València licita de urgencia la gestión de una residencia al negarse la gestora a prorrogar por el alza de precios

VALÈNCIA. El alza de los precios ya le ha pasado la primera factura al Ayuntamiento de València. La institución que preside Joan Ribó ha tenido que licitar por procedimiento de urgencia la gestión de la residencia y centro de día para personas con discapacidad intelectual La Nostra Casa-Vall de la Ballestera, propiedad del Cap i Casal desde 2004, porque a la gestora no le salen las cuentas. 

El contrato del consistorio con la adjudicataria actual, Sar Residencial y Asistencial (Grupo DomusVi), vence el próximo 31 de enero de 2023. Y aunque existía posibilidad de prorrogar, la concesionaria trasladó el pasado mes de mayo al Cap i Casal que no estaba dispuesta a ampliar un año más el contrato atendiendo al "desequilibrio económico". 

Según consta en el informe justificativo de la licitación de urgencia, la empresa facilitó al Ayuntamiento de València el balance anual en el que se puede constatar "que los gastos de personal, más los costes directos e indirectos" suponían actualmente ya "más del 118% de los ingresos del Centro Residencial". 

Con este escenario y dado que apenas queda poco más de un mes para que venza el contrato actual, la Junta de Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre licitar por 11,4 millones de euros -IVA incluido- el servicio de gestión de la residencia y centro de día para discapacitados intelectuales por un periodo de 4 años. 

El contrato, de la misma manera que ya ocurrió con la licitación anterior, no se divide por lotes atendiendo al artículo 99.3 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), dado que la realización de forma independiente "de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaría su correcta ejecución desde el punto de vista técnico, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones", expone el pliego. 

Incremento del 18,5% del precio por plaza

La Nostra Casa - Vall de la Ballestera sirve de vivienda y centro de día para personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que tienen reconocida la situación de dependencia en cualquier grado y nivel, y que "por sus circunstancias personales o de salud necesitan un recurso sustitutivo del hogar". La idea era que esta pasara a ser gestionada este año por la Generalitat, y de hecho el Ayuntamiento de Valencia firmó el traspaso en 2021. 

Pero la "dificultad jurídica" ha impedido que se formalice todavía este traspaso, según consta en un informe elaborado por la Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por lo que, a la vista de que el contrato de gestión con Sar Residencial vencía en enero, debía ser de nuevo el Ayuntamiento el que licitara un nuevo contrato o propusiera la prórroga a la concesionaria. 

Desde 2017, Sar Residencial prestaba el servicio de gestión al haber sido la adjudicataria del contrato con un precio por mes por plaza ocupada de 3.105 euros mensuales. En total, suponía un coste de 186.333 euros mensuales, 2,2 millones al caño. El convenio, que vencía en enero de 2022, fue prorrogado por un año más el año pasado y existía la posibilidad de ampliarlo por un periodo idéntico hasta 2024. 

Sin embargo, con la inflación disparada al 6,8%, la adjudicaría había trasladado al consistorio la imposibilidad de continuar en las mismas condiciones económicas porque el precio por plaza se debía incrementar "en un 18,5%" para restablecer el balance de ingresos y cuadrarlo con los gastos.