Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Todo sigue igual desde que el Ayuntamiento de València rescindiera el contrato de la grúa en octubre de 2017. Todavía no se ha convocado el correspondiente concurso público. Pero mientras, la última Unión Temporal de Empresas (UTE) contratada continúa prestando el servicio de grúa municipal a la espera de la nueva licitación, y desde noviembre de 2017 ha recibido del consistorio una suma que asciende a más de 6,5 millones de euros.
Durante el verano del año 2016, un ejercicio después de tomar las riendas el Govern de La Nau, la entonces edil de Seguridad Ciudadana y ahora portavoz socialista, Sandra Gómez, anunció la resolución de la contrata con la UTE Pavarpark Movikidad y Autobuses Playa San Juan por incumplimiento de los pliegos. Esta gestionaba el servicio desde dos años antes tras ganar el concurso. Antes lo hacía Servicleop.
En palabras de Gómez, esto era una "patata caliente" del anterior gobierno cuya contrata, además, había empeorado el servicio y había incumplido las condiciones pactadas. Sin embargo, no fue hasta mitad del mandato, en octubre de 2017, cuando se hizo efectiva la rescisión. Una maniobra que costó al consistorio una indemnización de 2,5 millones de euros en su momento.
La intención del consistorio era poner en marcha otro concurso público para licitar el servicio. Sin embargo, apuntan fuentes municipales, todavía no existe ningún expediente abierto que incluya los nuevos pliegos. Preguntada en varias ocasiones la concejala que sustituyó a Gómez al frente de la concejalía, Anaïs Menguzzato, no ha concretado cuándo se hará. De hecho, uno de los asuntos que estaban en el aire a pocos meses de los comicios municipales era este. La edil admitió ya en 2019 que el proceso se iba a dilatar todavía más y probablemente hasta el final de este ejercicio.
Pero durante todo este tiempo, la UTE ha estado prestando el servicio, puesto que el consistorio lo entiende necesario e irrenunciable en una ciudad como València. Así pues, y a la espera del concurso, ha estado prorrogando la contrata sine die y pagando a la unión de empresas religiosamente 363.000 euros mensuales mediante reconocimientos de obligación.
Esta es una fórmula con la que, además, no hace falta justificar la cantidad de dinero gastada. Por ello, ante los repetidos pagos que se mantienen sin haber licitado el servicio, la Intervención municipal ha estado poniendo reparos y exigiendo al gobierno municipal que fije un período límite a este impás provisional. En total, dieciocho meses después de la rescisión del contrato, el Ayuntamiento ha abonado más de seis millones y medio de euros a la UTE contratista. Todavía está en el aire el concurso cuya tramitación aún no se ha iniciado.
