuerda que en el plenario de València en Comú del pasado 21 de marzo se "recomendó retrotraer el procedimiento de selección de personal a la fase de baremación". La sugerencia, sin embargo, durmió el sueño de los justos. "A día de hoy, dicha recomendación sigue sin ser atendida por el Sr. Gerente de InnDEA sin que Jordi Peris, concejal responsable de dicha fundación y miembro de esta plataforma haya instado a que se cumpla el mandato del plenario", critica el escrito fechado en abril. Así, el secretario general de Podemos València, Jaime Paulino, confirmaba este martes a Valencia Plaza que Peris todavía no había asumido dicho mandato.
El informe, un auténtico obús a la gestión de Monterde, también censura el doble juego del exgerente de Inndea durante la campaña electoral y la posterior negociación del pacte de La Nau, el acuerdo entre Compromís, PSPV y València en Comú para descabalgar a Rita Barberá del Ayuntamiento de València. A juicio de la comisión encargada de redactar el informe, "Rafael Monterde podría incurrir en una incompatibilidad absoluta para desempeñar el cargo de gerente de InnDEA, ya que fue uno de los seis miembros de la Comisión Negociadora del Pacte de la Nau, representando a València en Comú".
Una afirmación que se hace a tenor "del Código Ético de València en Comú y de las manifestaciones públicas realizadas en tal sentido por nuestros representantes en las instituciones durante la campaña electoral y en reiteradas ocasiones a partir de entonces".
De hecho, el documento concluye que participar de una negociación "vinculada directamente con la asignación de Concejalías Delegadas y Entidades Públicas que le correspondieron a València en Comú -entre las cuales está, entre otras, la Fundación InnDEA-, le convertiría voluntaria o involuntariamente en juez y parte en el proceso, lo cual chocaría frontalmente con nuestro código ético".
Ahora bien, en la valoración de la comisión interna de València en Comú van más allá. Se denuncia una segunda incompatibilidad de Monterde y se pone en duda si para acceder a la gerencia de la Fundación Inndea hubiera sido necesario la convocatoria de un concurso público. "La condición del puesto de Director General de InnDEA ha dejado abierto el debate de si se trata de puestos equiparables al de asesor municipal, de marcado carácter político, y que debería someterse, por tanto, a la aplicación del Código Ético de València en Comú", se reflexiona.
"Entendemos que es necesario, desde un punto de vista político, que se aclare indubitadamente el vínculo que mantiene actualmente el director de InnDEA con la Plataforma, ya que, a nuestro entender, sólo caben dos alternativas: o se trata de un puesto profesional, abierto a concurrencia, o se trata de un puesto de carácter político y, como tal, debe estar bajo las mismas normas de participación ciudadana y rendición de cuentas que en toda la actividad política de VALC debe regir", señala el informe, que cuestiona el método por el cual accedió Monterde a la dirección del ente que gestiona complejos culturales como Las Naves.
La crítica por el proceso de contratación de Monterde viene acompañada de la denuncia de la opacidad que se produjo en su acceso al cargo directivo. "No es posible trasladar a este informe datos concretos sobre el proceso de selección del Director General de InnDEA", se apunta taxativamente.
No obstante, el informe no solo se centra en la elección de Monterde como resposnable de Inndea. También se audita las contrataciones controvertidas de personal que se hicieron para cubrir, según defendió en su día Monterde, los despidos de trabajadores afines al PP. De hecho, y según establece el documento, cuando se produjeron dichas bajas en la empresa no se comunicó a València en Comú de la contratación de nuevo personal. Es decir, la plataforma desconocía por completo el polémico proceso.
El documento recoge que cuando estalló el caso sobre la creación de una plaza a medida para la activista Sara Verdú -que junto con Javier Ibáñez, mano derecha de Monterde y salpicado también por el caso Cooperación, son los únicos empleados que eran fieles al director actualmente- "generó un clima en el interior de la organización por la relevancia política de las personas involucradas, la insuficiente información a la Plataforma y los consiguientes recelos".
Con toda la información en sus manos, València en Comú considera que el "procedimiento fue altamente subjetivo, con elementos como la valoración sobre el currículo presentado, concluyendo con una segunda fase consistente en una entrevista personal, renunciando a una prueba auténticamente objetiva". Y destaca que los "criterios de valoración para el proceso de selección han sido elegidos exclusivamente por la gerencia de InnDEA, sin ninguna participación o negociación sindical". Como muestra de ello, señalan que la entrevista "fue la fase clave del proceso de selección, ya que fue realizada "exclusivamente por Rafael Monterde, sin presencia de otras personas".
Además, el informe recoge en su anexo "un cúmulo de incoherencias entre los requisitos exigidos por la convocatoria y los criterios de baremación realmente aplicados a la hora de puntuar los currículums". En la parte adicional del documento, se muestra como se tienen en cuenta con un 10% de puntuación la formación especializada en programas de financiación europea cuando no está contemplado en los requisitos iniciales de la convocatoria. Lo mismo ocurre con la experiencia en gestión financiera y administrativa en proyectos europeos o con la experiencia en justificación financiera ante instituciones financiadoras.
También se critica que los criterios de valoración "fueron hechos públicos después de que InnDEA dispusiera de los currículos de los aspirantes, lo que choca con la ley de contratación de las Administraciones Públicas". La comisión encargada del informe, además, indica que sostener "que InnDEA es una fundación privada y, en consecuencia, no está sometida a las exigencias de contratación pública, entendemos que vulnera nuestro código ético y al propio programa de VALC. Porque no debemos olvidar que ese, precisamente, fue el argumento habitual del PP para hacer lo que le venía en gana en estas entidades", rematan.
Ante todos estas deficiencias, se concluye que se han producido "graves irregularidades". Y se alerta desde València en Comú que se ha podido "perjudicar tanto a aspirantes como a personas que renunciaron a presentar su candidatura". "Como responsables de la gestión de InnDEA en esta nueva etapa, deberíamos haber declarado el sometimiento voluntario de la fundación a la totalidad de las exigencias y condiciones de contratación, fiscalización y transparencia de los organismos públicos", reconocen desde la marca paraguas de Podemos.
La gestión de Inndea se ha convertido en piedra de toque de la plataforma y en una pesadilla inminente para Peris, a quien las sombras de su relevo como portavoz de València en Comú en el Cap i Casal vuelven a rondarle. Y más con un informe que cuestiona su papel a la hora de dar luz a la oscura gestión de Las Naves.