València rediseña la acogida de migrantes y cooperación para frenar el "descontrol" previo

VALÈNCIA (EFE). El equipo de gobierno local de València (formado por PP y Vox) quiere poner freno al "descontrol en la acogida de migrantes y en la cooperación internacional del anterior gobierno municipal", que "gestionaba tres millones de euros sin ningún tipo de control".

Así lo ha explicado este viernes la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado (PP), que ha anunciado que van a "poner en marcha un plan conjunto para la atención sin realizar distinciones y la ayuda llegará a quienes más lo necesiten".

Según fuentes consistoriales, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes un régimen transitorio para dar cobertura jurídica a estas prestaciones, regularlas y ajustarlas a las actuales competencias municipales.

En este sentido, Torrado ha explicado que en los ocho años de gobierno de Compromís y PSPV "se produjo un despropósito en materia de cooperación y migración, ya que las políticas que se han llevado a cabo han sido un absoluto caos".

"Ahora estamos teniendo grandes dificultades a nivel técnico para poner orden, reconducir la situación y darle un soporte jurídico a todas estas actuaciones", ha criticado la edil popular.

También ha señalado que se estaban ofreciendo recursos "que sobrepasaban ampliamente las competencias municipales" según la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019, y que determina que los consistorios "se encargan de la primera acogida".

La titular de Servicios Sociales ha enumerado situaciones que se han atendido como las de asilo y refugio, "cuando corresponden al Gobierno", u otras que competen a la Generalitat y, además, “sin criterio de admisión, por tiempo indefinido", que han requerido "un régimen transitorio para reconducir todas las actuaciones, recursos y programas, ya que necesitan ajustarse a las leyes".

Marta Torrado ha informado de que se han tenido que aprobar "numerosos reconocimientos de todos los recursos de alojamiento que se habían hecho y que suponen un gasto de tres millones de euros sin cobertura jurídica".

La acogida se realizaba "sin criterio" y "no contemplaba plazos, perfiles ni prioridades, por lo que una persona podía ocupar una plaza de albergue por tiempo indefinido hasta conseguir un trabajo, un permiso de residencia o asilo, hechos que superan la acogida por carácter humanitario de un ayuntamiento".

Además, ha denunciado que esta forma de proceder implicaba "la imposibilidad de acoger a otros migrantes en situación de vulnerabilidad por colapso de ocupación".

Lo que ahora van a hacer desde el Ayuntamiento es "poner en marcha un plan conjunto para la atención sin realizar distinciones y la ayuda llegará a quienes más lo necesiten. No queremos que nadie se quede en la calle sin ofrecerle los recursos necesarios para que salga de su situación".

"Y esto se hace –ha continuado- estableciendo un itinerario, trabajando de una forma cercana, ofreciendo las ayudas que dispone el Ayuntamiento y otras entidades sociales con las que tenemos convenios para acompañarles y abandonen esa situación de precariedad y desamparo".

El acuerdo respaldado por la Junta de Gobierno Local también contempla unificar criterios y dar continuidad a la prestación de servicios del extinto Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, que ha quedado incardinado como Sección de Inmigración, Convivencia y Cooperación al Servicio de Bienestar Social e Integración.

Igualmente, según el Ayuntamiento, incluye tramitar el pago de todas aquellas facturas que se encuentran pendientes y de adecuar los créditos presupuestarios a las nuevas circunstancias y objetivos.