Panorámica de la plaza del Ayuntamiento de València. Foto: KIKE TABERNER.Ribó y sus socios del consistorio intensifican los contactos con otros grandes municipios como Madrid y Barcelona para conseguir libertad de gestión y contratación. El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, denuncia: “Montoro pretende que los ayuntamientos trabajemos para los bancos pero nosotros queremos trabajar para las personas"
VALÈNCIA. Dicen quienes le conocen que al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se le llevan los demonios cada vez que los periodistas, haciendo uso de la figura de la metonimia, titulan con su apellido una acción de su departamento. Pero es que, más allá de la literalidad, la realidad es que la figura del jienense ha quedado unida inextricablemente a las políticas de austeridad. Citarle es tan efectivo, a efectos del lenguaje, como mencionar a Ángela Merkel para referirse a las susodichas políticas emanadas desde la Unión Europea.
Montoro es la austeridad y la austeridad es Montoro. Al menos así lo sienten en el Ayuntamiento de València. El Govern de la Nau, término oficioso con el que le gusta designarse a los miembros del tripartito que rige en el consistorio valenciano (Compromís, PSPV-PSOE y Valencia en Comú), habla de él continuamente como obstáculo, como barrera, como lastre, como el impedimento que les entorpece su gestión y que hace que estén con un déficit acuciante de personal. “No queremos ser una voz ahogada por la estrechez de miras de ministros como Montoro”, dice el alcalde de València, Joan Ribó, en declaraciones a Valencia Plaza. Montoro como némesis.
Uno de los concejales que nombra con más asiduidad al ministro es el socialista Ramón Vilar, su homólogo en el Ayuntamiento y uno de los más críticos con la tutela que ejerce en estos momentos el Gobierno Central. “Estamos en un momento dramático de violación de la autonomía municipal”, aseguraba Vilar este viernes. El motivo, explicaba, es que si en 2016 la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado hacía una salvedad “que permitía que al menos el superávit presupuestario pudiera destinarse a inversiones financieramente sostenibles”, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado ha hecho que en estos momentos el superávit debe destinarse a amortización de deuda”.
En el caso de València, el Ayuntamiento cerró 2016 con un superávit de 42 millones de euros, dinero que no se podrá emplear en políticas sociales ni de ningún tipo, sólo saldar créditos. Por este motivo, Vilar llegó a afirmar que “Montoro pretende que los Ayuntamientos trabajemos para los bancos pero nosotros queremos trabajar para las personas”, dijo. Por eso reclamaba, de manera “urgente, como mínimo por un Decreto-Ley”, la prórroga para 2017 de la posibilidad de invertir el superávit en inversiones financieramente sostenibles”.
La protestas no se producen sólo en Valencia. El Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena al frente, es otro de los que se ha posicionado de manera beligerante contra estas políticas de austeridad. Gobernado también por una coalición de izquierdas, Madrid ha decidido hacer frente común junto València y a otros grandes municipios para acabar con la regla de gasto, el corsé que les impuso la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Con la alcaldesa Manuela Carmena como anfitriona y la presencia de los alcaldes de Zaragoza, Valladolid y Las Palmas, entre otros, el alcalde Joan Ribó participó este miércoles en la capital en una nueva reunión para analizar las posibilidades de modificación de ese corsé maldito. Convocaba el Ayuntamiento de Madrid pero unas semanas antes, en València, Ribó ya había impulsado la llamada Declaració de València que fue firmadas por más de sesenta ayuntamientos de toda España. La misma se incluyó dentro de las jornadas municipalistas, en la que se reclamaba una mayor autonomía para los gobiernos locales, y era un reconocimiento al trabajo sordo que está haciendo el Govern de la Nau en pro de todos los municipios españoles.
“Las limitaciones que plantean la ley de Haciendas Locales y la ley de Estabilidad Presupuestaria a los municipios son múltiples y muy importantes”, explican desde el Ayuntamiento de Madrid; “sobre todo si se tiene en cuenta que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y por ende las más cercanas a las necesidades que plantean los vecinos y vecinas y que hay que atender. Resultan paradójicas esas limitaciones cuando los ayuntamientos están dando en general muestras de ser las administraciones que más estabilidad garantizan”, aseguraban.
Una idea con la que coincide Ribó, quien explicaba que desde su Ayuntamiento tienen “muy claro” que “la ciudadanía, más allá de los límites administrativos, es lo más importante”. “Por eso no entendemos que el gobierno de Rajoy discrimine como lo hace a los valencianos, en términos de financiación e infraestructuras, pero tampoco entendemos que se criminalice a los ayuntamientos, que son los únicos que tenemos superávit, frente a las deficitarias cuentas del gobierno central”, decía.
En el caso de Madrid, explican, se enfrentan a una regla de gasto calculada en base a premisas que consideran “injustas y desactualizadas”. El cálculo de la regla, relatan, fue diseñado en un periodo en el que la mayoría de corporaciones locales incumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria y en el que se consideraba prioritario contener el gasto público.
Sin embargo, cuatro años más tarde, la mayoría de los ayuntamientos más importantes cumplen sobradamente los requisitos de déficit, deuda y pago a proveedores, por lo que, dicen desde Madrid, continuar restringiendo el gasto a los municipios atendiendo a ese restrictivo cálculo de la regla de gasto resulta contraproducente para los ciudadanos. Así, al igual que le sucede a València, en Madrid, pese a tener superávit, en su caso superior a los mil millones, y reducir la deuda a un ritmo histórico, la regla de gasto les está limitando “de manera artificial” la capacidad para hacer frente al gasto social y las inversiones necesarias para la gente.
Ribó, Carmena y otros de los alcaldes llamados del cambio, han entendido que ésta es una guerra en la que han de estar juntos. “Por eso propiciamos la unión con otros ayuntamientos”, dice Ribó; “porque se trata de problemáticas comunes en las que todos debemos estar unidos, independientemente del territorio donde estén ubicados, o del partido político que los gobierne. La Declaració de València se dio a firmar a todos los partidos políticos: tanto de Compromís como del PP, así como los gobiernos de nueva izquierda o el PSOE. Uno de los signos del cambio político en València también se nota tras haber roto la barrera del aislamiento institucional al que nos tenía sujetos el PP; ahora se habla con otras administraciones, sin importar que sean del mismo o de diferente color político”, explicaba.
En este orden de cosas, el concejal de Gobierno Interior de València, Sergi Campillo, de Compromís, estuvo este jueves en Barcelona donde firmó una nueva declaración municipalista para promocionar la contratación pública responsable. Junto con el concejal valenciano firmaron la declaración el primer teniente de la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello; el concejal del área de Gobierno, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y el primer teniente de la alcaldía del Ayuntamiento de Sabadell, Joan Berlanga. Además se añadieron a la firma los ayuntamientos de Sevilla, Pamplona y Badalona.
Por ahora son sólo eso, declaraciones, gestos, firmas, pero ponen sobre el tapete la rebelión de los ayuntamientos frente a los rigores de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una norma que consideran la mayoría de los ayuntamientos que, en su caso, está ya superada y que ha dejado de ser parte de la solución para convertirse en un problema. A Montoro no le gustará que las citen así, pero son sus reglas. Y nadie las quiere.
