València quiere ser mayor: más competencias, autonomía y financiación especial para la capital

VALÈNCIA. La ciudad de València todavía no ha conseguido consumar su voluntad de ostentar una suerte de Carta Magna propia como tienen otras grandes ciudades de España como Madrid, Barcelona o Zaragoza. La Carta Municipal -es el nombre oficial- es la norma mediante la cual las ciertas urbes consiguen cierta autonomía de funcionamiento y organizacional, e incluso un régimen financiero propio y diferenciado del resto de municipios en sus respectivas comunidades autónomas. 

El borrador elaborado por el consistorio de la ciudad, dirigido por Joan Ribó, va precisamente en esta dirección. El Ayuntamiento del Cap i Casal diseñó un texto inicial para el anteproyecto de Ley de Carta Municipal de València que remitió a la Generalitat Valenciana en 2018. Desde entonces poco se ha avanzado. Ahora bien, fuentes del gobierno autonómico señalaron a este diario la intención de ponerse manos a la obra a la vuelta del verano, en el mes de septiembre.

El extenso documento propuesto por el consistorio, al que ha tenido acceso este diario, pretende dar tratamiento de singularidad al Cap i Casal recogiendo que "el Ayuntamiento de València es más que la gestión de asuntos públicos" y que tiene un "régimen legal especial". En este sentido se fija un régimen de financiación propio y exclusivo de la capital con una línea de crédito directa de la Generalitat Valenciana, quizá uno de los aspectos más interesantes y relevantes para los gestores municipales.

Según recoge el documento, de salir adelante, los Presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana deberán incluir una partida específica para la ciudad "que tenga en cuenta los efectos económicos y sociales de la capitalidad" y de acuerdo con criterios equitativos, independientemente del resto de instrumentos de colaboración económica que haya entra las dos administraciones. Esta línea de financiación la determinará cada ejercicio el Consell de la Generalitat Valenciana y su gestión se articulará mediante la firma cada año de un convenio de capitalidad entre el Ayuntamiento y la administración autonómica.

Pero además, la Carta contiene un desarrollado apartado dedicado al ámbito competencial. Así, el consistorio ganaría competencias adicionales a las que ya tiene atribuidas por la normativa estatal o autonómica, lo que le situaría en un escalón superior respecto a los otros municipios del territorio valenciano en este campo. Ahora bien, el Ayuntamiento deja bien claro en esta propuesta de texto que todas las nuevas competencias que asuma deberán ir acompañadas de "las dotaciones financieras suficientes", todas ellas fijadas en convenios, contratos-programas u otros instrumentos similares.

Urbanismo: influencia directa en planes supramunicipales y grandes infraestructuras

Son múltiples las funciones que le serían atribuidas al consistorio, por ejemplo, en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Según el borrador de la Carta, el Ayuntamiento de València podría intervenir directamente en los planes de acción territorial o instrumentos de ordenación urbanística supramunicipales que afecten no sólo al propio término municipal, sino también al área metropolitana del Cap i Casal. Lo haría nombrando a representantes en los órganos de redacción y de seguimiento de estos planes.

También tendría la capacidad de influir en "todas aquellas actuaciones territoriales estratégicas" que llevasen a cabo promotores y que afectasen de algún modo a València ciudad, con la obligatoriedad de emitir informes vinculantes para admitir a trámite los proyectos. Y lo mismo podría hacer en "proyectos de creación o reforma de grandes infraestructuras".

Entre otras cosas, el texto también fija como competencias propia y exclusivas el control de la legalidad urbanística "incluso si se trata de infracciones graves o muy graves cometidas en terrenos calificados como suelo no urbanizable", y la potestad sancionadora en espectáculos públicos y actividades recreativas. Y además, podrá aprobar -si saliera adelante el texto tal cual- criterios objetivos de priorización en el fomento de edificación o rehabilitación en la ciudad, a partir de los cuales incluso poder dictar órdenes de edificación o rehabilitación forzosa.

Transporte: movilidad sostenible y metropolitana

Esta norma debería convertirse en Ley y aprobarse en Les Corts Valencianes, por lo que debería ser de estricto cumplimiento cuando entrase en vigor. Así, el Ayuntamiento de València quiere aprovechar para incluir aquí aspectos cuyo cumplimiento obligatorio en un futuro le parece relevante. Algunos de ellos en el área del transporte, de manera que el Ayuntamiento "orientará" sus políticas hacia la protección del medio ambiente, la participación pública y la promoción del transporte público, "procurará" establecer viarios alternativos al del transporte motorizado, "como carriles bici, itinerarios de peatones y la resta de conexiones propias de la infraestructura verde".

Además, deberá orientar sus políticas "hacia la conversión progresiva en zona de peatones de los centros históricos". Y también las áreas comerciales y "otros ámbitos aptos para la creación de nuevos espacios urbanos de convivencia ciudadana". También debería caminar, en cumplimiento de esta norma, hacia la pacificación del tráfico, con la implantación de calles 30 y ciclocalles.

El texto también aborda la representación de València en la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), cuyo consejo de administración está formado por la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) -en representación de las localidades del área metropolitana- y el Ayuntamiento de València. Pues bien, esta norma blindaría el equilibrio entre el consistorio y la Federación, de manera que la presencia del Cap i Casal "nunca podrá ser inferior al 50%" de la FVMP.

Vivienda, medio ambiente y comercio

Entre otras voluntades que quedarían reflejadas en esta norma, destacan en materia de desarrollo urbano el impulso de la regeneración y renovación urbana "de forma preferente" en los espacios "vulnerables", así como la aprobación de normas dirigidas a procesos edificatorios que garanticen "la accesibilidad universal y la no discriminación de personas con discapacidad", la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

También en términos de vivienda, aspecto sobre el que esta propuesta de Ley también fija directrices, como la de "procurar" la creación de "un patrimonio municipal de viviendas en régimen de alquiler suficiente" para "garantizar el derecho de las personas que cumplan los requisitos legales a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada, con especial atención a los colectivos con menos capacidad económica". El consistorio podría convertirse, en esta misma línea, en "entidad colaboradora" de la Generalitat Valenciana para la resolución de ayudas públicas de alquiler social y pobreza energética, más allá de las que dé el propio Ayuntamiento.

Obligaría esta norma al consistorio a llevar a cabo políticas de sostenibilidad para la "preservación, restauración y mejora del medio ambiente urbano y rural", para el descenso de los niveles de ruido, y para favorecer "la relocalización del sistema agroalimentario" hacia modelos "más sostenibles, inclusivos, resilientes y diversificados" con una mirada "bioregional, metropolitana o comarcal".

Uno de los aspectos que queda negro sobre blanco en este apartado y concretamente en referencia a la gestión del agua es que la Generalitat deberá transferir una "financiación oportuna" al Ayuntamiento para el tratamiento de aguas residuales y deberá hacerlo tras la firma de un convenio entre ambas partes que "atienda las singularidades de la ciudad de València en materia de saneamiento".

En el ámbito del consumo y del comercio, la norma establece que el consistorio tendrá que potenciar "el equilibrio adecuado" entre los diferentes formatos de comercio. Eso sí, "atendiendo especialmente al pequeño comercio, dado su arraigo social, cultural, lúdico y comercial que genera en los barrios y el centro histórico". Y ello junto a otra línea de actuación, la de impulsar plataformas de distribución agroalimentaria "de venta directa o en canal corto de distribución".