VALÈNCIA. La tasa del millón de euros. Así se podría bautizar a la nueva ordenanza fiscal aprobada en la última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València. El nuevo tributo será para las conducciones de gas, electricidad y agua que atraviesan el subsuelo de la ciudad, de propiedad municipal.
Para ponerlo en práctica se ha tenido en cuenta cinco sentencias del Tribunal Supremo. El alto tribunal avaló en estos fallos judiciales, que sientan doctrina, que los municipios cobren a las empresas eléctricas y de gas por el uso del suelo público para transportar sus productos, y que esta tasa esté por encima del valor catastral del suelo.
Las sentencias, contrarias a Unión Fenosa, Gas Galicia y Red Eléctrica, han dado cobertura legal al consistorio valenciano para incluir en los presupuestos del Ayuntamiento para 2018 este nuevo impuesto que recaerá directamente sobre las grandes empresas. La medida, anunciada este verano, según relató a Valencia Plaza el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, supondrá para las arcas municipales unos ingresos de “cerca de un millón de euros en una primera estimación”.
La tasa afectará especialmente a Iberdrola, Gas Natural, así como a las empresa de telefonía. Si bien desde varias de las empresas consultadas no avanzaron aún una respuesta concreta, desde el PP municipal su portavoz, Eusebio Monzó, advirtió que el impuesto recaerá sobre la ciudadanía ya que la tasa repercutirá a su vez en el recibo. Esa es al menos su estimación tras su experiencia personal.
Y es que la Generalitat, con el PP en el gobierno, ya estudió en su momento aplicar esa tasa pero desistió tras sondear a las grandes empresas y recibir como respuesta que éstas trasladarían al recibo de los particulares el nuevo coste. Es por eso que Monzó, tras conocer las nuevas ordenanzas fiscales, lamentó que “por tercer año consecutivo se suba la presión fiscal en València” con una medida que, en principio, “perjudicará a las familias”.
Igualmente Monzó calificó esta nueva tasa como “totalmente innecesaria, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento dispone de recursos más que suficientes”. En concreto el portavoz popular se refirió al bajo grado de cumplimiento del presupuesto municipal en inversiones y se preguntó: “¿Para qué quiere Ribó recaudar más si es incapaz de ejecutar el dinero del presupuesto municipal?”.
Monzó cargó las tintas sobre el Govern de la Nau y su política impositiva, y criticó que desde el cambio en el poder consistorial se hayan subido el IBI y el impuesto de vehículos, se haya implantado una nueva tasa por telefonía móvil, y se haya subido también la tasa por ocupación del dominio público. Impuestos a los que hay que unir ahora otra tasa a las compañías eléctricas, telefónicas y gasísticas. “València ha dejado de ser una de las ciudades españolas con menor presión fiscal”, sentenciaba este lunes.