VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València no puede esperar. El retraso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado se ha convertido en la nueva correa con la que el Gobierno de España parece querer atar en corto a los ayuntamientos. Desde el consistorio valenciano tienen al menos esa impresión y están convencidos de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está usando este retraso como una nueva medida de presión para controlar y constreñir la acción municipal.
Pero el Govern de la Nau no piensa aceptar ese juego. Y es por ese motivo que tiene previsto solicitar un crédito puente de 25 millones de euros para poder funcionar sin agobios en este inicio del año. Así lo explicó este viernes el alcalde, Joan Ribó, acompañado por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar.
Ribó recordó que el Ayuntamiento de València había realizado sus deberes y que el año pasado se tuvo un remanente de tesorería en positivo en torno a los 42 millones de euros. Partiendo de esa premisa, el Govern de la Nau saldrá al mercado a buscar un crédito millonario para, además de afrontar una serie de inversiones previstas, hacer frente a diferentes sentencias por valor de cerca de 17 millones correspondientes a expropiaciones forzosas de terrenos del Plan de Ordenación Urbana, y que están contabilizadas en la cuenta 413, “que queremos limpiar lo antes posible”, dijo Ribó.
Las expropiaciones, muy por encima de lo presupuestado, obligaban a tirar mano de los ahorros, ese remanente de tesorería del que no se puede disponer hasta que los presupuestos generales del Estado estén aprobados. El crédito permitirá pagar y, ya cuando se puede hacer uso del remanente, se devolverá.
“Estamos en condiciones no sólo de acudir al mercado, sino de que se nos retire también la regla de gasto”, aseguró Vilar. Así enumeró que el Ayuntamiento se encuentra en estos momentos con “un periodo medio de pagos consolidados”, una deuda en positivo, superávit, etc… Parámetros que hacen más que justificado, desde su punto de vista, que se les retire el corsé de la regla de gasto, la raíz del problema.
En otro orden de cosas, Ribó y Vilar informaron de que se había ejecutado el 87% del presupuesto de 2017, 766 millones de euros que, recalcaron, se han destinado entre otras cuestiones a más inversiones para la ciudadanía, con una especial atención para mejorar los barrios de la ciudad.