VALÈNCIA. (EP) El Ayuntamiento de València ha recuperado desde el año 2016 y gracias a la inspección tributaria más de 42 millones de euros procedentes de fraude fiscal, como ha indicado este martes el edil de Hacienda, Borja Sanjuán, que ha presentado en rueda de prensa los datos del Plan de Inspección Municipal de 2021.
"Desde el año 2016 este ayuntamiento ha recuperado del fraude fiscal más de 42 millones de euros que han podido destinarse a los presupuestos municipales, a sufragar servicios públicos y a costear inversiones" del consistorio "y a mejorar la ciudad", ha expuesto Sanjuán.
El titular de Hacienda ha señalado que "con anterioridad ese dinero se dejaba perder por parte del Ayuntamiento porque había una ausencia completa de inspección en torno a los tributos locales". El concejal ha detallado que en 2021, la cantidad recuperada ha ascendido a 6.201.520 euros, según ha informado el consistorio en un comunicado.
Borja Sanjuán ha comentado que esta última cantidad está marcada "por la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al ingreso de Plusvalías" por parte de las administraciones municipales, "que van a perder alrededor del 35% de los ingresos que generaba este concepto". Ha apuntado que es "una cifra inferior a la de años anteriores" debido a dicho fallo.
Si se desglosan los resultados del Plan de Inspección del último ejercicio se observa que por irregularidades en la Plusvalía se han recuperado 1,2 millones de euros, el 19% del total obtenido por las inspecciones. La sentencia provocó la devolución de cerca de 3 millones de euros en este concepto y la anulación de expedientes por un importe cercano a los 3 millones de euros, han detallado.
Por lo que respecta a otros ingresos, destacan los relacionados con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con "un elevado porcentaje de fraude que ronda el 70% de las empresas inspeccionadas". Borja Sanjuán ha asegurado que esta circunstancia "avala la necesidad de seguir realizando este tipo de inspecciones". En este apartado se han recaudado 2,1 millones de euros, sobre todo, en empresas recreativas, hospedaje, transporte y comercio.
"Este concepto se ha comenzado a inspeccionar desde la llegada de este nuevo gobierno y ha permitido recuperar más de 13 millones de euros. Además, ha aumentado en un 20% el número de empresas que tributan, lo que hace que cada vez la tributación, en la ciudad de València, sea más justa y mejor repartida", ha subrayado el titular de Hacienda.
Asimismo, se han practicado liquidaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra (ICIO) por un importe de 1,9 millones de euros, con un porcentaje de fraude del 78%. En cuanto a las tasas por ocupación del dominio público local, la recaudación ha sido de 208.000 euros, un 3% del total recaudado.
Sanjuán ha anunciado también que el servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de València trabaja "para mejorar la tributación de la Tasa de Aprovechamiento Especial del Dominio Público para VMP (Vehículos de Movilidad Personal), en lo que afecta a las motos eléctricas de alquiler".
El concejal ha dicho que se están resolviendo expedientes de cerca de 400.000 euros con estas empresas. Esas firmas tendrán que resolver estos expedientes para obtener licencias con el fin de operar los años próximos.
Las sanciones tributarias sobre expedientes que afectan al IAE han supuesto cerca de 800.000 euros, el 13% del importe total recuperado por el consistorio.
El consistorio estudia también, con el fin de poder cobrar el correspondiente impuesto en València, cómo regularizar la situación de empresas de alquiler de vehículos que operan en esta ciudad pero que los tienen matriculados en otras poblaciones más pequeñas con tributaciones más baratas.
Borja Sanjuán ha anunciado, por otro lado, que el próximo viernes la Junta de Gobierno Local aprobará el Plan de Inspección para el año 2022, que pretende adaptar de manera definitiva la recaudación de la Plusvalía conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Respecto a las tasas por ocupación del dominio público se va a incluir la utilización de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública por parte de empresas explotadoras de servicios como el gas, la electricidad o las telecomunicaciones.